CUBANOS-MIAMI-MIGRACIÓN
Miami. PLC | La decisión de la jueza federal Jacqueline Becerra, emitida este jueves en Miami, marca un giro de enorme alcance para cientos de miles de cubanos que permanecen en un limbo migratorio en Estados Unidos. La magistrada determinó que el tribunal sí tiene jurisdicción para tramitar la demanda que busca regularizar a quienes ingresaron por la frontera mexicana y fueron liberados con el formulario I‑220A, una orden de libertad bajo supervisión que no les reconoce estatus legal ni acceso a la Ley de Ajuste Cubano. Los abogados del caso Mark Prada, Claudia Cañizares y Anthony Domínguez, celebraron la resolución como una victoria importante y un paso decisivo para reabrir el camino hacia la residencia permanente.
El fallo rechaza la moción de desestimación presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y obliga al Gobierno a reformular su solicitud en el plazo de una semana. Con ello, la jueza despeja el principal obstáculo procesal que enfrentaba la demanda, presentada por 992 cubanos que alegan haber sido liberados con documentación incorrecta en la frontera. Según los demandantes, las autoridades migratorias debieron otorgarles un parole —el documento histórico que durante décadas permitió a los cubanos solicitar la residencia tras un año en el país— y no el I‑220A, que los dejó sujetos a procesos ordinarios de deportación.
La decisión preliminar abre la puerta a un litigio que podría impactar entre 500.000 y 600.000 cubanos que entraron a Estados Unidos después del fin de la política de “Pies secos, pies mojados” en 2017. Muchos de ellos huyeron de la Isla tras las protestas masivas de 2021 y recorrieron la llamada “ruta de los volcanes” hasta llegar a la frontera sur. Vendieron casas, autos y pertenencias para financiar un viaje que, en miles de casos, terminó con la entrega voluntaria ante agentes migratorios y la emisión del controvertido I‑220A.
El núcleo del litigio es demostrar que la liberación de estos migrantes configuró de facto un alivio migratorio equivalente al parole, y que el Gobierno aplicó criterios erróneos al procesarlos. Durante la audiencia, la jueza Becerra cuestionó los argumentos del DHS y defendió la facultad del tribunal para revisar las decisiones administrativas que afectaron a los demandantes. La sesión, celebrada en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr., atrajo a decenas de cubanos que esperan una solución a su situación legal.
El siguiente paso será determinar si la demanda se certifica como acción colectiva a nivel nacional. Si el tribunal lo aprueba, cualquier decisión final beneficiaría a todos los cubanos en circunstancias similares, incluidos aquellos que ya tienen órdenes de deportación y buscan reabrir sus casos ante jueces de inmigración. Los abogados, encabezados por Mark Prada, aspiran a que el fallo permita a los afectados demostrar que cumplen los requisitos para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y que cada persona pueda presentar su solicitud individual.
El caso avanza en un contexto migratorio especialmente tenso. La Administración del presidente Donald Trump ha endurecido los controles fronterizos, multiplicado los arrestos y reducido la concesión de permisos de residencia, lo que ha incrementado la incertidumbre de miles de familias cubanas. Para quienes quedaron atrapados entre el fin de “Pies secos, pies mojados” y la posterior creación del parole humanitario en 2023, la demanda representa la única vía para regularizar su situación sin depender de procesos de asilo saturados y lentos.
Aunque no existe aún una decisión definitiva, la resolución de la jueza Becerra abre una compuerta que llevaba años cerrada. Por primera vez, un tribunal federal reconoce su competencia para revisar el tratamiento migratorio de los cubanos con I‑220A y evaluar si el Gobierno aplicó correctamente la ley. Para una comunidad marcada por la incertidumbre, el fallo representa algo más que un avance jurídico: es la posibilidad real de recuperar un camino que durante décadas definió la relación migratoria entre Cuba y Estados Unidos.
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