CUBA-CRISIS ALIMENTARIA
Estocolmo. PLC Análisis | Cuba posee tierra fértil, clima favorable, lluvias abundantes y apenas nueve millones de habitantes. Sobre el papel, debería ser uno de los países más capaces de producir su propia comida. Sin embargo, la realidad es la contraria: Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y gasta unos 2.400 millones de dólares al año en hacerlo, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Esa dependencia, que ya era estructural, se ha convertido en un problema crítico a medida que la producción nacional se desploma año tras año. Entre 2018 y 2023, el país produjo un 95% menos de carne de cerdo, un 87% menos de arroz, un 70% menos de frijoles y un 58% menos de leche, cifras que el propio PMA recoge en su análisis más reciente. “La dieta del hogar promedio aporta menos energía de la necesaria y carece de variedad y calidad nutricional”, advierte el organismo.
La historia de esta crisis es larga y compleja. Durante décadas, Cuba construyó su economía alrededor del azúcar. El país producía y exportaba azúcar —primero a Estados Unidos, luego a la Unión Soviética— y con esos ingresos importaba buena parte de los alimentos que necesitaba. “Los acuerdos comerciales hacían muy rentable producir azúcar e importar otros alimentos”, explica el economista agrícola William A. Messina. Esa especialización funcionó mientras existió un comprador estable y un flujo constante de insumos desde el bloque socialista. Pero cuando la URSS colapsó en 1991, Cuba perdió su principal mercado, su suministro de petróleo y fertilizantes, y las condiciones comerciales preferenciales que sostenían su modelo. La industria azucarera se desplomó de 8 millones de toneladas en 1989 a menos de 150.000 en la zafra de 2024-2025, el peor resultado en más de un siglo. Con el azúcar cayó también la capacidad de importar alimentos, y el país nunca logró reconstruir un sistema agrícola capaz de sustituir esas compras.
El problema no es solo histórico: es estructural. La agricultura cubana funciona bajo un modelo estatal que desincentiva la producción. La empresa Acopio fija cuotas, compra a precios que a menudo no cubren los costos y promete insumos que no siempre entrega. “El gobierno ha instaurado controles económicos que no han funcionado”, señala el economista Pável Vidal. Los productores, atrapados entre cuotas obligatorias, topes de precios y falta de autonomía, operan en un entorno donde producir puede ser menos rentable que revender insumos o abandonar la tierra. El 79% de la superficie agrícola es estatal, y buena parte de las cooperativas funcionan como extensiones del Estado, no como entidades autónomas. La tierra en usufructo, que debería dinamizar el campo, llega con restricciones que impiden transferirla, arrendarla o explotarla plenamente.
A ello se suma la descapitalización. En 2024, el Ministerio de Agricultura reconoció que el sector recibía apenas el 10% del combustible necesario y que solo el 7% de la superficie agrícola tenía riego. La inversión estatal prioriza el turismo: en 2024, el 37,4% del gasto público fue a hoteles y hostelería, frente al 2,7% destinado a agricultura. La maquinaria es obsoleta, el transporte insuficiente, la refrigeración escasa y los apagones paralizan el riego y la cadena de frío. La crisis demográfica agrava el panorama: más de dos millones de cubanos han emigrado en los últimos años, muchos de ellos jóvenes que trabajaban en el campo.
La pesca, que debería ser un recurso natural para una isla rodeada de mar, también está colapsada. La flota estatal, que capturaba 100.000 toneladas anuales entre 1976 y 1990, desapareció por falta de inversión y combustible. Las restricciones a la navegación para evitar fugas del país limitan la pesca privada y reducen aún más la disponibilidad de proteínas marinas.
El embargo estadounidense es un factor adicional, pero no el principal. El embargo petrolero impuesto por la administración Trump en 2026 ha agravado la crisis energética, reduciendo el uso de tractores, paralizando el riego y complicando el transporte de cosechas. Pero incluso los expertos más críticos con Washington coinciden en que el problema fundamental es interno. “El embargo tiene impacto, pero la estructura del sistema es el problema central”, afirma Messina.
El Gobierno ha anunciado reformas: 176 medidas que incluyen ampliar el usufructo, permitir a cooperativas importar combustible y atraer capital extranjero. Algunas podrían tener impacto, como la concesión de tierras por 99 años, que “prácticamente sería propiedad privada”, según Vidal. Pero la implementación es incierta y el campo está demasiado deteriorado para recuperarse rápidamente. Incluso proyectos exitosos, como el arrozal gestionado por una empresa vietnamita en Pinar del Río que logró 7 toneladas por hectárea frente al promedio local de 1,6, muestran que el potencial existe, pero requiere inversión, autonomía y tecnología que hoy el país no tiene.
La crisis alimentaria cubana es, en esencia, el resultado de un modelo económico que ha estrangulado la iniciativa privada, desincentivado la producción y priorizado sectores ajenos a la seguridad alimentaria. La isla que alguna vez exportó azúcar al mundo ahora importa arroz, frijoles, leche, pollo y hasta azúcar.
Cuba podría producir mucho más de lo que consume. Tiene tierra, clima y tradición agrícola. Lo que no tiene es un sistema que permita a los productores trabajar con libertad, incentivos y recursos. Mientras ese modelo no cambie, la isla seguirá dependiendo del exterior para alimentarse, atrapada en una paradoja que define su crisis: un país fértil que ya no puede producir su propia comida.
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