CUBA-BIENESTAR ANIMAL
Redacción Central
La Habana. PLC | La muerte brutal de un perro en el reparto Vista Alegre, en Holguín, ha vuelto a exponer una realidad que el Gobierno cubano intenta maquillar con decretos simbólicos: en Cuba, los animales siguen completamente indefensos. La agresión, denunciada por la organización Bienestar Animal Cuba (BAC), no es un hecho aislado, sino el síntoma de un sistema que permite que la violencia se repita sin consecuencias reales.
El caso ocurrió cuando un perro mediano, de pelaje amarillo y blanco, caminaba asustado con una soga al cuello y buscó refugio entre dos viviendas de la calle González Claver. Según el presidente de BAC, Javier Larrea, un vecino identificado como Alejandro Batista comenzó a golpear al animal sin motivo aparente. Poco después, otro individuo, Noel Santana, continuó la agresión hasta matarlo. La escena se desarrolló ante la mirada impotente de varios vecinos que intentaron detener el ataque y ofrecieron llevar al perro a una clínica veterinaria, incluso asumiendo todos los gastos. La respuesta fue un rechazo rotundo.
La justificación posterior —que el animal supuestamente tenía rabia— encendió aún más la indignación. Larrea recordó que una sospecha de rabia activa protocolos sanitarios del Ministerio de Salud Pública, no linchamientos. La rabia es una enfermedad que exige intervención veterinaria, cuarentena y análisis, no golpes. La violencia, por tanto, no solo fue injustificada, sino ilegal desde el punto de vista sanitario.
El episodio revela la brecha entre el discurso oficial y la realidad. Cuba aprobó un Decreto-Ley de Bienestar Animal que, en teoría, debería proteger a los animales. En la práctica, activistas coinciden en que la normativa es insuficiente, ambigua y carente de mecanismos reales de aplicación. El maltrato animal no está tipificado como delito penal severo, y las sanciones administrativas —multas de apenas tres mil pesos— no disuaden a nadie.
El protector y activista Alberto Luis Cruz lo resume con crudeza: los refugios sobreviven gracias a donaciones del exterior, no por apoyo estatal. El Estado no financia rescates, no garantiza atención veterinaria pública y no tramita casos de maltrato con seriedad. “Si la persona que maltratara o matara a un animal fuera encerrada en la cárcel y tuviera juicio, las personas se limitarían más. Pero mientras eso no pase, en Cuba seguirá aumentando el maltrato animal”, afirmó.
A la falta de infraestructura se suma la respuesta represiva ante la movilización ciudadana. El movimiento animalista independiente ha organizado marchas, campañas y denuncias públicas, pero la Seguridad del Estado suele responder con vigilancia, intimidación y represión. Los protectores que reclaman derechos para los animales son tratados como opositores políticos, no como actores sociales que buscan proteger seres sintientes.
La muerte del perro en Holguín es, por tanto, más que un acto de crueldad: es la evidencia de un país donde la violencia contra los animales se paga con impunidad, donde la sociedad civil carga sola con el rescate y donde el Estado se limita a sanciones simbólicas mientras reprime a quienes exigen cambios. El discurso oficial habla de bienestar animal; la realidad muestra golpes, indiferencia y silencio institucional. El caso vuelve a plantear una pregunta que Cuba no puede seguir evadiendo: ¿cuántos animales más deberán morir para que el Estado asuma su responsabilidad y convierta la protección animal en una política real, no en un decreto vacío
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