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Cuba activa un sistema de vigilancia masiva con tecnología china y abre una nueva fase de control digital

La nueva ley otorga al Ministerio del Interior la facultad de recopilar y almacenar datos biométricos avanzados de todos los ciudadanos: patrones de voz, escaneo de iris, reconocimiento facial y firmas digitales. Foto captura Instagram

La Habana. PLC / La aprobación de la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio por la Asamblea Nacional ha encendido alarmas entre organizaciones civiles, expertos en derechos digitales y analistas políticos. Aunque el Gobierno la presenta como una modernización administrativa, la legislación introduce un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en Cuba, apoyado en infraestructura tecnológica china y sin ningún tipo de fiscalización judicial independiente.

La legislación introduce un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en Cuba, apoyado en infraestructura tecnológica china y sin ningún tipo de fiscalización judicial independiente.

La nueva ley otorga al Ministerio del Interior la facultad de recopilar y almacenar datos biométricos avanzados de todos los ciudadanos: patrones de voz, escaneo de iris, reconocimiento facial y firmas digitales. Para especialistas consultados por Martí Noticias, este volumen de información en manos de un Estado sin contrapesos institucionales constituye una herramienta de control político y social. “Es la pesadilla más grande que pudo imaginar Orwell”, afirmó el investigador Julio Aleaga Pesant, quien advierte que la concentración de datos permitirá rastrear disidentes y supervisar la actividad de cualquier ciudadano sin necesidad de autorización judicial.

La ley también crea una Identidad Digital Certificada que vincula todos los trámites civiles con un expediente estatal único, facilitando la fiscalización de la actividad en internet y la huella digital de cada persona. Analistas como Manuel Cuesta Morúa alertan que este modelo reproduce elementos del sistema de crédito social chino, donde el comportamiento de los ciudadanos es monitoreado y evaluado por el Estado. En Cuba, sin garantías legales ni tribunales independientes, el riesgo de abuso es absoluto.

El avance de este sistema no puede entenderse sin la creciente presencia tecnológica de China en la isla. Investigaciones del Atlantic Council y reportes periodísticos confirman que ETECSA utiliza infraestructura de Huawei y ZTE para redes móviles, enrutamiento de datos y gestión del cable submarino ALBA‑1. Esta dependencia tecnológica ha permitido al régimen ampliar su capacidad de censura, vigilancia y control del tráfico digital. En los últimos meses, periodistas independientes han denunciado interrupciones masivas de internet coincidiendo con protestas por la crisis energética, lo que refuerza la percepción de que la tecnología china está integrada en la arquitectura represiva del Estado cubano.

El contexto regional añade otra capa de preocupación. Cuba alberga al menos cuatro bases de espionaje electrónico operadas por China, según análisis del Center for Strategic and International Studies y reportes confirmados por fuentes de inteligencia estadounidenses. Estas instalaciones, ubicadas en Bejucal, Wajay, Calabazar y El Salao, permiten interceptar comunicaciones y señales en el sureste de Estados Unidos, ampliando la dimensión geopolítica del control tecnológico chino en la isla.

La nueva ley, por tanto, no es un simple ajuste administrativo: es la institucionalización de un ecosistema de vigilancia que combina tecnología de punta, ausencia de controles democráticos y una alianza estratégica con China. Para la ciudadanía cubana, significa vivir en un espacio digital cada vez más vigilado y menos libre. Para la región, implica la consolidación de un nodo de inteligencia y control en el Caribe que refuerza la influencia de Pekín y profundiza la opacidad del régimen cubano.


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