El Estado quiere “responsabilidad social”: la nueva carga que se prepara para los negocios privados en Cuba

CUBA-CRISIS SOCIAL

Redacción Central

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La Habana. PLC | Un documento filtrado en Cienfuegos, revelado por el periodista Jorge Castro y difundido por Infobae, ha encendido las alarmas entre los emprendedores cubanos. Según ese material, las autoridades provinciales evalúan imponer obligaciones sociales obligatorias a los negocios privados, en un esquema que recuerda más a un sistema de cuotas políticas que a una política pública de bienestar. La propuesta, que tendría vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2026, exige que cada actor económico seleccione al menos tres tareas comunitarias, las incorpore a su planificación y presente pruebas de su cumplimiento, bajo supervisión estatal y con posibles sanciones para quienes no se ajusten a las normas.

Las tareas que los negocios deberían asumir incluyen apoyo a comedores del Sistema de Atención a la Familia, hogares de ancianos, hogares maternos y centros para niños sin cuidado parental. También se contemplan entregas de productos a instituciones sociales, ofertas diferenciadas para personas vulnerables, aportes a servicios de salud, educación, cultura y deporte, así como labores de saneamiento en comunidades. Incluso se menciona la posibilidad de que los negocios privados participen en el transporte público y sanitario, en la asistencia funeraria para familias sin recursos o en acuerdos bancarios para facilitar pagos a jubilados y pensionados. En situaciones de emergencia, los establecimientos podrían convertirse en puntos de acopio o integrarse a fondos sostenidos con aportes de emprendedores.

La iniciativa aparece en un contexto donde el sector privado ya enfrenta dificultades severas: inflación, escasez de insumos, restricciones para operar y un entorno regulatorio que cambia constantemente. La propuesta no aclara qué actividades deberá elegir cada negocio ni establece criterios públicos para distribuir las responsabilidades entre sectores, lo que abre la puerta a arbitrariedades y a un uso político de la supervisión estatal. El documento filtrado tampoco explica cómo se evaluará el cumplimiento ni qué tipo de sanciones se aplicarían, más allá de la mención genérica a “normas” y “compromisos”.

El Gobierno, por su parte, ha insistido en los últimos meses en la necesidad de “articular” a los actores económicos no estatales con el sector estatal. En la Mesa Redonda del 10 de septiembre, la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales (Inaene), Lázara Mercedes López Acea, afirmó que las nuevas transformaciones buscan que las formas de gestión privada “aporten más a la economía y a la solución de problemas que enfrenta el país”. Aunque no mencionó obligaciones específicas, sí subrayó la importancia de la “responsabilidad social” como parte de la nueva etapa regulatoria.

El contraste entre el discurso oficial y el documento filtrado es revelador. Mientras el Gobierno habla de oportunidades y flexibilización, la propuesta de Cienfuegos introduce un sistema de compromisos obligatorios que convierte a los emprendedores en extensiones del aparato estatal. No se trata de incentivar la solidaridad, sino de imponerla. Y en un país donde el Estado ha perdido capacidad para sostener servicios básicos, estas obligaciones parecen más un intento de trasladar responsabilidades que una política coherente de desarrollo local.

La medida también plantea un dilema político: si los negocios privados deben asumir tareas de asistencia social, transporte, saneamiento y apoyo institucional, ¿qué queda del rol del Estado? La revolución prometió un modelo donde el Estado garantizaba derechos universales. Ahora, en medio del deterioro económico, se pretende que los emprendedores llenen los vacíos que el propio Estado ha dejado. Y hacerlo bajo supervisión, con obligaciones y con sanciones.

El documento filtrado no es solo una propuesta administrativa. Es una señal de que el Gobierno busca redefinir la relación con el sector privado en términos de subordinación y carga, no de colaboración. En lugar de crear condiciones para que los negocios prosperen, se les exige que compensen el colapso de los servicios públicos. La responsabilidad social, en este contexto, deja de ser un valor y se convierte en un mandato.

El país se encamina así hacia un modelo donde los emprendedores no solo deben sobrevivir a la inflación, la escasez y la inestabilidad regulatoria, sino también asumir tareas que antes correspondían al Estado. La pregunta que queda es si esta nueva carga será suficiente para sostener la narrativa oficial o si, como tantas otras medidas recientes, terminará profundizando el desgaste de un sistema que ya no puede sostenerse por sí mismo.

¿Responsabilidad social? Sí. Pero impuesta, vigilada y utilizada como parche para una crisis que no deja de crecer.