El absurdo de los desalojos: cuando un local vacío vale más que una familia sin vivienda

CUBA – SOCIEDAD

Por Antonio Suárez Fonticiella | La Habana. Prensa Libre Cuba

Introducción: la contradicción que nadie explica

Cuba tiene edificios y locales estatales abandonados, pero también familias que no tienen dónde vivir. La pregunta es por qué unos permanecen vacíos hasta deteriorarse, mientras otros son expulsados cuando intentan convertirlos en un hogar. La contradicción es evidente y, sin embargo, sigue sin recibir una explicación coherente.

Miles de familias viven hacinadas, en viviendas con peligro de derrumbe, en albergues o en condiciones que difícilmente pueden considerarse dignas. Al mismo tiempo, existen locales estatales cerrados —antiguos comercios, almacenes, oficinas y otras instalaciones— que permanecen durante años sin una utilización efectiva.

Cuando una familia desesperada ocupa uno de esos espacios, la respuesta habitual no es convertir el inmueble en una solución habitacional. Es el desalojo.

La pregunta es simple: ¿Qué es más importante: conservar vacío un inmueble estatal o darle una función social cuando una familia necesita un techo?

Una crisis que viene de lejos

El problema habitacional cubano no nació con la crisis actual. En 2018, el Gobierno presentó una política para eliminar el déficit habitacional en diez años. El plan contemplaba construir 527.000 viviendas nuevas y rehabilitar 402.000.

La realidad posterior fue muy distinta.

• En 2023 se construyeron 16.065 viviendas.
• En 2024, apenas 7.427, el 55 % del plan anual.
• El déficit oficial citado entonces ascendía a 856.500 viviendas.

Mientras la necesidad crece, la capacidad de construcción disminuye. Y surge una pregunta inevitable: Si el Estado no puede construir suficientes viviendas, ¿por qué no aprovecha mejor las edificaciones que ya existen?

El local vacío y la familia desalojada

El problema adquiere rostro humano cuando se observan casos concretos.

• Santa Clara, 2022: el Gobierno desalojó a cuatro ocupantes de locales estatales y anunció nuevas expulsiones.
• Sagua de Tánamo, Holguín, 2023: una madre y sus dos hijos fueron desalojados de un local estatal que habían ocupado tras el derrumbe de su vivienda.

No se trata de justificar ocupaciones ilegales. Se trata de preguntar qué hace el Estado después de desalojar a una familia que reconoce no tener alternativa habitacional.

Desalojar resuelve un problema administrativo. No resuelve el problema de vivienda. Solo lo desplaza.

¿Por qué esperar al derrumbe?

El parque habitacional cubano está envejecido y deteriorado. Un análisis de 2026, basado en datos oficiales, muestra que las viviendas terminadas descendieron de 32.874 en 2020 a 7.427 en 2024.

El problema no es solo construir: es mantener, rehabilitar y gestionar lo existente.

Entonces surge otra pregunta: ¿Por qué un local estatal puede permanecer cerrado hasta convertirse en ruina, pero una familia que intenta convertirlo en vivienda es considerada el problema?

Un inmueble abandonado también se deteriora:

• una cubierta sin reparar se pierde,
• una instalación eléctrica sin mantenimiento se inutiliza,
• una estructura sin uso termina costando mucho más para recuperarse.

Cuando llega la demolición, desaparece una oportunidad que pudo haberse convertido en solución habitacional.

Las promesas y la realidad

Durante años, el discurso oficial ha presentado la vivienda como prioridad social. Díaz-Canel ha insistido en aprovechar capacidades locales y potencialidades constructivas.

El problema no es reconocer la necesidad. El problema son los resultados.

Tras años de planes y reuniones, la respuesta para el ciudadano sigue siendo la misma: no hay recursos, espere, haga los trámites, espere otra vez.

Mientras tanto: los años pasan, los niños crecen, las familias se hacinan, los edificios envejecen, los derrumbes continúan.

Cuando el Estado prefiere demoler

La demolición es necesaria cuando existe peligro estructural real. Lo discutible es qué ocurre después.

Si un edificio no puede conservarse, ¿por qué no estudiar antes la posibilidad de recuperar parte de su estructura? Si un antiguo comercio puede transformarse en viviendas, ¿por qué no hacerlo? Si un almacén puede convertirse en apartamentos, ¿por qué no evaluarlo?

No todo local puede convertirse en vivienda. Pero tampoco todos los locales abandonados tienen como único destino la demolición.

La nueva legislación y una paradoja

En 2026, el nuevo marco legal amplía posibilidades de acceso a la vivienda y contempla mecanismos para gestionar inmuebles abandonados. AP reportó que la legislación permite tener dos viviendas urbanas y una de descanso, además de conservar propiedades de emigrados.

El proyecto de Ley de Vivienda también prevé que el Estado pueda reclamar viviendas abandonadas y ponerlas a disposición de los municipios.

Es decir, el propio debate legislativo reconoce que los inmuebles abandonados pueden ser parte de la solución.

Entonces, ¿por qué esa lógica no se aplica con mayor fuerza a los locales estatales vacíos?

El problema no es solo construir: es administrar

Cuba necesita:

• un inventario público de locales estatales vacíos,
• saber cuántos pueden rehabilitarse,
• determinar cuáles pueden convertirse en viviendas,
• publicar cuáles serán demolidos y por qué,
• explicar por qué una familia que ocupa un inmueble abandonado debe ser expulsada sin alternativa habitacional.

Solo así se pasaría de una política de “desalojo y cierre” a una de “reconversión y solución”.

El costo humano de esperar

Las estadísticas no recogen el precio que paga una familia que espera una vivienda durante diez años:

• hacinamiento,
• generaciones compartiendo una habitación,
• niños sin espacio,
• ancianos en viviendas deterioradas,
• madres sin saber dónde vivirán sus hijos,
• jóvenes que concluyen que para tener una vivienda digna hay que emigrar.

Un reportaje de 2026 muestra cómo la falta de vivienda influye en decisiones familiares y migratorias. Cuando un país pierde a sus jóvenes por falta de oportunidades, pierde futuro.

La pregunta que queda sobre la mesa

No se trata de defender ocupaciones ilegales. Tampoco de afirmar que todo local abandonado puede convertirse en vivienda.

Se trata de exigir sentido común, transparencia y prioridad social.

Antes de derribar un inmueble estatal, deberían responderse preguntas básicas:

• ¿Puede recuperarse?
• ¿Puede convertirse en vivienda?
• ¿Cuántas familias necesitan casa en ese municipio?
• ¿Cuánto costaría rehabilitarlo frente a construir nuevo?
• ¿Por qué permaneció vacío durante años?

Y si debe demolerse: ¿Dónde está el plan para sustituir las viviendas que pudieron haberse obtenido de ese inmueble?

Una sociedad con cientos de miles de personas esperando vivienda no puede permitirse desperdiciar espacios que podrían convertirse en hogares.

Conclusión

El fracaso no está solo en que una familia ocupe un local estatal. El fracaso comienza cuando un local permanece vacío durante años, nadie lo utiliza, nadie lo repara, nadie lo convierte en vivienda y finalmente se derriba mientras una familia sigue esperando un techo.

Cuba no necesita únicamente construir más. Necesita dejar de desperdiciar lo que todavía puede servir.

La pregunta más incómoda es esta: ¿Cuántas viviendas podrían haberse creado si parte de los locales estatales abandonados se hubieran convertido, a tiempo, en hogares?

Esa respuesta debería formar parte de cualquier debate serio sobre la crisis habitacional cubana.