El partido gobernante venezolano no se ha limitado a reclamar garantías procesales para Castro. Ha asumido prácticamente el lenguaje político de La Habana, vinculando la acusación al embargo estadounidense y reclamando una respuesta conjunta de los países latinoamericanos y caribeños contra lo que denomina el “cerco” sobre Cuba. Foto de archivo
VENEZUELA-CUBA
Redacción Central – Análisis
Caracas. PLC Análisis | El Partido Socialista Unido de Venezuela ha decidido colocarse públicamente al lado de Raúl Castro justo cuando Caracas intenta recomponer sus relaciones con Washington. La dirección chavista rechazó la nueva orden de arresto emitida en Florida contra el expresidente cubano y expresó su solidaridad tanto con el Gobierno como con el pueblo de Cuba.
La declaración, fechada en Caracas el 21 de octubre, no deja demasiado espacio para interpretaciones. El PSUV califica la actuación judicial como una “maniobra intimidatoria”, sostiene que “carece de elementos jurídicos reales” y considera que pretende quebrantar la soberanía cubana. Vincula además el proceso contra Castro con lo que define como una política estadounidense de “asfixia material” contra la Isla.
El pronunciamiento tiene valor político porque muestra hasta qué punto el chavismo conserva su vínculo ideológico con La Habana. Pero también contiene una contradicción difícil de ignorar: el PSUV presenta el procedimiento como carente de fundamento jurídico cuando Raúl Castro afronta actualmente no una, sino dos acciones judiciales distintas en Estados Unidos, una federal y otra estatal.
La primera procede del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El 20 de mayo de 2026 se hizo pública una acusación federal contra Castro y otros cinco acusados por su presunta responsabilidad en el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos aeronaves civiles desarmadas de Hermanos al Rescate. La acusación incluye conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos relacionados con la destrucción de aeronaves.
El caso que ha provocado ahora la reacción chavista es diferente.
La jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, firmó una orden estatal de arresto contra Castro. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció públicamente el procedimiento el lunes 19 de octubre. La acusación estatal es por conspiración para cometer asesinato en primer grado y se relaciona con los mismos acontecimientos de 1996.
La Fiscalía de Florida sostiene que tiene jurisdicción porque parte de la supuesta conspiración ocurrió dentro del estado. Según los documentos judiciales divulgados, agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate habrían recopilado y transmitido información sobre los vuelos y realizado labores de vigilancia antes del derribo. El tribunal consideró que existía causa probable suficiente para emitir la orden.
Eso no equivale a una condena. Castro continúa siendo jurídicamente un acusado y las imputaciones tendrían que probarse ante un tribunal. Pero esa distinción es precisamente la que debilita la afirmación política del PSUV de que la actuación “carece de elementos jurídicos reales”: existe un procedimiento judicial abierto y una determinación de causa probable, aunque todavía no exista sentencia.
En el centro del proceso permanece uno de los acontecimientos más graves de la confrontación entre Cuba y el exilio cubano en Estados Unidos.
El 24 de febrero de 1996, cazas cubanos derribaron dos aviones civiles de Hermanos al Rescate. Murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses y Morales era residente permanente. La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó en 1996 que las aeronaves se encontraban sobre aguas internacionales.
Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las autoridades estadounidenses lo acusan de haber desempeñado un papel decisivo en la cadena de mando que condujo al derribo. Castro no ha sido condenado por esos cargos.
La nueva orden estatal tiene además una consecuencia potencial: Uthmeier ha señalado que si Castro viajara a una jurisdicción donde pudiera prosperar un procedimiento de extradición, Florida buscaría su entrega. El propio fiscal ha reconocido, sin embargo, las dificultades prácticas de llevar ante un tribunal estadounidense al exmandatario cubano de 95 años.
Es ahí donde la decisión del PSUV adquiere una dimensión que trasciende el caso judicial.
El partido gobernante venezolano no se ha limitado a reclamar garantías procesales para Castro. Ha asumido prácticamente el lenguaje político de La Habana, vinculando la acusación al embargo estadounidense y reclamando una respuesta conjunta de los países latinoamericanos y caribeños contra lo que denomina el “cerco” sobre Cuba.
La posición constituye una demostración de que la proximidad ideológica construida durante décadas entre el chavismo y el castrismo conserva raíces profundas dentro del aparato político venezolano.
Y plantea al mismo tiempo una pregunta incómoda sobre la dirección que puede tomar la evolución política venezolana: hasta dónde puede acercarse Caracas a Washington mientras el partido que sustenta al poder continúa defendiendo públicamente a una de las figuras históricas más importantes del régimen cubano.
La contradicción no es menor.
El PSUV reivindica el principio de soberanía cubana frente a la actuación estadounidense. Pero el procedimiento abierto en Florida no pretende juzgar genéricamente el sistema político cubano: la acusación estatal se refiere a una presunta conspiración criminal concreta y la causa federal a la muerte de cuatro personas en el derribo de dos aeronaves.
Ese matiz resulta fundamental.
Se puede discutir el contexto político en que Donald Trump intensifica la presión sobre La Habana, e incluso cuestionar las motivaciones políticas o la oportunidad de una acción judicial iniciada treinta años después. De hecho, opositores políticos del fiscal general de Florida han criticado el anuncio como teatro político y han señaladoado su coincidencia con el comienzo de la votación anticipada en Miami-Dade.
Pero la posible existencia de motivaciones políticas no elimina automáticamente la cuestión judicial ni los hechos que se investigan.
Para las familias de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, el asunto tampoco es una abstracción ideológica. La justicia estadounidense ha reabierto treinta años después una discusión que nunca desapareció: quién tomó la decisión final que terminó con la vida de los cuatro hombres y quién debe responder legalmente por ella. [justice.gov]
La solidaridad del PSUV con Castro revela, por tanto, algo mayor que una disputa diplomática entre Venezuela, Cuba y Estados Unidos.
Expone las tensiones internas de una Venezuela que intenta avanzar hacia una nueva etapa política mientras una parte esencial de la estructura chavista continúa aferrada a las alianzas que definieron el proyecto de Hugo Chávez.
Y devuelve al centro una vieja cuestión que durante décadas permaneció sin resolver: la responsabilidad de quienes estaban en la cúspide del poder cubano cuando el Estado decidió derribar los aviones de Hermanos al Rescate.
Treinta años después, Florida sostiene que esa responsabilidad debe ser examinada ante un tribunal. El PSUV, antes de que ese juicio siquiera pueda celebrarse, ya ha elegido de qué lado colocarse.
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