CUBA-CÁRCELES DEFUNCIONES
La Habana. PLC | El año 2026 ha expuesto con crudeza una realidad que el régimen cubano intenta ocultar: las cárceles y centros de custodia del país se han convertido en espacios donde la vida de los detenidos depende más del azar que de la protección estatal. El monitoreo realizado por la ONG Cubalex documentó 19 muertes bajo custodia asociadas a falta de atención médica o atención negligente, de las cuales 17 ocurrieron en ocho prisiones del país. Las cifras, lejos de ser estadísticas aisladas, revelan un patrón de abandono, desnutrición, negligencia y condiciones de reclusión que agravan enfermedades y ponen en riesgo la vida de quienes permanecen bajo control estatal.
La Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como El Típico, concentra el mayor número de muertes documentadas, con cuatro casos, tres de ellos ocurridos en la última semana. El Combinado del Este y la Prisión de Boniato registraron tres fallecimientos cada una, mientras que el Combinado de Guantánamo reportó dos. En todos los centros, Cubalex describe un escenario marcado por la escasez de alimentos, la mala calidad de las raciones, la falta de agua potable y la ausencia de atención médica oportuna. En El Típico, ante los reclamos por la falta de comida, las autoridades respondieron que los internos “tomen bastante agua”. La merienda fue eliminada y el plato principal consiste en una pasta de harina con gusanos y mal olor. En un contexto de desnutrición severa, estas condiciones no solo son indignas: son letales.
Entre los fallecidos se encuentra Yoandry Cutiño Oliva, de 34 años, quien murió en agosto en estado crítico de desnutrición, con una estatura de 1,78 metros y un peso de apenas 32 kilogramos. Las autoridades informaron que la causa del deceso fue cáncer, pero el deterioro físico extremo apunta a una combinación de enfermedad y abandono. También murió José Rivero Consuegra, de 63 años, tras sufrir un infarto dos días antes sin recibir atención adecuada. Otro recluso, aún sin identificar, falleció igualmente por desnutrición. Estos casos no son excepciones: son síntomas de un sistema penitenciario incapaz de garantizar lo mínimo para la supervivencia.
Cubalex también documentó muertes bajo custodia fuera de las prisiones. En Mayabeque, Ferrer Ortiz, de 37 años, murió tras permanecer más de 17 horas en una unidad policial sin recibir atención médica pese a presentar lesiones visibles tras un accidente. Su muerte por traumatismos en la cabeza podría haberse evitado con una intervención médica básica. En Cienfuegos, Arelis Pérez, una mujer de casi 60 años, falleció en el Hospital Psiquiátrico tras ser golpeada presuntamente por otra paciente. Allegados denunciaron que la agresora padecía un desequilibrio mental severo tras una violación, lo que plantea interrogantes sobre la supervisión y seguridad en centros de salud bajo custodia estatal. También se incluye el caso de Roberto Álvarez Ávila, miembro de una embarcación procedente de Florida atacada por Guardafronteras en febrero. Álvarez murió en un hospital bajo custodia estatal sin que la familia haya recibido una explicación clara de lo ocurrido.
La organización subraya que la obligación del Estado de proteger la vida e integridad de las personas bajo custodia permanece vigente incluso cuando estas son trasladadas a hospitales. La falta de investigaciones independientes y transparentes, sumada a denuncias de negligencia médica, impide esclarecer las muertes y determinar responsabilidades. En un país donde la información oficial es opaca y la prensa independiente es perseguida, la documentación de Cubalex se convierte en una de las pocas fuentes que permiten entender la magnitud del problema.
El deterioro físico de los reclusos, la desnutrición, la falta de agua potable, la ausencia de atención médica y las condiciones de encierro no son fallas aisladas: son el resultado de una política penitenciaria que prioriza el control sobre la vida. La situación en El Típico, donde la combinación de hambre, abandono y negligencia ha provocado múltiples muertes en pocos días, exige una respuesta inmediata. Pero la experiencia demuestra que el Estado cubano rara vez actúa para corregir estas fallas, y que la impunidad en el sistema penitenciario es estructural.
Las muertes documentadas en 2026 revelan un patrón que debería alarmar a cualquier sociedad: personas bajo custodia estatal están muriendo por causas evitables. La responsabilidad del Estado es ineludible. Garantizar condiciones dignas de reclusión, alimentación adecuada, agua potable y atención médica oportuna no es un gesto humanitario: es una obligación legal y moral. Cuando el Estado falla en esa obligación, las cárceles dejan de ser instituciones de custodia y se convierten en espacios donde la vida se extingue lentamente, sin supervisión, sin transparencia y sin justicia.
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