La Fiscalía de Nueva York vincula a cubanos residentes en Rusia con complots de asesinato dirigidos desde Moscú

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Nueva York. PLC | El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a los cubanos Oemis Romagoza Durruthy y Yaidel Delgado Suárez por presuntamente integrar una red clandestina vinculada a los servicios de inteligencia de Rusia, dedicada a financiar terrorismo, coordinar complots de asesinato y planear ataques contra infraestructuras militares y civiles en países europeos aliados de Ucrania. La acusación, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, sitúa a ambos como reclutadores dentro de la denominada Red RIS, una estructura que, según la Fiscalía estadounidense, operaba desde 2024 para rastrear disidentes rusos en Estados Unidos y Europa y organizar atentados en territorio europeo.

El fiscal general Todd Blanche anunció que cinco personas fueron imputadas, entre ellas tres supuestos miembros de alto rango: Yuri Khrameev, conocido como “coronel Yuri” y exoficial de inteligencia ruso; su hijo Kirill Khrameev, oficial del Servicio Federal de Seguridad (FSB); y el propio Romagoza Durruthy, quien esta misma semana fue señalado en una investigación de Deutsche Welle y otros medios europeos como responsable del reclutamiento de agentes que realizaron o planearon sabotajes en al menos tres países de Europa. La acusación también incluye al venezolano Ángel Eduardo Castro, residente en Estados Unidos, presuntamente encargado de vigilar a un disidente ruso en el área de Washington D.C.

Según el Departamento de Justicia, Romagoza Durruthy coordinó viajes, logística y operaciones de la Red RIS en Europa. En junio de 2024 habría organizado un ataque en Praga, enviando a un participante a posibles lugares de atentado y facilitando su desplazamiento. En septiembre del mismo año habría coordinado otro ataque en Lituania, reservando pasajes y manteniendo comunicaciones constantes con los implicados. Lituania lo incluyó posteriormente en una lista de personas buscadas a nivel internacional. La acusación señala además que en noviembre de 2025 Romagoza recibió información sobre una vivienda en Estados Unidos perteneciente a una presunta víctima, que luego fue vigilada por otro miembro de la red.

Delgado Suárez, conocido como “Viking”, habría intentado reclutar personas dentro de Estados Unidos para ejecutar atentados en Europa. La Fiscalía sostiene que ambos cubanos actuaban como nodos de captación dentro de una estructura que utilizaba aplicaciones de mensajería cifrada para discutir asesinatos por encargo, coordinar vigilancia y acordar pagos. Los cinco acusados permanecen en libertad y enfrentan penas de hasta 20 años por conspiración para financiar terrorismo y entre tres y diez años por conspiración para cometer asesinato.

El caso introduce un elemento inesperado en la relación entre Cuba, Rusia y Estados Unidos. Aunque los acusados residen en Rusia y no se ha alegado participación del Estado cubano, la presencia de ciudadanos cubanos en una red de operaciones clandestinas vinculada a Moscú añade una dimensión delicada para La Habana, que mantiene una alianza estratégica con el Kremlin en medio de la guerra en Ucrania. La acusación llega en un momento en que varios países europeos han denunciado operaciones de sabotaje atribuidas a redes rusas que emplean reclutas extranjeros para evitar trazabilidad directa hacia los servicios de inteligencia de Moscú.

La imputación también coincide con un aumento de investigaciones periodísticas sobre la presencia de ciudadanos latinoamericanos —incluidos cubanos— en estructuras de espionaje, reclutamiento y operaciones encubiertas rusas. El caso Romagoza Durruthy, ahora bajo acusación formal en Estados Unidos y con orden de búsqueda internacional en Lituania, se convierte en uno de los episodios más visibles de esa tendencia.

La dimensión geopolítica es evidente: Washington acusa a Moscú de operar redes clandestinas en su territorio y en Europa; Europa investiga sabotajes vinculados a agentes reclutados fuera de Rusia; y Cuba aparece en el expediente por la nacionalidad de dos presuntos reclutadores, en un momento en que el Gobierno cubano profundiza su alineación con el Kremlin. La acusación no solo describe delitos graves, sino que revela un patrón de operaciones que apunta a una estrategia rusa de externalización de tareas de vigilancia, infiltración y violencia política.

La pregunta que queda abierta es hasta dónde llegará este caso. Si los acusados son detenidos, el proceso judicial podría exponer detalles sobre la estructura operativa de la Red RIS, sus métodos de reclutamiento y su alcance en Europa y Estados Unidos. Si permanecen en Rusia, el caso se convertirá en otro punto de fricción entre Washington y Moscú, con implicaciones indirectas para La Habana. En cualquier escenario, la presencia de dos cubanos en una red de asesinatos vinculada a los servicios de inteligencia rusos añade un capítulo inesperado a la relación triangular entre Cuba, Rusia y Estados Unidos, y abre una grieta que la diplomacia cubana difícilmente podrá ignorar.