CUBA-MEDIO AMBIENTE
Por Marta Pérez -Prensa Libre Cuba
Estocolmo. PLC | Moa, en Holguín, concentra una de las mayores riquezas minerales de Cuba. De sus tierras salen níquel y cobalto, recursos estratégicos que durante décadas han generado divisas para el régimen cubano y beneficios para sus socios extranjeros. Pero para muchos habitantes de Moa, esa riqueza tiene otra cara: contaminación del aire, degradación de suelos y aguas y una alarmante falta de transparencia sobre sus consecuencias para la salud.
El problema no es una simple denuncia política. Estudios científicos y hasta fuentes oficiales cubanas han reconocido la gravedad de la contaminación atmosférica en la zona. En 2024, especialistas situaron a Moa entre los municipios cubanos con mayores emisiones de dióxido de azufre (SO₂), dióxido de nitrógeno (NO₂) y monóxido de carbono (CO).
También la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH recogió en su informe correspondiente a 2025 preocupaciones sobre contaminación atmosférica y degradación ambiental vinculadas a la extracción y procesamiento de níquel y cobalto en Moa.
Dos operaciones que no deben confundirse
Para establecer responsabilidades es imprescindible distinguir las principales instalaciones.
La planta Pedro Sotto Alba ha estado vinculada durante décadas a la empresa conjunta entre la canadiense Sherritt International y la estatal cubana General Nickel Company, mientras la planta Comandante Ernesto Che Guevara pertenece al Estado cubano.
Por tanto, no sería riguroso responsabilizar automáticamente a Sherritt de cada episodio de contaminación registrado en Moa. Pero tampoco puede ignorarse su larga participación en una de las principales operaciones industriales de la zona.
En 2026, Sherritt anunció cambios importantes en su participación directa en Cuba, en medio del endurecimiento de las medidas estadounidenses. La nueva situación debe reconocerse, pero el cambio de 2026 no borra décadas de participación ni elimina la necesidad de responder por lo ocurrido durante ese periodo.
Si las operaciones cumplieron los estándares ambientales correspondientes, que se publiquen los datos históricos de emisiones, incidentes, controles y medidas correctivas.
El principal responsable es el régimen
La responsabilidad fundamental recae sobre el régimen cubano.
Es el Estado quien controla el territorio, las empresas estatales, las instituciones ambientales y el sistema sanitario. Y es ese mismo Estado quien impide que existan una prensa libre, organizaciones ambientales verdaderamente independientes y mecanismos ciudadanos capaces de fiscalizar sin miedo una industria que genera importantes ingresos.
Ahí está el verdadero escándalo de Moa.
Durante décadas se ha extraído una enorme riqueza del subsuelo cubano mientras sus habitantes carecen de mecanismos independientes para saber exactamente qué respiran, qué impacto tiene la industria sobre su salud y cuánto dinero obtiene el Estado de los recursos que supuestamente pertenecen al pueblo.
El régimen habla constantemente de soberanía nacional, pero administra los recursos naturales con una opacidad que impide al ciudadano ejercer cualquier soberanía real sobre ellos.
Canadá también debe exigir respuestas
Sherritt procede de un país democrático donde una explotación minera está sometida a controles regulatorios, escrutinio periodístico y presión ciudadana.
Por eso debe responder qué controles ambientales aplicó durante sus décadas de participación en Moa, qué información poseía sobre las emisiones y qué medidas tomó para reducirlas.
Una pregunta resulta inevitable:
¿Se habrían aceptado en Canadá el mismo nivel de opacidad y la misma falta de fiscalización ciudadana independiente alrededor de una explotación minera?
El cambio empresarial de 2026 puede modificar las obligaciones futuras de Sherritt, pero no convierte su participación histórica en inexistente. Las responsabilidades concretas deberán establecerse sobre evidencias, instalación por instalación y periodo por periodo.
Una riqueza que el pueblo apenas ve
Moa resume una de las grandes contradicciones de la dictadura cubana: un país extraordinariamente rico en determinados recursos naturales y una población cada vez más pobre.
El níquel y el cobalto salen hacia los mercados internacionales. Las divisas entran en estructuras controladas por el Estado. Mientras tanto, el ciudadano continúa sin información suficiente, sin fiscalización independiente y sin capacidad real para exigir cuentas.
El régimen cubano debe publicar los datos ambientales completos de Moa, permitir mediciones independientes y transparentar los ingresos y responsabilidades derivados de la explotación minera. Sus socios extranjeros, presentes o pasados, también deben responder por los periodos en los que participaron.
Porque después de décadas de explotación, una realidad resulta difícil de ocultar: el níquel sale de Cuba, las divisas desaparecen en la opacidad del régimen y la contaminación se queda con los cubanos.
Marta Pérez nació en Cuba y vive en Suecia desde 1994. Se formó en Kiev y en la Universidad de Linköping, y trabaja como consultora especializada en tecnología, procesos empresariales y transformación digital. Comprometida con la defensa de la libertad, los derechos humanos y la democracia en Cuba, forma parte de la directiva de la Alianza Sueco-Cubana por la Democracia. Asimismo, dirige la sección internacional y colabora como columnista en Prensa Libre Cuba.
Descubre más desde Prensa Libre Cuba
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
