CUBA-ESTADOS UNIDOS
Redacción Central
Londres. PLC | El reportaje de The Guardian revela un fenómeno que ya se percibía en círculos políticos y empresariales de Washington y Florida: la política de sanciones cada vez más agresiva contra Cuba no solo está estrangulando a la economía de la Isla, sino que está generando una carrera silenciosa —y extremadamente lucrativa— por posicionarse ante un eventual colapso del régimen. Lo que emerge es un ecosistema de intereses cruzados donde multimillonarios aliados de Donald Trump, lobistas vinculados a Marco Rubio, exiliados cubanos con ambiciones políticas y empresas estadounidenses buscan asegurarse un lugar privilegiado en la Cuba postcomunista que imaginan cercana.
El detonante fue la orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo, que expulsó a Sherritt International de su histórica empresa conjunta de níquel y cobalto. Desde entonces, dos grupos estadounidenses —encabezados por Ray Washburne y Albert Huddleston— compiten por hacerse con esos activos, pese a las reclamaciones de gigantes como Citigroup y Office Depot. La nota del diario británico cita fuentes que describen reuniones discretas en La Habana entre ejecutivos vinculados a la Organización Trump y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, para explorar oportunidades en el sector hotelero tras la retirada de Meliá e Iberostar. La política de sanciones, lejos de cerrar el mercado, parece estar redistribuyendo quién puede entrar y bajo qué condiciones.
El fenómeno no se limita a la minería. Antilles Gold, sancionada en junio, recibió autorización para transferir su participación en una mina cubana a un fondo de Nueva York. Empresas navieras de Florida como Crowley se benefician del desvío forzoso del comercio hacia puertos estadounidenses. Y mientras la ONU advierte que las sanciones “privan conscientemente a la población de los medios para sobrevivir”, la organización evangélica Samaritan’s Purse, aliada de Trump, obtuvo un contrato federal de 40 millones de dólares para distribuir ayuda humanitaria en Cuba, pese a dudas sobre su capacidad real para operar en la Isla.
El reportaje también expone cómo actores que han promovido sanciones más duras están aprovechando el nuevo entorno. Vima World, asociada a GAESA, contrató a Continental Strategy, una firma dirigida por aliados de Rubio, para navegar el laberinto sancionador. A la vez, grupos vinculados a Otto Reich y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba asesoran al Departamento de Estado en planes de desarrollo para una “Cuba libre y democrática”, incluyendo compensaciones a propietarios expropiados y la movilización de miles de millones en inversión privada de exiliados.
La conclusión es clara: la política de máxima presión no solo busca debilitar al régimen cubano, sino que está configurando un mercado anticipado para sus restos. En palabras de una fuente citada por The Guardian, “ha sido interesante ver lo rápido que algunos ideólogos radicales se vuelven pragmáticos una vez que hay dinero sobre la mesa”. La carrera por el control de los activos cubanos ya está en marcha, impulsada por sanciones que, mientras asfixian a la población, abren oportunidades para quienes se sitúan cerca del poder en Washington.
Descubre más desde Prensa Libre Cuba
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Sé el primero en comentar