CUBA
La Habana. PLC / La solicitud de penas de entre diez y 30 años de cárcel contra 30 cubanos acusados de planear supuestos “actos terroristas” en 2023 marca un nuevo capítulo en la estrategia del castrismo de criminalizar cualquier forma de disidencia mediante el lenguaje más extremo posible. Según la acusación presentada por la Fiscalía General —un órgano completamente subordinado a la dirección política del país— los implicados habrían organizado, financiado y ejecutado un plan de levantamiento armado destinado a “desestabilizar el orden político y social” de la Isla.
El caso gira en torno a Ardenys García Álvarez, para quien La Habana solicita la pena máxima de 30 años. Las autoridades aseguran que García Álvarez ingresó al país en una moto acuática con armas, municiones y equipos de radiocomunicación, con el objetivo de establecer células armadas en varias provincias. También lo acusan de haber recibido entrenamiento militar en Estados Unidos y de recopilar información sobre unidades militares y domicilios de altos jefes policiales.
La Fiscalía sostiene que el plan fue promovido desde el exterior por la organización “La Nueva Nación Cubana en Armas”, liderada por William Cabrera González, incluido por el régimen en su lista de supuestos “terroristas”. Esa lista —publicada en la Gaceta Oficial en diciembre de 2023— mezcla casos reales, acusaciones políticas y nombres de opositores mediáticos, y se ampara en resoluciones internacionales contra el terrorismo para justificar la persecución de voces críticas.
El relato oficial describe un complot que incluye atentados contra autoridades del MININT y las FAR, sabotajes a cañaverales y centros turísticos, y la intención de forzar la renuncia de dirigentes mediante violencia. Sin embargo, el régimen no ha permitido acceso independiente a las pruebas, y las detenciones se produjeron en un contexto de máxima represión tras las protestas de 2023 y 2024, cuando La Habana intensificó la criminalización de cualquier forma de organización cívica.
Más allá de los detalles del expediente, el uso del término “terrorismo” por parte del castrismo revela una profunda contradicción histórica. El propio movimiento que llevó a Fidel Castro al poder recurrió sistemáticamente a acciones que hoy serían clasificadas como terrorismo: bombas en cines y comercios, incendios provocados, sabotajes urbanos, atentados contra policías y militares, y ataques a instalaciones civiles durante la lucha contra Batista. La narrativa oficial los glorifica como “acción y sabotaje”, pero en la práctica fueron operaciones clandestinas destinadas a sembrar miedo y desestabilizar al Estado. La diferencia es que entonces se justificaban como parte de una “guerra revolucionaria”, mientras que hoy el régimen aplica el mismo lenguaje para perseguir a opositores, activistas y ciudadanos desesperados.
El caso de los 30 acusados no puede analizarse aislado: forma parte de una estrategia más amplia de La Habana para blindar su poder mediante la ampliación del concepto de terrorismo. La lista oficial de “terroristas” publicada en 2023 incluye desde opositores pacíficos hasta influencers críticos, mezclados con individuos acusados de ataques reales, en un intento de equiparar la disidencia con la violencia armada.
La paradoja es evidente: el régimen que nació de una campaña de sabotajes y atentados ahora se presenta como víctima de “terroristas” cada vez que enfrenta un desafío político. La criminalización extrema sirve para justificar condenas desproporcionadas, procesos opacos y un clima de miedo que inhibe cualquier forma de organización social independiente.
Mientras tanto, las familias de los acusados denuncian que muchos de ellos fueron reclutados bajo presión, que las pruebas son débiles o fabricadas, y que el proceso judicial se desarrolla sin garantías. La madre de Ardenys García Álvarez lo describe como un patriota, no como un criminal, y recuerda que lleva meses incomunicado en una celda desde su arresto.
El régimen cubano ha encontrado en la palabra “terrorismo” un instrumento político de enorme utilidad: permite activar leyes excepcionales, endurecer penas, cerrar espacios de debate y presentar cualquier oposición como una amenaza existencial. Pero la historia es terca. Quienes hoy acusan fueron, en su origen, protagonistas de la misma violencia que ahora condenan. Y esa contradicción, cada vez más visible, erosiona la legitimidad de un discurso oficial que ya no convence ni dentro ni fuera de la Isla.
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