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La Habana reconoce la incertidumbre: el Gobierno admite que no sabe si las 176 reformas económicas funcionarán

La incertidumbre económica coincide con un contexto político extremadamente delicado. La desaprobación del presidente Miguel Díaz-Canel alcanzó el 95%, según el Informe sobre el estado de los derechos sociales 2026 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos . Foto del viceministro de RR.EE. Carlos Fernández Cossió, archivo.

Redacción Central

La Habana. PLC | El Gobierno cubano ha reconocido públicamente que desconoce cuál será el resultado del paquete de 176 medidas económicas aprobado este año, el más profundo desde la década de 1960. En medio de una policrisis que combina inseguridad alimentaria, apagones, inflación, deterioro de servicios públicos y presión creciente de Estados Unidos, La Habana admite que está entrando en un territorio desconocido. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, lo dijo sin rodeos: “No podemos saber cuál será el resultado final, pero debemos hacer algo para modificar la realidad actual” .

Las reformas, discutidas durante más de 15 años, buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana. Incluyen la apertura de cuentas bancarias en divisas, la autorización para que empresas privadas reciban pagos del exterior, la posibilidad de abrir cuentas bancarias fuera del país, la creación de agencias de viajes privadas y la regulación de oficinas de representación y contratos de turoperadores extranjeros. También permiten que empresas radicadas en el exterior contraten directamente a trabajadores cubanos, eliminando la mediación obligatoria de las agencias estatales .

El paquete forma parte de un giro mayor que, según Fernández de Cossío, constituye “la transformación económica más profunda” desde los años sesenta. La Habana reconoce que esperó durante años un “mejor momento” para aplicar estas medidas, pero concluyó que ese escenario nunca llegaría. “Tenemos que hacerlo ahora”, afirmó el vicecanciller, admitiendo que las reformas generan preocupación dentro del propio Gobierno .

La incertidumbre económica coincide con un contexto político extremadamente delicado. La desaprobación del presidente Miguel Díaz-Canel alcanzó el 95%, según el Informe sobre el estado de los derechos sociales 2026 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos . Sin embargo, Fernández de Cossío sostiene que los cubanos no se manifestarán contra el Gobierno. Afirma que, aunque exista desacuerdo con políticas internas, la población rechaza cualquier intervención estadounidense. “Quiero mi país, no quiero que esto sea Puerto Rico”, dijo, argumentando que los cubanos “saben el resultado en cada país donde Estados Unidos ha intervenido”.

La presión de Washington ha aumentado de forma notable en 2026. La administración de Donald Trump ha impuesto un bloqueo petrolero de facto, ha presentado una acusación formal contra Raúl Castro y ha intensificado los señalamientos contra GAESA, el conglomerado militar que controla sectores estratégicos de la economía cubana. Además, ha amenazado con sanciones a compañías extranjeras que mantengan vínculos comerciales con el Gobierno cubano o con GAESA, lo que ha afectado al ya debilitado sector turístico y ha provocado la salida de operadoras hoteleras internacionales .

La crisis energética también se ha agravado. Cuba ha enfrentado desconexiones totales del Sistema Eléctrico Nacional, con efectos severos para la población. Fernández de Cossío acusó a Estados Unidos de celebrar estos colapsos como “triunfos”, mientras el Gobierno cubano intenta recuperar la estabilidad del sistema eléctrico .

Las reformas económicas aprobadas en junio se inscriben en un proceso más amplio que incluye la apertura al mercado, la creación de bancos privados, la liquidación de empresas estatales que no soporten la devaluación y el fin de los subsidios universales, según reportes de prensa internacional. El paquete de 176 medidas retoma debates iniciados en el VI Congreso del Partido Comunista en 2011, cuando se aprobaron los Lineamientos de la Política Económica y Social, muchos de los cuales quedaron pendientes o se aplicaron parcialmente. Ahora, La Habana busca acelerar la apertura sin ceder el control político del PCC sobre el proceso .

El Gobierno cubano se encuentra así en una encrucijada histórica: enfrenta la peor crisis económica en décadas, una presión externa sin precedentes y un descontento social profundo. Aun así, insiste en que la población no se rebelará y que las reformas representan la única vía para evitar un colapso mayor. La admisión de incertidumbre sobre el futuro económico del país marca un cambio notable en el discurso oficial, tradicionalmente caracterizado por la seguridad y la retórica triunfalista.

La Habana ha decidido avanzar sin garantías. El resultado, como reconoce su propio vicecanciller, es desconocido. Pero el Gobierno afirma que ya no puede esperar más.


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