El maquillaje estadístico del régimen: IPS mira las cifras, no la violencia

CUBA-FEMINICIDIOS

La Habana. PLC Análisis | El artículo de IPS sobre feminicidios y violencia sexual en Cuba se presenta como una radiografía de la falta de estadísticas claras, pero termina funcionando, en la práctica, como un relato acomodado al marco institucional del régimen, que suaviza la dimensión política del problema y normaliza la insuficiencia del Estado como si fuera una mera cuestión técnica. El texto se apoya casi exclusivamente en fuentes oficiales o paraestatales, concede centralidad al Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (Ocig) y a la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), y solo menciona de pasada a los observatorios independientes, como el de Alas Tensas, para luego relativizar su aporte bajo el argumento de su “compromiso político”. El resultado es un artículo que describe la niebla estadística, pero evita nombrar al responsable de esa niebla: un Estado que controla la información, criminaliza el activismo y convierte la violencia de género en un dato administrativo más, sin asumirla como una crisis de derechos humanos.

IPS recoge que “los tribunales de Cuba cerraron el año pasado 49 casos de mujeres mayores de 15 años ‘asesinadas por razones de género’”, y que esa cifra supone una disminución respecto a los 76 juicios de 2024 y los 60 de 2023. La propia jurista citada por el reportaje, Arlín Pérez, desmonta la ilusión de mejora: “Esa estadística no me da triunfos de disminución real del problema, sino un reflejo de la demora de los procesos judiciales. No son las muertes de 2025”. Feminicidios y violencia sexual en Cuba carecen de cifras claras Sin embargo, el texto no lleva esa crítica hasta sus consecuencias políticas. Si los casos juzgados en 2025 corresponden sobre todo a 2023 y 2024, y si los procesos penales “están demorando dos o tres años” por carencias estructurales del aparato judicial, entonces la cifra oficial no solo es irrelevante como termómetro de la violencia: es parte del problema. Un Estado que tarda años en procesar asesinatos de mujeres, que no publica registros interoperables y que excluye de sus estadísticas los casos en que el agresor se suicida, no es un Estado que “carece de cifras claras”; es un Estado que produce deliberadamente opacidad.

La comparación con los datos de Alas Tensas es contundente. El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) ha documentado, desde 2019 hasta hoy, 366 feminicidios en Cuba, con un salto dramático en 2023 (90 casos) y cifras que se mantienen altas en 2024 (56), 2025 (49) y 2026 (50 hasta inicios de septiembre). Es decir, mientras el Ocig presenta un descenso en los casos juzgados y actualiza sus indicadores una vez al año, OGAT registra en tiempo real, caso a caso, los asesinatos de mujeres y niñas, con metodología pública, verificación comunitaria y alianzas con otras plataformas independientes. El propio artículo de IPS reconoce que “el Observatorio de Alas Tensas esté políticamente comprometido (contra el gobierno cubano), no quita que coloca en redes muchas veces la existencia de casos reales”, pero inmediatamente relega esa constatación a una nota marginal, sin integrar el contraste en el análisis central. Esa operación discursiva es clave: se admite que las cifras independientes son útiles, pero se las mantiene en el margen para no cuestionar de raíz la narrativa oficial.

El texto de IPS insiste en que en Cuba “no se utiliza textualmente el término feminicidio o femicidio” en el corpus legal, y presenta esa ausencia como una cuestión de técnica jurídica y estadística. Sin embargo, el problema no es solo terminológico. La negativa del Estado cubano a nombrar el feminicidio como tal forma parte de una estrategia más amplia: evitar reconocer la violencia de género como fenómeno estructural, con raíces en la impunidad, el autoritarismo y la desigualdad. Al reducir la discusión a si el Código Penal incluye o no la palabra, el artículo desplaza el foco desde la responsabilidad política hacia la ingeniería normativa. El dato de que el artículo 345.2 prevé penas máximas de 20 a 40 años, cadena perpetua o muerte no compensa el hecho de que el sistema judicial, por falta de recursos, voluntad o prioridad política, tarda años en procesar los casos y deja fuera de las estadísticas los asesinatos donde el agresor se suicida. El propio texto admite que “varios casos de femicidios no han juzgamientos porque el victimario se hubo suicidado justo después, y es un dato que no se procesa, ni se refleja en la estadística de la Ocig”, pero no explora el impacto de esa omisión en la percepción pública del problema.

La violencia sexual aparece en el artículo como otro ámbito con “subregistro muy grande”, debido al silencio de las víctimas y a los requisitos de perseguibilidad. IPS recoge que en 2025 se procesaron 173 casos de violencia sexual contra mujeres de 15 años y más, una caída notable frente a los 230 de 2024 y los 378 de 2023, y que la tasa ha bajado de 8,62 a 4,19 por cada 100 000 mujeres. Pero, de nuevo, el texto se queda en la constatación de que “esas cifras son muy poco representativas de la realidad” y que “una sufre mucho acoso cada día para que esos números digan algo”, sin articular la crítica política que se desprende de esa frase. Si las estadísticas oficiales de violencia sexual son tan bajas que resultan insultantes para las propias mujeres, entonces el problema no es solo el subregistro: es la falta de políticas públicas efectivas, la ausencia de campañas masivas de denuncia, la desconfianza en la policía y los tribunales, y el miedo a la revictimización en un sistema que sigue siendo patriarcal y autoritario.

El artículo menciona la creación, en noviembre de 2025, de la Oficina Especializada para la Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, con 40 sedes en la isla, y presenta la iniciativa como un avance institucional. “Para acompañar a las víctimas en el proceso, en noviembre de 2025, se inauguró en Cuba la Oficina Especializada para la Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, una iniciativa de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que ya tiene 40 sedes a lo largo de la isla”. Sin embargo, la propia abogada entrevistada reconoce que en sus primeros meses han atendido apenas unos 20 casos y que “aún no está todo lo visibilizada que quisiéramos. Por miedo, por pena, por estereotipos, las víctimas no logran acudir a estos lugares donde se les puede prestar ayuda”. El texto no se pregunta por qué una estructura con 40 sedes atiende tan pocos casos en un país donde OGAT registra decenas de feminicidios al año y donde el acoso y la violencia sexual son cotidianos. La respuesta no es técnica, sino política: sin libertad de asociación, sin prensa independiente fuerte, sin garantías de que denunciar no implica represalias, las oficinas especializadas corren el riesgo de convertirse en vitrinas institucionales más que en redes reales de protección.

El contraste entre el enfoque de IPS y el trabajo de Alas Tensas y otras organizaciones de derechos humanos sobre Cuba es, en el fondo, un contraste entre dos modelos de lectura de la realidad. OGAT desarrolla su registro “en un contexto de criminalización del activismo por parte del régimen cubano y de falta de políticas públicas efectivas para prevenir los feminicidios”, como explican en su propia metodología. Esa frase, ausente en el artículo de IPS, es clave: la violencia de género no se puede separar del contexto de represión política, control de la información y precariedad social. Un observatorio independiente que documenta 50 feminicidios en 2026, uno más que en todo 2025, y que mantiene bajo investigación otros 15 posibles casos y 20 intentos, está señalando una tendencia preocupante que no se resuelve con ajustes estadísticos ni con oficinas poco utilizadas.

El problema del texto de IPS no es que sus datos sean falsos, sino que su marco es insuficiente. Al centrarse en la “falta de cifras claras” y en las dificultades técnicas del sistema judicial, el artículo corre el riesgo de naturalizar la opacidad como una carencia neutra, cuando en realidad es una herramienta de poder. La demora de los procesos, la ausencia del término feminicidio en la ley, el subregistro de la violencia sexual, la invisibilización de niñas menores de 15 años y niños, y la baja utilización de las oficinas de atención no son fallos aislados: son piezas de un sistema que no quiere ser medido en toda su crudeza. Un periodismo crítico sobre Cuba no puede limitarse a describir la niebla; tiene que señalar quién la produce y quién se beneficia de que las víctimas sigan siendo, como dice la propia jurista, parte de “delitos de soledad”.

Para PLC, el ángulo necesario es claro: la violencia de género en Cuba no “carece de cifras claras” por accidente, sino por diseño. Mientras los observatorios independientes como Alas Tensas arriesgan su seguridad para documentar cada feminicidio, el Estado administra estadísticas parciales, excluye casos, demora procesos y presenta iniciativas institucionales que apenas se usan. El desafío no es solo mejorar los números, sino romper el pacto de silencio que convierte cada asesinato de una mujer en un expediente más y cada violación en un delito que se pierde en la soledad de la víctima.

Redacción Central PLC