Suecia quiere ayudar a los cubanos sin financiar al régimen: el gran desafío será conseguirlo

SUECIA-CUBA

Por Marta Pérez | Prensa Libre Cuba

Estocolmo. PLC / La nueva estrategia del Gobierno sueco para la cooperación con Cuba durante el período 2026–2031 contiene un principio que considero tan importante como difícil de ejecutar: Suecia quiere apoyar al pueblo cubano, la democracia y la iniciativa privada sin financiar al Estado cubano ni a sus autoridades.

Comparto plenamente ese objetivo. Pero precisamente porque conozco cómo funciona el sistema cubano, creo que debemos plantearnos una pregunta incómoda desde el principio:

¿Cómo garantizar que una ayuda destinada a la sociedad civil o al sector privado no termine, directa o indirectamente, beneficiando al mismo régimen que se pretende evitar financiar?

No será sencillo.

Un cambio importante en la política sueca

La nueva estrategia parte de una descripción bastante clara de la realidad cubana. El Ministerio de Asuntos Exteriores sueco reconoce que Cuba atraviesa una crisis profunda y multidimensional, caracterizada, entre otros factores, por escasez energética, bajos niveles de inversión y deterioro de la producción, la infraestructura y los servicios públicos. También constata que las limitadas reformas económicas emprendidas por el régimen no han logrado revertir el deterioro.

Suecia establece dos grandes objetivos para su cooperación: mejorar las oportunidades económicas mediante empleo y comercio, y fortalecer el desarrollo democrático, los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios del Estado de derecho. Para ello, Sida (Consejo de Administración para la Cooperación Internacional al Desarrollo) podrá utilizar indicativamente unos 10 millones de coronas suecas anuales.

Pero hay una frase especialmente relevante:

“Ningún apoyo financiero será destinado al Estado cubano ni a las autoridades cubanas.”

Considero que esta decisión marca una dirección correcta. Sin embargo, escribirla en una estrategia es mucho más fácil que garantizarla sobre el terreno.

¿Dónde están las organizaciones independientes legalmente reconocidas?

Aquí comienza, a mi juicio, el verdadero problema.

La estrategia pretende fortalecer organizaciones, actores y redes que trabajan por los derechos humanos, el Estado de derecho, la participación y la representación democrática.

Pero Cuba no es una democracia en la que organizaciones independientes puedan constituirse, registrarse, abrir cuentas bancarias y recibir financiación extranjera con normalidad.

Freedom House señala que el Gobierno cubano se niega a registrar nuevas organizaciones que no estén sometidas a supervisión estatal. También documenta la persecución de asociaciones independientes, organizaciones de derechos humanos, periodistas y otros actores autónomos. Human Rights Watch documenta igualmente en su informe de 2026 la continuidad de detenciones arbitrarias, intimidación y hostigamiento contra activistas independientes, periodistas y opositores.

Ahí aparece una paradoja fundamental:

las organizaciones que pueden actuar legalmente y con relativa normalidad dentro de Cuba difícilmente pueden considerarse completamente independientes del Estado, mientras que muchas de las organizaciones genuinamente independientes carecen precisamente del reconocimiento y las condiciones legales necesarias para operar libremente.

Por eso no bastará con comprobar que una organización tiene un nombre, una estructura o una personalidad jurídica. Habrá que determinar quién la controla realmente, quién nombra a sus dirigentes, a quién responde, qué relaciones mantiene con instituciones estatales y qué libertad posee para criticar al Gobierno cubano.

El mismo problema existe con las empresas “privadas”

La segunda gran apuesta sueca consiste en fortalecer pequeñas y medianas empresas privadas, facilitándoles acceso a capital, conocimientos y redes.

También considero correcta esta prioridad. Una economía privada auténticamente independiente puede disminuir la dependencia del ciudadano respecto al Estado y crear espacios de autonomía económica que, a largo plazo, son importantes también para una transición democrática.

Pero aquí debemos ser igualmente cuidadosos.

Que una empresa aparezca jurídicamente como privada no demuestra por sí solo que sea económica y políticamente independiente del régimen.

El sector privado cubano ha crecido y, según Freedom House, llegó incluso a superar al sector estatal en el valor de las ventas minoristas de bienes y servicios durante 2024. Pero la misma organización continúa calificando de restringidas las posibilidades de poseer propiedad y operar empresas privadas sin interferencia indebida y señala que el Gobierno mantiene un fuerte dominio sobre la economía.

Por tanto, Suecia debería evitar una equivalencia peligrosa:

MIPYME no significa automáticamente empresa independiente.

¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios finales de una empresa? ¿De dónde procede su capital? ¿Qué vínculos familiares, comerciales o políticos tienen sus propietarios? ¿Quién controla sus importaciones? ¿Qué intermediarios utiliza? ¿Depende para operar de estructuras estatales? ¿Existe detrás de una aparente empresa privada una persona vinculada al poder?

Estas preguntas deberían formar parte de cualquier mecanismo serio de evaluación.

El régimen controla precisamente el terreno sobre el que deberá actuar la cooperación

Esta es, para mí, la debilidad potencial de la estrategia.

Suecia declara correctamente que Cuba es un Estado de partido único en el que los derechos y libertades fundamentales están fuertemente restringidos y donde el Partido Comunista desempeña un papel dominante en la sociedad y en la toma de decisiones.

Pero precisamente por esa razón no podemos analizar la cooperación con Cuba utilizando los mismos mecanismos que utilizaríamos en una sociedad abierta.

En Suecia podemos identificar una ONG independiente, consultar sus cuentas, conocer a sus responsables, investigar su financiación y comprobar públicamente sus relaciones con el Estado.

En Cuba, esa transparencia institucional prácticamente no existe para los actores realmente independientes.

Y eso genera un dilema: cuanto más independiente sea una organización del régimen, mayores pueden ser sus dificultades para operar legalmente dentro del país; y cuanto más integrada esté en las estructuras legales y económicas oficiales, mayor debe ser el escrutinio para determinar hasta qué punto es realmente independiente.

Esa contradicción no debería llevar a Suecia a abandonar la ayuda. Debería llevarla a diseñar mecanismos mucho más rigurosos para entregarla.

No basta con seguir el dinero hasta el primer destinatario

En mi opinión, Suecia debería aplicar un principio especialmente estricto en Cuba: no basta con comprobar quién recibe inicialmente el dinero; hay que saber quién termina beneficiándose de él.

Eso significa analizar beneficiarios finales, propietarios reales, intermediarios, proveedores y conexiones con instituciones estatales. También significa realizar controles continuos durante la ejecución de los proyectos, y no únicamente antes de aprobarlos.

En el caso de organizaciones democráticas y de derechos humanos, habrá que encontrar mecanismos seguros que permitan apoyar a actores realmente independientes sin exponerlos innecesariamente a la represión.

Y existe otro criterio que considero fundamental: escuchar a la sociedad civil cubana verdaderamente independiente, dentro y fuera de la isla, antes de decidir quién representa a esa sociedad civil.

El régimen cubano lleva décadas creando organizaciones que formalmente representan a trabajadores, mujeres, estudiantes, profesionales y otros sectores sociales. La existencia de una organización con miles de miembros no significa necesariamente que exista libertad de asociación.

Una estrategia correcta puede fracasar si falla la implementación

No cuestiono la intención de la nueva política sueca. Al contrario.

Considero muy positivo que Suecia reconozca que Cuba tiene la responsabilidad principal sobre su propio desarrollo y que la cooperación internacional debe contribuir a la democracia, los derechos humanos y una economía más abierta.

También considero especialmente importante que se excluya expresamente la financiación directa del Estado cubano.

Mi preocupación está en cómo convertir ese principio en realidad.

Porque el régimen cubano no necesita necesariamente recibir una transferencia bancaria directa de Sida para beneficiarse de la cooperación internacional. Puede beneficiarse indirectamente si los recursos terminan fortaleciendo organizaciones dependientes, empresas vinculadas a personas cercanas al poder, intermediarios controlados por el Estado o estructuras económicas sobre las que mantiene capacidad de decisión.

Ese es el riesgo que Suecia deberá aprender a identificar.

Ayudar a Cuba significa ayudar a que los cubanos sean menos dependientes del Estado

Durante décadas se ha confundido con demasiada frecuencia la solidaridad con Cuba con la cooperación con el Gobierno cubano.

Son dos cosas completamente diferentes.

Para mí, una política europea moderna hacia Cuba debería partir de otro principio: cuanto más autónomo haga al ciudadano frente al Estado, más útil será el apoyo internacional.

Eso significa respaldar periodistas y medios independientes, defensores de derechos humanos, organizaciones democráticas, proyectos ciudadanos autónomos y empresarios que puedan demostrar una independencia real de las estructuras del poder.

Significa también aceptar que trabajar con esos actores será más difícil precisamente porque el régimen ha construido un sistema destinado a impedir que existan espacios independientes.

Suecia ha dado un paso importante al reconocer que el dinero de sus contribuyentes no debe financiar al Estado cubano ni a sus autoridades.

Ahora llega la parte más difícil: demostrar que tampoco los financiará indirectamente.

Porque al final no deberíamos medir el éxito de esta estrategia solamente preguntando cuánto dinero llegó a Cuba o cuántos proyectos fueron financiados.

Deberíamos preguntarnos algo mucho más importante:

¿Cada corona sueca invertida hizo al ciudadano cubano un poco más independiente del régimen, o terminó fortaleciendo, aunque fuera indirectamente, las estructuras que lo mantienen sometido?

Esa, en mi opinión, debe ser la verdadera medida del éxito de la nueva política sueca hacia Cuba.