Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Miles de cubanos atrapados en Uruguay entre la espera, el limbo legal y la falta de reconocimiento político

Reconocer persecución política en Cuba implicaría asumir una posición diplomática que el gobierno uruguayo no está dispuesto a tomar. Validar los testimonios de los solicitantes comprometería la postura oficial frente a La Habana, y esa tensión política se traduce en demoras que pueden superar los tres años.Foto: Cubanos Libres en Uruguay | Twitter

Redacción Central

Montevideo. PLC | La crisis migratoria cubana ha llegado a Uruguay con una intensidad que el país no había experimentado antes. Cerca de 30.000 cubanos han solicitado refugio en los últimos años, pero solo 52 han sido reconocidos oficialmente como refugiados. La cifra es tan desproporcionada que revela un problema estructural, político y humanitario que Uruguay aún no ha resuelto: miles de personas viven en un limbo legal, sin residencia permanente, sin acceso pleno a derechos y sin una respuesta clara del Estado sobre su situación.

Cada mes ingresan por Rivera unos 30 cubanos que solicitan refugio. La mayoría llega con lo puesto, después de atravesar fronteras, vender lo que no tenían y dejar atrás a sus hijos. Son exiliados políticos, económicos y humanitarios, como describe la diputada suplente Leydis Aguilera, quien conoce de cerca la travesía. Pero la realidad que encuentran en Uruguay es otra: un sistema que no logra procesar sus casos y un gobierno que evita reconocer explícitamente que en Cuba existen violaciones sistemáticas de derechos humanos.

La vicecanciller Valeria Csukasi atribuye la acumulación de solicitudes a un desajuste entre el volumen de casos y la capacidad operativa de la Comisión de Refugiados. Pero otros actores dentro de la CORE admiten que el problema es más profundo: reconocer persecución política en Cuba implicaría asumir una posición diplomática que el gobierno uruguayo no está dispuesto a tomar. Validar los testimonios de los solicitantes comprometería la postura oficial frente a La Habana, y esa tensión política se traduce en demoras que pueden superar los tres años.

Mientras tanto, los cubanos quedan atrapados en una zona gris. Sin residencia permanente, se les niegan alquileres, préstamos, continuidad médica para sus hijos y acceso pleno a servicios básicos. Son personas que viven en Uruguay, trabajan, estudian y pagan impuestos, pero no existen jurídicamente. La falta de visa agrava el problema: en teoría, quienes ingresan sin ella deberían ser expulsados y tramitar el refugio desde fuera del país, algo imposible para miles que ya llevan años asentados.

El contraste con el caso venezolano es evidente. Cuando la crisis humanitaria en Venezuela alcanzó su punto más crítico, Uruguay implementó un trámite abreviado que permitió aprobar más de 1.500 solicitudes en dos años. Hoy, de los 3.244 refugiados reconocidos, 2.543 son venezolanos. La “voluntad política”, como señala Aguilera, fue decisiva. Para los cubanos, esa voluntad no ha existido.

Otros integrantes de la CORE sostienen que muchos cubanos emigran por razones económicas y no logran demostrar persecución política. Pero esta interpretación desconoce la naturaleza del sistema cubano, donde la crisis económica es inseparable del control político, la represión y la ausencia de libertades. La línea entre necesidad económica y persecución es artificial en un país donde el Estado decide quién trabaja, quién viaja, quién recibe alimentos y quién es considerado enemigo.

En 2024, el gobierno de Lacalle Pou intentó aliviar la situación con un programa de residencia por arraigo para regularizar a unos 20.000 extranjeros, incluidos miles de cubanos. El plazo cerró en mayo de 2025 y la actual administración decidió no renovarlo, dejando nuevamente a miles sin una vía clara de regularización.

Uruguay enfrenta así una contradicción profunda: es un país que históricamente ha defendido los derechos humanos, pero mantiene en suspenso a miles de personas que huyen precisamente de su violación. La acumulación de solicitudes no es solo un problema administrativo; es un síntoma de una política exterior que evita nombrar lo que ocurre en Cuba y de un sistema migratorio que no está preparado para una crisis de esta magnitud.

Mientras el Estado debate procedimientos, miles de cubanos siguen esperando. Viven, trabajan, crían a sus hijos y se integran en Uruguay, pero sin la protección legal que necesitan. Son exiliados atrapados entre dos países: uno que los expulsó y otro que aún no decide si los reconoce.


Descubre más desde Prensa Libre Cuba

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Un comentario

  1. Justicia Justicia octubre 9, 2026

    Lo cierto es que muchos de los cubanos que salen de Cuba son emigrantes económicos. También es cierto que esos problemas económicos son derivados del sistema político, económico y social de Cuba, es decir comunista. Ahora el gobierno no puede ni siquiera dar el minimo para que los cubanos puedan vivir decorosamente. Eso debe pesar a la hora de darle a esos cubanos en Uruguay el estatus de al menos refugiados.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *