La escena, transmitida en directo por la plataforma oficial ParlVu, tuvo la sobriedad de los momentos que no necesitan artificio para ser graves. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, compareció ante el Subcommittee on International Human Rights del Parlamento de Canadá para describir, con cifras verificadas y casos documentados, la maquinaria represiva que sostiene al régimen cubano. No fue una intervención más en la larga lista de parlamentos que han escuchado su testimonio: esta vez, el turno era de un país que durante décadas mantuvo una relación pragmática, incluso indulgente, con La Habana. Que Canadá abra este espacio indica un cambio de clima político que Cuba no puede ignorar.
Larrondo habló con la precisión de quien lleva años recopilando expedientes que el Estado cubano niega, oculta o maquilla. Expuso que Cuba acumula, desde 2019, el mayor número de condenas por detención arbitraria dictadas por el Grupo de Trabajo de la ONU. Detalló la situación de los presos del 11 de julio, muchos de ellos menores en el momento de su arresto, sometidos a juicios sin garantías, interrogatorios sin presencia legal y castigos que incluyen aislamiento prolongado. Describió también el uso sistemático de delitos como “desacato”, “desobediencia” o “atentado” para fabricar causas penales contra ciudadanos que no han cometido más crimen que expresar una opinión.
Los diputados canadienses escucharon en silencio mientras Larrondo explicaba que la represión no es un accidente ni una reacción puntual, sino un sistema jurídico diseñado para neutralizar cualquier forma de disidencia. El Código Penal, recordó, se ha convertido en un instrumento de control político, y la Seguridad del Estado opera con una impunidad que ningún tribunal independiente puede contrarrestar. La audiencia, pública y registrada, dejó constancia de un patrón que ya ha sido denunciado en Bruselas, Washington, Ginebra y Berlín: Cuba mantiene presos políticos, tortura, desaparece temporalmente a activistas y utiliza la amenaza penal como mecanismo de disciplinamiento social.
La comparecencia tuvo un segundo eje: la exportación de profesionales cubanos, especialmente médicos, bajo condiciones que organismos internacionales han calificado como trabajo forzoso. Larrondo explicó que los contratos imponen restricciones de movimiento, confiscación de pasaportes y retención de salarios, prácticas incompatibles con los estándares laborales internacionales. Canadá, que ha recibido misiones médicas en el pasado, escuchó esta parte con especial atención.
El impacto político de esta sesión va más allá del testimonio. El Subcomité canadiense tiene capacidad para recomendar sanciones Magnitsky, emitir resoluciones y presionar al Ejecutivo para revisar su política hacia La Habana. Que un país tradicionalmente moderado en su relación con Cuba abra este expediente indica que la narrativa oficial del régimen —la de un Estado asediado y víctima de campañas externas— pierde terreno frente a la evidencia acumulada por organizaciones independientes.
La intervención de Larrondo no buscó dramatizar, sino documentar. Y en esa sobriedad radicó su fuerza. Cuba, dijo, no vive una crisis coyuntural, sino un deterioro estructural de derechos fundamentales que afecta a cientos de familias y que se agrava con cada reforma legal que amplía el margen de discrecionalidad del Estado. La audiencia canadiense, al menos por un día, convirtió ese diagnóstico en un asunto de interés parlamentario.
Para un régimen acostumbrado a la impunidad internacional, que Canadá abra esta puerta es un mensaje claro: el mundo democrático observa, registra y empieza a actuar. Y para las víctimas, cuyos nombres llenan los informes de Prisoners Defenders, la sesión de hoy fue un recordatorio de que su historia no se pierde en el silencio.
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