ESPAÑA-CUBA-EE.UU
Redacción Central
Nueva York. PLC | La posición del Gobierno español frente a la nueva ofensiva de Estados Unidos contra el entramado económico del régimen cubano marca un punto de inflexión en la política europea hacia La Habana. En Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que España “siempre va a defender a sus empresas” y rechazó tanto la extraterritorialidad de las sanciones estadounidenses como cualquier uso de la fuerza en América Latina. La declaración, realizada en un acto del Atlantic Council, llega en un momento en que Washington amenaza con multas millonarias a compañías extranjeras que mantengan vínculos con GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana.
La advertencia estadounidense no es retórica. Según reportes recientes, la Administración de Donald Trump prepara sanciones que podrían afectar a empresas de sectores tan amplios como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad, pero cuyo alcance real podría extenderse a cualquier compañía que “trafique” con bienes o servicios vinculados al Ejecutivo cubano. Las hoteleras españolas Meliá e Iberostar, con decenas de instalaciones operadas junto a la filial militar Gaviota, figuran entre las más expuestas. El riesgo principal no es solo la sanción directa: los bancos con intereses en Estados Unidos podrían negarse a procesar pagos relacionados con Cuba, cerrando de facto el acceso al crédito y paralizando operaciones.
La respuesta de Madrid combina diplomacia y pragmatismo. Albares subrayó que la postura española cuenta con el respaldo de la Comisión Europea y que cualquier acción respecto a Cuba debe respetar la soberanía de la isla y el derecho internacional. En paralelo, el Gobierno mantiene un canal de diálogo con las autoridades cubanas para proteger los intereses españoles y los de la comunidad latinoamericana. La defensa política se complementa con gestos humanitarios: España continúa enviando alimentos, medicinas y paneles solares para aliviar la crisis energética y sanitaria que golpea a la población cubana.
Pero la situación sobre el terreno es más compleja. La patronal catalana Foment del Treball alertó en 2025 de que cerca de 300 empresas españolas —en su mayoría pymes— enfrentaban impagos acumulados del Gobierno cubano por unos 350 millones de euros. La creación de la Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno Cubano evidenció que el deterioro económico de la isla no solo afecta a las grandes hoteleras, sino también a exportadores medianos y pequeños que llevan años sin cobrar. En junio de 2026, Meliá e Iberostar dejaron de operar en Cuba justo antes del plazo fijado por Estados Unidos para que las empresas extranjeras rompieran sus vínculos con GAESA.
El choque entre Washington y Madrid revela dos visiones opuestas sobre cómo relacionarse con el régimen cubano. Para Estados Unidos, la presión económica es un instrumento para debilitar la estructura militar que sostiene al Gobierno. Para España, la estabilidad de sus empresas y la continuidad del diálogo diplomático son prioridades que justifican resistir la extraterritorialidad de las sanciones. En el fondo, se trata de una disputa sobre la legitimidad de intervenir en la arquitectura económica de un país tercero y sobre el papel que debe jugar Europa en un escenario donde la política estadounidense busca aislar a La Habana.
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