Deudas, opacidad y crisis: el nuevo golpe judicial que terminará pagando el pueblo cubano

CUBA-CRISIS

Por Antonio Suárez Fonticiella – Prensa Libre Cuba

La Habana. PLC / El régimen cubano guarda silencio mientras el Banco Central de Cuba (BCC)* enfrenta un nuevo revés judicial en Reino Unido. El bufete PCB Byrne, que representaba al banco y al Estado cubano en el litigio contra el fondo de inversión CRF I Limited, abandonó el caso después de más de un año sin recibir el pago de sus honorarios.

La renuncia se produjo el 31 de julio, el mismo día en que el Tribunal Mercantil de Londres condenó al BCC a pagar otros 24 millones de dólares en daños, perjuicios y costas. Esta cifra se suma a los 72 millones de euros establecidos anteriormente por la justicia británica.

Más allá de los números, este caso vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que debería inquietar a todos los cubanos: ¿cómo llegó el Estado a acumular semejante volumen de deuda y quién termina pagando las consecuencias?

El litigio con CRF I Limited no nació con la crisis económica actual. Tiene sus raíces en préstamos contratados por el Banco Nacional de Cuba durante la década de 1980 con instituciones financieras europeas. Aquellas operaciones formaban parte del mecanismo mediante el cual el Estado obtenía financiamiento externo para sostener importaciones, operaciones económicas y las necesidades financieras del país.

El problema llegó después: Cuba dejó de cumplir determinadas obligaciones y las deudas fueron acumulándose durante décadas. Con el paso del tiempo, parte de esas obligaciones fue adquirida por fondos especializados en deuda soberana, entre ellos CRF I Limited, que acudió a los tribunales británicos para reclamar el pago. La justicia británica terminó dando la razón al acreedor en los aspectos fundamentales del litigio.

Y ahora llega una nueva factura.

Esta es probablemente una de las preguntas más difíciles y, al mismo tiempo, más importantes: ¿dónde terminó el dinero? No sería serio afirmar que los millones correspondientes a estos préstamos fueron destinados a una obra, empresa o proyecto específico sin disponer de la documentación financiera que permita demostrarlo. Lo que sí puede establecerse es que se trató de financiamiento contratado por el Estado cubano y administrado dentro de un sistema económico caracterizado por un enorme nivel de centralización y una escasa transparencia pública.

El ciudadano común no tiene acceso suficiente a las cuentas históricas del Estado como para conocer con precisión cuánto dinero se recibió, cómo se distribuyó, qué inversiones produjo, cuánto se perdió y cuánto terminó financiando gastos improductivos. Y ahí aparece uno de los grandes problemas políticos del modelo cubano: el Estado toma las decisiones, el Estado contrae las obligaciones y, finalmente, es la sociedad quien soporta las consecuencias.

El caso CRF I Limited es solo una parte del problema. Cuba arrastra obligaciones con numerosos acreedores internacionales. Uno de los más importantes es el Club de París, con el que La Habana alcanzó en 2015 un acuerdo para reestructurar una deuda de aproximadamente 11.100 millones de dólares, de los cuales unos 8.500 millones fueron condonados. Incluso después de aquella gigantesca reducción, Cuba continuó enfrentando dificultades para cumplir sus compromisos.

Esto demuestra que el problema no puede reducirse a una sentencia de Londres. Estamos ante décadas de endeudamiento, incumplimientos y una economía que no ha conseguido generar los recursos necesarios para sostener sus obligaciones internacionales.

Aquí aparece la dimensión política del asunto. El cubano que hoy enfrenta un apagón no contrató aquellos préstamos. La madre que busca medicamentos tampoco. El trabajador cuyo salario pierde valor frente a la inflación tampoco. La familia que espera una pipa de agua tampoco. Sin embargo, todos forman parte de la sociedad que termina sufriendo las consecuencias de un Estado con cada vez menos capacidad financiera.

Un gobierno puede negociar una deuda, reestructurarla, aplazarla o intentar obtener una reducción. Pero ninguna de esas operaciones elimina completamente el costo económico. Cuando un país carece de divisas suficientes, cada obligación internacional compite con otras necesidades: combustible, alimentos, medicamentos, piezas para las termoeléctricas, transporte e infraestructura. Por eso una sentencia millonaria en Londres no es solamente un asunto jurídico. Es también un problema económico y social.

Sería un error utilizar estas deudas para explicar por sí solas toda la crisis cubana. La economía de la Isla enfrenta problemas estructurales internos: baja productividad, empresas estatales con pérdidas, falta de inversión, deterioro de la infraestructura, insuficiente producción agrícola, distorsiones monetarias y cambiarias, emigración de trabajadores y profesionales y una economía con enormes dificultades para generar divisas. Al mismo tiempo, las sanciones y restricciones estadounidenses constituyen otro factor que afecta las posibilidades comerciales y financieras de Cuba. Pero reconocer ese factor no elimina la responsabilidad de las autoridades cubanas sobre las decisiones económicas tomadas durante décadas. Un análisis serio debe ser capaz de reconocer ambas realidades sin convertir ninguna de ellas en una explicación absoluta.

El problema puede resumirse de una manera sencilla: deuda → incumplimiento → litigio → pérdida de credibilidad → mayor dificultad para obtener financiamiento → menos inversión → menor producción → menos ingresos → nuevas dificultades para pagar. Y cuando ese círculo se mantiene durante años, el deterioro termina llegando a la vida cotidiana.

Por eso las cifras de una sentencia extranjera adquieren una dimensión mucho mayor cuando se observan desde las calles de Cuba. Detrás de los millones de dólares y euros existen personas. Personas que enfrentan apagones prolongados, escasez de alimentos, dificultades para conseguir medicamentos, problemas de transporte, falta de agua y salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Más allá de la responsabilidad jurídica que determinen los tribunales británicos, existe una responsabilidad política que ningún gobierno debería poder evadir. ¿Quién decidió endeudarse? ¿En qué condiciones se contrataron esos préstamos? ¿Cómo fueron utilizados los recursos? ¿Por qué durante décadas no se cumplieron las obligaciones? ¿Cuánto ha terminado pagando el país en intereses, penalizaciones, litigios y honorarios? Y, sobre todo: ¿por qué los ciudadanos tienen que asumir las consecuencias de decisiones financieras tomadas por un Estado que históricamente no les ha ofrecido suficiente transparencia sobre sus cuentas?

El nuevo revés judicial del Banco Central de Cuba no crea la crisis cubana, pero sí expone una de sus raíces más profundas: un Estado que acumula obligaciones mientras su economía pierde capacidad para responder por ellas. La deuda puede haber sido contraída hace décadas. La factura, sin embargo, sigue llegando hoy. Y esa factura no aparece solamente en los tribunales de Londres. Aparece también en cada apagón, en cada farmacia sin medicamentos, en cada familia buscando alimentos y en cada hogar que espera agua potable.

* Nota aclaratoria: En este caso judicial, el demandado es el Banco Nacional de Cuba (BNC), que fue el banco central del país hasta 1997 y firmó los préstamos originales hoy en litigio. Aunque desde esa fecha el Banco Central de Cuba (BCC) es la autoridad monetaria, la responsabilidad legal sobre las deudas históricas permanece en el BNC, porque fue esa institución la que actuó como banco central cuando se contrajeron las obligaciones. Por ello, los tribunales británicos reconocen al BNC —y no al Banco Central actual— como la entidad responsable en los procedimientos iniciados por CRF I e ICBC.