La Seguridad del Estado impone su ley: Anna Bensi y su madre reciben dos años por documentar un abuso

CUBA-REPRESIÓN

Redacción Central

La Habana. PLC | La sentencia dictada este jueves contra la influencer y activista Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, marca un nuevo capítulo en la ofensiva del régimen cubano contra quienes se atreven a documentar y denunciar la actuación de la Seguridad del Estado. Tras más de cuatro horas de juicio en el Tribunal Municipal Popular La Habana del Este, ambas fueron declaradas culpables y condenadas a dos años de limitación de libertad. La decisión, comunicada oralmente, será formalizada por escrito en los próximos días.

A la salida del tribunal, rodeada de medios internacionales y de un grupo de personas que la acompañaron en un gesto inusual de solidaridad pública, Bensi fue directa: “No es justo. Ninguno de nosotros somos unos criminales, solamente estamos expresando a través de una pantalla lo que pensamos”. Sus palabras fueron recibidas con gritos de “¡Esto es una injusticia total!” y “¡Fuerza!”, mientras la multitud despedía a las dos mujeres entre aplausos. La escena, inédita en un proceso político de este tipo, revela que el régimen ya no logra aislar a sus acusados como antes.

El caso se remonta al 10 de marzo, cuando un agente de la Seguridad del Estado llegó al domicilio de Bensi para entregar una citación relacionada con los videos en los que ella cuestiona al régimen. Ella y su madre decidieron grabar el encuentro como medida de seguridad. Dos semanas después, el agente las acusó de vulnerar su honor. La Fiscalía Provincial archivó inicialmente el caso cuando el denunciante retiró la querella, pero el 6 de julio volvió a abrirse sin explicación clara, después de que el mismo agente se retractara y presentara nuevamente la denuncia.

La acusación se basa en el artículo 393 del Código Penal, que castiga con hasta dos años de prisión la obtención o difusión de imágenes o datos de otra persona sin su consentimiento. El agente exigió como condición para retirar la querella un video de disculpa pública “para recuperar su moral”. Su abogado pidió dos años de cárcel para Bensi y dos años de limitación de libertad para su madre. La sentencia final impone la pena menor, pero confirma la culpabilidad y el mensaje político.

La respuesta de la sociedad civil ha sido inusualmente amplia. La Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental emitió un comunicado defendiendo a ambas mujeres y advirtiendo que “el ejercicio legítimo de la verdad y la transparencia no debe ser criminalizado”. La Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba Asambleas de Dios pidió garantías de libertad de conciencia y expresión “sin temor a represalias injustas”. La profesora Alina Bárbara López Hernández, desde Matanzas, afirmó que el proceso “busca intimidarlas por su postura cívica” y celebró que ya ninguna persona que levante la voz “soportará la represión en soledad”.

El régimen respondió como acostumbra: con vigilancia, cercos policiales y detenciones arbitrarias. La Seguridad del Estado desplegó un operativo alrededor de la redacción de 14ymedio y cercó la vivienda de la periodista independiente Camila Acosta, impidiéndole salir junto a su esposo. El pastor Rolando, conocido como “El Pregonero de Cristo”, fue detenido violentamente cuando acompañaba a Bensi y su madre: agentes lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo subieron a una patrulla sin explicar el motivo.

El juicio contra Anna Bensi no es un caso aislado, sino parte de una estrategia más amplia: castigar la documentación de la actuación policial, criminalizar la crítica pública y enviar un mensaje disuasorio a quienes usan las redes sociales para romper el cerco informativo. La propia Bensi lo expresó con claridad ante los micrófonos de EFE y NBC: “No estamos de acuerdo con el sistema político de nuestro país. No estamos de acuerdo con cómo se manejan los asuntos internos. Y eso no es delito”. Preguntada por la solución, respondió sin rodeos: “Que Cuba sea libre”.

La sentencia confirma que el régimen no tolera la grabación de sus agentes, no tolera la crítica pública y no tolera la organización ciudadana. Pero también revela algo nuevo: la solidaridad visible, la presencia de medios internacionales y el apoyo de comunidades religiosas y académicas indican que el aislamiento social, herramienta clave de la represión, empieza a resquebrajarse.

El caso de Anna Bensi y Caridad Silvente es una advertencia, pero también un síntoma. El régimen castiga la voz pública, pero la voz pública ya no está sola.