Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, ha trazado con claridad la primera gran línea de su gobierno: el desmonte de la política de “paz total” y la reactivación de órdenes de captura contra los grupos armados ilegales desde el 7 de agosto, día en que asumirá el poder. Sus declaraciones, confirmadas en entrevistas y mensajes públicos, anticipan un giro profundo en la estrategia de seguridad del país y marcan el fin de la doctrina que el gobierno de Gustavo Petro defendió como eje de su política de diálogo con organizaciones criminales y guerrillas.
De la Espriella ha sido explícito: no habrá negociaciones políticas con estructuras armadas que no tengan naturaleza insurgente y no exista disposición real de desmovilización. Su oferta se limita al sometimiento a la justicia, un mecanismo que exige entrega de armas, colaboración judicial y aceptación de penas. El presidente electo considera que la “paz total” debilitó la capacidad del Estado, permitió la expansión territorial de grupos criminales y generó una sensación de impunidad que se reflejó en el aumento de homicidios, extorsiones y desplazamientos. Su estrategia, según ha dicho, se centrará en recuperar el control territorial, fortalecer la Fuerza Pública y restablecer la autoridad del Estado en zonas donde hoy mandan estructuras ilegales.
El anuncio llega en un momento de alta tensión. Diversos grupos armados —disidencias de las FARC, ELN, bandas criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico— aprovecharon la política de desescalamiento del gobierno anterior para expandirse en regiones donde el Estado retrocedió. La suspensión de órdenes de captura, los ceses al fuego parciales y la fragmentación de las negociaciones generaron un escenario confuso que terminó por erosionar la confianza pública. De la Espriella pretende revertir ese marco desde el primer día, enviando un mensaje de ruptura con la doctrina de Petro y de retorno a una política de seguridad más clásica, centrada en la acción militar y policial.
La reactivación de órdenes de captura es, en sí misma, un gesto político de alto impacto. Implica que los líderes de grupos armados que habían sido protegidos por medidas de suspensión judicial volverán a ser perseguidos por la justicia. También supone el fin de los protocolos que permitían su movilidad y la interrupción de los canales de diálogo abiertos por el gobierno anterior. El presidente electo ha insistido en que no se trata de una política de guerra, sino de restauración del orden, pero el mensaje es inequívoco: el Estado recuperará la iniciativa y no aceptará negociaciones que no incluyan sometimiento judicial.
La toma de posesión del 7 de agosto se perfila como un punto de inflexión. De la Espriella llega al poder con un mandato estrecho pero contundente, respaldado por un electorado que exige seguridad, control territorial y reducción de la violencia. Su discurso conecta con un país cansado de la expansión criminal y de la sensación de vacío estatal en regiones enteras. Sin embargo, el desafío es enorme: la Fuerza Pública enfrenta problemas de moral, recursos y despliegue; los grupos armados están fragmentados pero fortalecidos económicamente; y la geografía colombiana sigue siendo un obstáculo para cualquier estrategia de control total.
El giro anunciado también tendrá repercusiones regionales. Colombia es un actor central en la seguridad de América Latina y su cambio de doctrina influirá en la dinámica fronteriza con Venezuela, Ecuador y Panamá. La reactivación de órdenes de captura podría tensar las relaciones con gobiernos que han servido de refugio o corredor para grupos armados, y obligará a replantear la cooperación internacional en materia de narcotráfico y crimen organizado.
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