La pobreza en Cuba: el rostro más cruel del fracaso del régimen

CUBA-POBREZA

Por Marta Pérez

Estocolmo. PLC | Durante décadas, el régimen cubano sostuvo su legitimidad sobre la promesa de igualdad y justicia social. Hoy, esa narrativa se ha convertido en una de las mayores contradicciones de la realidad cubana. La pobreza se ha extendido hasta niveles alarmantes y afecta a la inmensa mayoría de la población, mientras las autoridades continúan negando la magnitud de la crisis y ocultando información que permitiría medirla con transparencia.

Cuba es uno de los pocos países de América Latina que no publica estadísticas oficiales confiables y comparables sobre pobreza. Esa opacidad no es casual. Reconocer el alcance del problema significaría admitir el fracaso del modelo económico y político que el régimen ha impuesto durante más de seis décadas.

Sin embargo, la realidad no necesita estadísticas oficiales para hacerse evidente.

Las calles muestran edificios derrumbados, hospitales sin insumos, farmacias vacías, apagones diarios, transporte colapsado y familias enteras haciendo largas colas para conseguir alimentos básicos. El salario estatal ha perdido prácticamente todo su poder adquisitivo y las pensiones apenas alcanzan para sobrevivir unos pocos días.

Las cifras disponibles de organismos independientes confirman lo que cualquier cubano vive a diario. El VIII Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)concluyó que el 89 % de los cubanos vive en condiciones de pobreza extrema, utilizando como referencia la metodología del Banco Mundial. Además, el estudio señala que siete de cada diez cubanos han tenido que dejar de realizar alguna comida por falta de alimentos o dinero, mientras los apagones, la inflación y la escasez de medicamentos figuran entre las principales preocupaciones de la población.

Por su parte, el Banco Mundial estima que la economía cubana continúa estancada y registró una nueva contracción en 2024, reflejo de un modelo incapaz de generar crecimiento sostenido ni oportunidades para sus ciudadanos.

Frente a esta realidad, el régimen insiste en responsabilizar exclusivamente al embargo estadounidense. Nadie puede negar que las sanciones tienen un impacto sobre la economía cubana. Sin embargo, convertirlas en la única explicación constituye una manipulación política que ignora décadas de decisiones internas que han destruido la capacidad productiva del país.

La agricultura produce cada vez menos. La industria permanece obsoleta. La inversión extranjera se ha reducido considerablemente. Miles de pequeños emprendedores continúan enfrentando restricciones, impuestos excesivos y un marco jurídico diseñado para mantener el control político antes que favorecer el desarrollo económico.

Mientras tanto, los recursos del Estado siguen destinándose a la construcción de hoteles administrados, en gran medida, por el conglomerado militar GAESA, pese a que el turismo continúa muy por debajo de los niveles necesarios para justificar esas inversiones. La prioridad no parece ser alimentar a la población ni recuperar los servicios públicos, sino preservar los intereses económicos de la élite gobernante.

Las consecuencias sociales son devastadoras. Millones de cubanos dependen de remesas enviadas por familiares que emigraron. Los jubilados sobreviven con pensiones insuficientes. Profesionales altamente cualificados abandonan el país porque trabajar ya no garantiza una vida digna. La emigración masiva se ha convertido en el voto de censura más contundente contra el sistema.

Paradójicamente, el mismo régimen que durante décadas proclamó haber eliminado la pobreza es hoy incapaz de garantizar lo más elemental: alimentación, electricidad, medicamentos, agua potable, transporte y un salario suficiente para cubrir las necesidades básicas.

La pobreza en Cuba no es consecuencia de una catástrofe natural ni de un conflicto armado. Tampoco puede atribuirse únicamente a factores externos. Es el resultado acumulado de un modelo basado en el control absoluto de la economía, la persecución de la iniciativa privada, la ausencia de libertades económicas y la concentración del poder político en una sola estructura durante más de sesenta años.

Mientras el régimen continúe ocultando datos, reprimiendo el debate público y negándose a emprender reformas profundas que garanticen libertad económica, seguridad jurídica y pluralismo político, la pobreza seguirá creciendo y expulsando a los cubanos de su propio país.

Porque ningún gobierno que obliga a su pueblo a sobrevivir entre apagones, escasez, salarios miserables y dependencia de remesas puede seguir presentándose como un modelo de justicia social.

La pobreza se ha convertido en la prueba más contundente del fracaso del régimen cubano. Y, por mucho que intente ocultarlo, esa realidad ya no cabe en la propaganda.