Reconocer responsabilidad implica admitir que existe una dimensión interna de la crisis. No determina por sí solo cuál es el peso de las sanciones estadounidenses frente a las decisiones del Gobierno cubano, pero hace más difícil presentar la situación del país exclusivamente como consecuencia de factores externos. Foto CBS captura redes sociales.
CUBA-GOBIERNO
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La Habana. PLC | Por primera vez en mucho tiempo, uno de los principales diplomáticos del régimen cubano ha pronunciado una frase que rompe, al menos parcialmente, con el discurso utilizado durante décadas para explicar la crisis nacional.
El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío, en una entrevista con el programa estadounidense 60 Minutes, admitió que el Gobierno cubano “tiene mucha responsabilidad” en la situación que atraviesa el país. Al mismo tiempo, y fiel a la confrontación política con Washington, sostuvo que “es en EE.UU. donde debería haber reforma política”.
La segunda afirmación pertenece al repertorio habitual de La Habana. La primera es mucho más incómoda.
Durante décadas, el Gobierno cubano ha colocado las sanciones estadounidenses en el centro de su explicación del deterioro económico y social de la Isla. Por eso importa que un funcionario del rango de Fernández de Cossío admita públicamente que el propio Gobierno tiene una responsabilidad considerable.
Y la declaración llega en un momento particularmente difícil para sostener que los problemas de Cuba pueden explicarse únicamente desde Washington.
El Observatorio Cubano de Conflictos acaba de documentar durante octubre 542 protestas, denuncias y expresiones críticas en la Isla. La inseguridad ciudadana encabezó el registro con 119 casos, seguida por 104 relacionados con los servicios públicos. El informe contabilizó además 88 eventos clasificados como desafíos al Estado policial, entre ellos 24 protestas presenciales.
No se trata, por tanto, únicamente de estadísticas económicas. El descontento se manifiesta alrededor de problemas mucho más elementales: electricidad, agua, seguridad ciudadana y capacidad de los servicios públicos para responder a las necesidades de la población. El informe recoge protestas asociadas a los apagones y señala que aproximadamente 2,5 millones de cubanos sufrían interrupciones del suministro de agua, el 88 % relacionadas con problemas eléctricos.
El cuadro energético de comienzos de noviembre refuerza esa percepción. La Unión Eléctrica pronosticó para la noche del lunes una afectación de 1.922 MW, con solamente 958 MW disponibles frente a una demanda de 2.850 MW. Varias unidades termoeléctricas estaban averiadas o en mantenimiento y las limitaciones de la generación térmica alcanzaban los 607 MW.
Ahí es donde las palabras de Fernández de Cossío adquieren una dimensión política que trasciende la entrevista.
Reconocer responsabilidad implica admitir que existe una dimensión interna de la crisis. No determina por sí solo cuál es el peso de las sanciones estadounidenses frente a las decisiones del Gobierno cubano, pero hace más difícil presentar la situación del país exclusivamente como consecuencia de factores externos.
Las cifras del Observatorio Cubano de Conflictos muestran además que el problema ha dejado de limitarse al terreno estrictamente económico. Apagones prolongados, falta de agua, acumulación de basura, inseguridad y denuncias de represión aparecen simultáneamente entre las preocupaciones registradas durante octubre.
Incluso la disminución del número de protestas y denuncias registradas por el observatorio requiere cautela. Fueron 542 en octubre frente a 663 en septiembre, un descenso del 18,25 %. Pero el propio Observatorio Cubano de Conflictos advierte que esa reducción no significa que hayan mejorado las condiciones del país ni que haya disminuido necesariamente el descontento.
Ese contexto convierte la admisión del vicecanciller en algo más que una frase desafortunada o una concesión retórica durante una entrevista.
Si el Gobierno tiene, como reconoce Fernández de Cossío, “mucha responsabilidad”, la pregunta inevitable es qué parte de esa responsabilidad está dispuesto a asumir políticamente y qué reformas está dispuesto a emprender.
Porque reconocer responsabilidad sin modificar las políticas que contribuyen a la crisis puede terminar siendo apenas una variación del discurso.
El problema para La Habana es que la realidad cotidiana deja cada vez menos espacio para explicaciones simples. Un sistema eléctrico incapaz de cubrir buena parte de la demanda, millones de personas afectadas por problemas con el agua, protestas vinculadas a los servicios básicos y un creciente sentimiento de inseguridad forman parte de un deterioro que difícilmente puede atribuirse a una sola causa externa.
Durante años el Gobierno cubano ha encontrado en Washington un adversario al que atribuir buena parte de sus dificultades. Las sanciones estadounidenses existen y tienen efectos sobre la economía cubana. Pero las palabras de uno de los propios vicecancilleres introducen ahora un elemento que el discurso oficial difícilmente puede ignorar: también existe responsabilidad en La Habana.
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