CUBA
La Habana. PLC / La Fiscalía Provincial de Pinar del Río mantiene abiertas varias investigaciones por el delito de sabotaje, en un contexto marcado por el deterioro de la infraestructura eléctrica y el auge del mercado informal de combustible. Los expedientes, aún en fase investigativa, se tramitan según el artículo 125 de la Ley 151 de 2022 del Código Penal y la interpretación del Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, que desde 2025 amplió la calificación de sabotaje a conductas que antes se procesaban como hurto o daño.
Entre los casos investigados figura la sustracción de la varilla a tierra de un transformador en la loma de Timbo, en San Juan y Martínez, vendida luego por 5 000 pesos. La pieza es esencial para estabilizar la tensión del sistema, por lo que tanto el vendedor como el comprador enfrentan cargos y uno de ellos permanece en prisión provisional. Otro expediente involucra a un trabajador de grupos electrógenos en la central eléctrica del reparto Capó, acusado de extraer 300 litros de diésel durante su turno nocturno y entregarlos a tres cómplices; los cuatro están detenidos.
La Fiscalía también analiza un caso inusual: un ataque a pedradas contra una oficina pública motivado por la falta de electricidad, que igualmente se procesa como sabotaje bajo la interpretación vigente del Tribunal Supremo Popular.
La acumulación de estos hechos refleja el impacto directo de la crisis energética en el aumento de conductas que afectan la infraestructura estatal. La calificación de sabotaje, con penas severas, busca contener una tendencia que compromete la generación eléctrica, las telecomunicaciones y servicios esenciales en la provincia más occidental del país.
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