CUBA-SOCIEDAD
Estocolmo. PLC Análisis | El dato parece pequeño, pero encierra una tragedia nacional: en 2025 Cuba registró 1,4 nacimientos por cada 1.000 niñas de entre diez y 14 años, un incremento respecto al 1,3 reportado en 2021. La cifra, divulgada por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), confirma que la maternidad infantil en la Isla no solo persiste, sino que se agrava en los territorios más pobres y desatendidos. Mientras el Gobierno insiste en que la fecundidad adolescente “ha mantenido un nivel similar durante los últimos cinco años”, el país asiste a un fenómeno que revela desigualdad, violencia estructural y abandono institucional.
En el grupo de adolescentes de 15 a 19 años la tasa descendió de 48,5 a 43,2 nacimientos por cada 1.000 jóvenes en el último lustro. Sin embargo, el descenso no compensa la gravedad del aumento entre las menores de 15 años, donde la propia ONEI reconoce una “mayor resistencia a la disminución de la fecundidad”. La estadística desnuda una realidad que las autoridades prefieren maquillar: Cuba envejece aceleradamente, pero sus niñas más vulnerables siguen dando a luz.
Los territorios con mayor incidencia de embarazos infantiles son Mayabeque, con una tasa de 2,2, seguida por Guantánamo con 2,0, y Granma y Holguín con 1,9. Camagüey alcanza 1,8, Pinar del Río 1,7, y Las Tunas y Sancti Spíritus se sitúan en 1,4. En el grupo de 15 a 19 años, Granma registra 56,5 nacimientos por cada 1.000 adolescentes, Holguín 53,3 y Guantánamo 50,9. En estas provincias más de 50 jóvenes por cada 1.000 se convierten en madres antes de cumplir veinte años. Las Tunas, Mayabeque y Camagüey mantienen cifras igualmente preocupantes.
La reciente Resolución 174 del Ministerio de Salud Pública promete fortalecer la atención integral a la fecundidad adolescente, con énfasis en la educación, la prevención y el acompañamiento. Pero las estadísticas no cambian, y el discurso oficial evita mencionar los factores estructurales que alimentan el fenómeno. La pobreza, especialmente en zonas rurales, es un motor evidente. La maternidad infantil se concentra en los territorios donde la precariedad es norma y donde las niñas afrocubanas sufren con mayor intensidad la desigualdad histórica.
En un debate parlamentario en 2024, funcionarios reconocieron que el 18,9% de los nacimientos de 2023 correspondieron a madres de entre 12 y 19 años. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió que una problemática aún mayor que la fecundidad adolescente es el incremento de embarazos en niñas menores de 15 años. El director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Antonio Aja Díaz, señaló que esta disfuncionalidad está presente en más de 90 municipios del país. La psicóloga y demógrafa Matilde Molina Cintra añadió que el embarazo adolescente constituye “la mayor desarticulación presente en la fecundidad cubana”, marcada por una tasa global de fecundidad extremadamente baja y una tasa adolescente por encima de lo esperado.
El impacto social es devastador. En el informe presentado por el Gobierno de Cuba al Comité CEDAW se reportaron 21.738 bajas escolares en el curso 2022-2023, muchas asociadas al embarazo precoz. Cada niña que abandona la escuela para convertirse en madre queda atrapada en un ciclo de dependencia económica, vulnerabilidad y pobreza intergeneracional. La maternidad infantil no es un indicador demográfico: es una violación de derechos humanos que el Estado cubano no ha logrado enfrentar con eficacia.
La normalización de un fenómeno tan grave revela un país donde la crisis económica, la precariedad sanitaria y la desigualdad racial y territorial se combinan para producir una tragedia silenciosa. Mientras la ONEI publica cifras y el MINSAP aprueba resoluciones, las niñas siguen pariendo. Y Cuba sigue envejeciendo. Y la pobreza sigue heredándose. La pregunta no es por qué aumentan los embarazos infantiles, sino cuántas generaciones más deberán pagar el precio de un Estado que no protege a sus niñas.
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