CUBA-DERECHOS HUMANOS
Madrid. PLC | Cuba cerró agosto de 2026 con la cifra más alta de presos políticos en décadas: 1.339 personas encarceladas por motivos de conciencia, según el informe mensual de Prisoners Defenders. El dato, que incluye 19 nuevas incorporaciones y 7 bajas, no es solo un número histórico: es la radiografía de un país donde reclamar agua, luz, grabar a un agente estatal o denunciar abusos puede desencadenar prisión, amenazas y castigos que alcanzan a familias enteras. El informe documenta que entre los encarcelados hay 155 mujeres —otro récord— y 38 personas detenidas cuando eran menores de edad, de las cuales 14 siguen en prisión.
Los casos analizados muestran un patrón que se ha consolidado en los últimos años: la represión ya no se dirige únicamente a activistas o figuras opositoras, sino a ciudadanos comunes que denuncian la falta de servicios básicos o registran actuaciones policiales. La persecución se extiende a madres, padres, hijos y comunidades enteras mediante encarcelamientos simultáneos, amenazas, sanciones económicas y separación familiar. La represión se ha convertido en un mecanismo que castiga no solo la protesta, sino la mera exposición pública de la realidad.
La situación sanitaria dentro de las prisiones es especialmente alarmante. El informe documenta 463 presos con patologías médicas graves, relacionadas con la falta de alimentación, los malos tratos y la negación sistemática de atención médica. Las autoridades clasifican a los presos políticos como “CR”, sigla de contrarrevolucionarios, y les niegan tratamiento médico como forma de castigo. Además, 54 presos de conciencia presentan trastornos graves de salud mental sin atención psiquiátrica adecuada. La combinación de abandono médico, violencia penitenciaria y aislamiento agrava mes a mes el deterioro físico y psicológico de los reclusos.
Entre los nuevos casos incorporados en agosto destacan los que revelan cómo el régimen castiga a familias enteras. Caridad Silvente Laffita y su hija, la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, serán llevadas a juicio por grabar y difundir un vídeo en el que aparecían agentes de la Seguridad del Estado entregando una citación. La causa fue archivada y reabierta, y durante los interrogatorios las autoridades amenazaron a la madre para silenciar a la hija. En otro caso, la activista Ivisleivi Castellano Puig y su hijo, Antuan de Jesús Caballero, fueron detenidos el mismo día por acciones distintas: ella por participar en una protesta pacífica, él por escribir un grafiti con frases políticas. Las fianzas impuestas —hasta 50.000 pesos— castigan a toda la familia y convierten la persecución en un mecanismo económico de control.
La represión también alcanza a quienes ya cumplieron condenas. Dairon Duque de Estrada Aguilera fue excarcelado en marzo tras cumplir íntegramente cuatro años y medio de prisión por manifestarse contra el régimen, pero volvió a ser encarcelado sin fundamento jurídico claro. Su padre, también expreso político, sufrió prisión por grabar en la vía pública y fue liberado bajo amenazas y restricciones. La familia vive un ciclo de persecución que se prolonga incluso después de extinguir las condenas.
Dos de los casos más graves del mes involucran a madres encarceladas por denunciar la falta de servicios esenciales. Doraykis Delgado González transmitió en directo una protesta por más de un mes de apagones en Alamar y fue detenida sin orden judicial. Padece hemofilia, pero permanece en prisión provisional y sus hijos de siete y ocho años quedaron en situación de extrema vulnerabilidad. Sady Reynaldo Companioni denunció que su familia llevaba más de dos semanas sin agua y fue arrestada delante de su hija de seis años. La familia dependía de agua de lluvia y tenía una sobrina hospitalizada con dengue y deshidratación severa. Tras su detención, fue llevada al centro conocido como El Vivac, donde inicialmente se le negó acceso a visitas y medicamentos.
El informe también documenta internamientos psiquiátricos forzosos, como el caso de Santiago Eliezer Fernández Pérez, detenido por colocar un cartel con la palabra “Trump” y trasladado contra su voluntad al Hospital Psiquiátrico de Cabaiguán sin diagnóstico médico. El pastor que denunció el caso, Alian López Rodríguez, pasó a ser vigilado y amenazado con “fabricarle una causa”. La represión se extiende así a quienes documentan abusos y afecta incluso al ejercicio de la actividad religiosa.
La violencia policial y la manipulación de declaraciones también forman parte del patrón represivo. Walter Junior Blanco Prieto fue detenido durante una protesta por apagones, golpeado, asfixiado mediante presión en el cuello y obligado a firmar una declaración bajo engaño. Posteriormente, esa declaración fue manipulada para presentarlo como incitador de disturbios. Permanece en prisión provisional sin acusación formal clara.
El informe recoge además la detención de ocho personas por un “toque de cazuelas” en Boyeros, de las cuales solo una ha podido ser identificada. La opacidad del sistema impide conocer el estado de los demás detenidos. También se documenta la detención del activista Andy García Lorenzo, expreso del 11J, quien pese a haber cumplido su condena sigue siendo vigilado, amenazado y detenido arbitrariamente por documentar protestas y apagones.
La violencia penitenciaria continúa agravando la situación de los presos políticos. Ángel Serrano Hernández, condenado a 15 años por manifestarse el 11J, fue esposado y golpeado por negarse a realizar trabajo forzoso incompatible con su estado de salud. Christian de Jesús Crespo, preso político de 16 años, fue golpeado por rechazar comida en protesta por las condiciones del penal y permanece sin información sobre su estado de salud, pese a haber contraído hepatitis en prisión.
El récord de 1.339 presos políticos no es una cifra aislada: es el reflejo de un sistema que castiga la protesta pacífica, la denuncia de servicios básicos, la documentación de abusos y cualquier expresión pública contraria al régimen. La represión se extiende a familias enteras, utiliza la prisión como herramienta de intimidación y combina violencia, abandono médico y procesos penales fabricados para silenciar a la población. Cuba entra así en una fase donde la represión cotidiana se convierte en política de Estado y donde reclamar agua o luz puede costar la libertad.
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