CUBA-DERECHOS HUMANOS
Madrid. PLC | Cinco años después del estallido social del 11 de julio de 2021, el régimen cubano no muestra señales de apertura ni de reforma. Por el contrario, el primer semestre de 2026 confirma que la represión continúa siendo el principal instrumento de gobernabilidad. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, documentó 1.949 acciones represivas entre enero y junio, una cifra que revela la persistencia de un patrón sistemático de control social, castigo político y criminalización del disenso.
El informe, publicado el 7 de julio, detalla 257 detenciones arbitrarias, 488 retenciones ilegales en viviendas y al menos 50 episodios de violencia física ejercida por agentes del Estado. La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara fueron las provincias más afectadas, reflejando un mapa represivo que coincide con los territorios donde la crisis económica, los apagones y la escasez han generado mayor tensión social. Enero, abril y mayo fueron los meses más duros, lo que sugiere que el Gobierno intensifica el control en momentos de mayor deterioro de los servicios básicos.
El informe también revela que el 36,5% de las víctimas fueron mujeres, un dato que confirma la creciente participación femenina en la protesta social y el ensañamiento del régimen contra activistas, periodistas y familiares de presos políticos. En el ámbito carcelario, el OCDH documentó 300 acciones represivas, muchas de ellas dirigidas a presos de conciencia, junto a 50 denuncias de hostigamiento contra sus familiares, que incluyen amenazas, citaciones policiales y vigilancia permanente.
Solo en junio se registraron 299 acciones represivas, entre ellas 47 detenciones arbitrarias y 252 abusos que abarcan desde citaciones y amenazas hasta juicios exprés. El mes estuvo marcado por 60 violaciones contra presos políticos y comunes, además de operativos de sitio ilegal de viviendas, hostigamiento a líderes religiosos y detenciones de periodistas independientes y creadores de contenido. En localidades como Contramaestre, los operativos masivos tras las protestas por apagones prolongados evidenciaron la estrategia de castigo colectivo que el régimen aplica para disuadir futuras movilizaciones.
Los arrestos del semestre estuvieron directamente vinculados a protestas pacíficas motivadas por la crisis energética, la escasez de alimentos y el deterioro general de las condiciones de vida. También se registraron detenciones por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de religión y de reunión. Entre los casos más graves figuran las detenciones de adolescentes y menores de edad en La Habana y Santiago de Cuba, así como denuncias de uso excesivo de la fuerza, golpizas, incomunicación y desapariciones de corta duración.
El OCDH advierte que el régimen mantiene una política de “represión persistente” y que el ensañamiento contra los presos políticos constituye una forma de castigo prolongado: “Los están matando lentamente”, señala el informe. La organización subraya la contradicción entre el discurso oficial, que habla de diálogo con Estados Unidos, y la realidad cotidiana del país, marcada por hambre, apagones y represión.
Cinco años después del 11J, el panorama es inequívoco: el Estado cubano no ha emprendido reformas políticas ni económicas que alivien la crisis, y ha optado por reforzar los mecanismos de control. La represión ya no es solo respuesta a la protesta, sino parte estructural de la gestión del descontento. El semestre confirma que la crisis multidimensional de Cuba se profundiza y que el régimen sigue apostando por la coerción como única herramienta para sostenerse en medio del colapso.
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