CUBA-REFORMAS
La Habana. PLC | El régimen cubano aprobó una nueva resolución que flexibiliza el sacrificio, consumo y comercialización de ganado bovino y équidos, una modificación que desmonta parte del rígido esquema impuesto desde 2021 pero conserva intacto el control estatal sobre la cadena cárnica. La medida, publicada en la Gaceta Oficial No. 75 Ordinaria como Resolución 162/2026 del Ministerio de la Agricultura, entrará en vigor dentro de 30 días y redefine quiénes pueden sacrificar animales y bajo qué condiciones.
La norma permite por primera vez que personas naturales sin tierras se dediquen a la ceba de machos en categorías de terneros y añojos, siempre que cumplan los requisitos sanitarios y administrativos establecidos. Para ello deberán inscribir los animales en el Registro Pecuario y obtener una licencia sanitaria, un paso que abre una puerta limitada a productores que hasta ahora estaban excluidos del proceso.
La resolución deroga expresamente la Resolución 139 de 2021, que había impuesto restricciones severas al sacrificio y la comercialización del ganado. Bajo aquel marco, los propietarios debían demostrar crecimiento sostenido de sus rebaños, cumplir compromisos estatales de entrega de carne y leche y evitar faltantes. Además, solo podían sacrificar un animal por cada tres que aumentaran en el rebaño, una proporción que en la práctica bloqueaba el acceso legal a la carne de res para la mayoría de los productores.
El nuevo esquema elimina esas obligaciones, pero mantiene los pilares del control estatal: el sacrificio seguirá sujeto al Registro de la Tierra, al Registro de Control Pecuario y a las disposiciones de sanidad animal. La flexibilización no implica liberalización, sino una reorganización del sistema que busca ordenar una actividad marcada por la escasez, el mercado negro y la incapacidad del Estado para garantizar el abastecimiento.
La resolución fija categorías y pesos mínimos para los animales autorizados al sacrificio. En el caso del ganado vacuno, incluye toros, toretas, novillas y vacas no aptas para la reproducción, además de bueyes y sementales de desecho. Para los búfalos se aplican parámetros similares. En cuanto a los équidos, el sacrificio podrá realizarse sin tasa de extracción, siempre que los caballos adultos alcancen al menos 280 kilogramos y las hembras no reproductivas un mínimo de 250.
Una vez definido el potencial de producción, el productor deberá acordar con el balance municipal las entregas hacia destinos autorizados y la cantidad reservada para autoconsumo. Los precios y volúmenes quedarán sujetos a negociación entre las partes, aunque dentro de un marco regulado por el Estado. El proceso exige certificado de sacrificio, pase de tránsito hacia mataderos autorizados e inspección veterinaria. Tras el faenado, el propietario podrá recuperar carne, cuero, sangre y vísceras, que podrá destinar al consumo propio o a la venta en espacios habilitados.
La modificación llega en un contexto de crisis alimentaria profunda, con la carne de res prácticamente fuera del alcance de la población y sometida a un sistema de prohibiciones que durante décadas ha generado tensiones, ilegalidades y un mercado clandestino robusto. La nueva resolución intenta aliviar parte de esa presión, pero lo hace sin renunciar al control estatal sobre cada etapa del proceso productivo.
El régimen busca presentar la medida como un reconocimiento de derechos y una vía para estimular la producción, pero la estructura regulatoria sigue siendo lo suficientemente rígida como para limitar su impacto real. La flexibilización abre un espacio para ciertos productores, pero mantiene intacta la arquitectura de permisos, registros y supervisión que ha caracterizado la gestión del ganado en Cuba durante más de medio siglo.
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