Las reformas económicas de La Habana inquietan a economistas y empresarios: el castrismo abre el mercado sin abrir el poder

CUBA-ECONOMÍA

Estocolmo. PLC | La Habana ha vuelto a prometer reformas. Lo hace en medio de una crisis que ya no admite metáforas: inflación desbordada, apagones constantes, contracción productiva y un Estado que ha perdido capacidad para sostener los servicios básicos. El Gobierno cubano presentó un paquete de medidas que, sobre el papel, introduce dinámicas de mercado inéditas en la isla. Pero la reacción internacional ha sido inmediata: economistas y empresarios dudan de que el castrismo esté dispuesto a permitir que esas reformas funcionen sin una apertura política que garantice seguridad jurídica y autonomía real para los nuevos actores económicos.

Entre las voces más críticas destacan los economistas cubanos Mauricio de Miranda, Ricardo Torres, Pavel Vidal y Omar Everleny Pérez, quienes desde Miami, Bogotá y Madrid han advertido que la crisis cubana es estructural y no puede resolverse con “medidas parciales o ajustes administrativos”. Su diagnóstico, recogido en el proyecto Cuba Transformación, sostiene que el modelo de planificación centralizada ha demostrado ser incapaz de generar crecimiento sostenido, preservar la estabilidad macroeconómica o mejorar el bienestar de la población. Para ellos, las reformas anunciadas por La Habana no atacan la raíz del problema: el monopolio político del Partido Comunista y la ausencia de un Estado de derecho que proteja la iniciativa privada.

A estas críticas se suma la voz del economista Pedro Monreal, una de las referencias más seguidas en el análisis de la economía cubana. En su cuenta de X, Monreal advirtió que el paquete de medidas del Gobierno “no constituye una reforma estructural” y que la apertura anunciada “carece de un marco institucional que permita que los cambios funcionen”. Señaló además que la autorización de bancos privados y la posibilidad de liquidar empresas estatales insolventes “solo tendrá impacto si se acompaña de transparencia, autonomía empresarial y reglas claras”, elementos que, según él, siguen ausentes. Monreal ha insistido en que el Gobierno cubano intenta “resolver problemas de eficiencia sin tocar los problemas de poder”, una fórmula que históricamente ha fracasado.

También economistas cercanos al oficialismo reconocen la gravedad del momento. Omar Everleny Pérez Villanueva, Juan Triana Cordoví y Julio Carranza Valdés —convocados por Miguel Díaz-Canel para integrar un grupo asesor— llevan años defendiendo la necesidad de otorgar autonomía a las empresas estatales, ampliar el espacio del sector privado y garantizar seguridad jurídica. Su presencia en el nuevo equipo económico revela una admisión implícita: el modelo vigente ha agotado su capacidad de sostener la economía. Pero incluso ellos advierten que sin cambios institucionales profundos, las reformas corren el riesgo de quedar atrapadas en la lógica del control político.

El sector empresarial internacional también observa con recelo. El Cuba Study Group (CSG), que agrupa a empresarios y profesionales cubanoamericanos en Washington, ha respaldado el análisis de los cinco economistas independientes y coincide en que la isla necesita una transición hacia una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de derecho. Para estos empresarios, la apertura anunciada por La Habana es insuficiente: sin garantías legales, sin transparencia y sin reglas claras, la inversión extranjera seguirá siendo marginal y de alto riesgo. El CSG ha sido explícito al señalar que la comunidad empresarial no puede comprometer capital en un entorno donde las decisiones económicas dependen de la discrecionalidad política y donde la propiedad privada sigue siendo vulnerable.

El Gobierno cubano, sin embargo, insiste en que las reformas buscan “conservar lo esencial”, una fórmula que en Cuba siempre ha significado preservar el monopolio político. La presencia de Raúl Castro supervisando la sesión parlamentaria donde se anunciaron las medidas confirma la tensión interna: el castrismo necesita reformarse para sobrevivir, pero teme que la reforma erosione su autoridad. La reducción de ministerios, la eliminación de subsidios universales, la autorización de bancos privados y la posibilidad de liquidar empresas estatales insolventes son señales de un giro económico significativo, pero siguen condicionadas por la obsesión de no ceder control político.

La pregunta que se hacen economistas y empresarios es si este nuevo experimento puede funcionar sin una apertura institucional. La experiencia histórica sugiere que no. Las reformas económicas aplicadas sin transparencia, sin independencia judicial y sin libertad empresarial suelen quedar neutralizadas por la burocracia y el miedo a perder poder. Cuba intenta abrir espacios económicos sin abrir espacios políticos. Quiere atraer capital, dinamizar sectores productivos y reducir la carga estatal, pero sin permitir que los nuevos actores acumulen poder real.

La Habana promete cambios. Los economistas ponen cifras. Los empresarios ponen condiciones. Y los cubanos, que ya han visto demasiados anuncios sin resultados, esperan que esta vez el castrismo no vuelva a hacer lo que mejor sabe: reformar sin cambiar.