La Habana reivindica su “internacionalismo” tras el retiro forzoso de diplomáticos en Santo Domingo

CUBA-REPÚBLICA DOMINICANA

Santo Domingo. PLC | Las declaraciones del embajador cubano en República Dominicana, Ángel Arzuaga Reyes, tras la orden de retirar a nueve diplomáticos de la misión cubana, buscan proyectar serenidad, continuidad y una supuesta vocación humanista. Pero, al ser examinadas con rigor, revelan un problema más profundo: la confirmación implícita de que esos funcionarios no estaban dedicados exclusivamente a tareas diplomáticas, sino a actividades de “internacionalismo”, el eufemismo histórico con el que La Habana ha encubierto operaciones de injerencia política en terceros países.

Arzuaga escogió un escenario simbólico —un acto por el centenario del natalicio de Fidel Castro— para responder a la decisión soberana del Gobierno dominicano. Allí afirmó que Cuba “no entregará su principio internacionalista” y que seguirá “repartiendo lo poco que tenemos y a veces lo imposible con los pueblos y los jóvenes del mundo”. En la retórica oficial cubana, ese “internacionalismo” ha significado desde el envío de tropas a África en los años setenta hasta la infiltración de agentes de inteligencia en países latinoamericanos bajo cobertura diplomática. En este contexto, la frase adquiere un peso político evidente: el embajador no niega la naturaleza de las actividades que motivaron la expulsión; las reivindica.

La Cancillería dominicana ha actuado conforme a la Convención de Viena, sin estridencias y sin necesidad de detallar incidentes. Esa discreción, habitual en la diplomacia profesional, contrasta con la narrativa cubana, que intenta presentar la medida como una agresión dictada por Washington. Sin embargo, el propio discurso de Arzuaga desmiente esa versión: al insistir en que Cuba seguirá actuando según sus “principios internacionalistas”, reconoce que la presencia de esos funcionarios respondía a una agenda política que excede las funciones diplomáticas tradicionales.

El embajador intenta separar la tensión entre gobiernos de la relación entre los pueblos, apelando a Martí y Fidel Castro para reforzar la idea de una fraternidad histórica. Pero esa insistencia en el vínculo emocional funciona como cortina de humo. El problema no es la relación entre dominicanos y cubanos, que es rica y compleja; el problema es la conducta del Estado cubano, que ha utilizado sus misiones diplomáticas como plataformas de influencia política y operaciones encubiertas. La reacción de Santo Domingo no surge de un vacío: forma parte de un patrón regional en el que varios países han decidido poner límites a la injerencia de La Habana.

Las palabras de Arzuaga, lejos de tranquilizar, confirman que Cuba no está dispuesta a revisar prácticas que ya no encuentran tolerancia en la región. Al reivindicar el “internacionalismo” en este contexto, el embajador admite —aunque sea de manera indirecta— que los diplomáticos expulsados no estaban dedicados únicamente a la representación estatal, sino a actividades incompatibles con la soberanía dominicana.

La crisis diplomática no es producto de un malentendido, sino de un choque entre dos concepciones de la política exterior: la de un Estado que exige respeto a su soberanía y la de un régimen que considera legítimo intervenir en los asuntos internos de otros países bajo la bandera de la solidaridad. Las declaraciones del embajador cubano, lejos de aclarar la situación, la iluminan con una franqueza involuntaria.