CUBA-ECONOMÍA-SANCIONES
Redacción Central
La Habana, 16 de octubre. PLC | Estados Unidos ha abierto un nuevo frente de presión contra el Gobierno cubano al sancionar al Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), una entidad estatal fundamentalmente vinculada a empresas estatales, compañías extranjeras y empresas mixtas, acusándola de prestar servicios financieros desde al menos 2022 al iraní Karafarin Bank, sancionado por Washington desde 2020.
La medida, anunciada el jueves 15 de octubre por el secretario de Estado Rubio, trasciende el castigo contra una institución bancaria. La Administración de Donald Trump ha colocado la relación financiera entre La Habana y Teherán dentro de un problema de seguridad nacional estadounidense y ha advertido que continuará identificando y tratando de cortar los vínculos financieros y de seguridad del Gobierno cubano con Irán y otros actores que considera hostiles.
El Departamento de Estado sostiene que BICSA ha prestado servicios a Karafarin Bank desde al menos 2022, aunque su comunicado no especifica qué tipo de operaciones fueron realizadas entre ambas instituciones. Karafarin Bank había sido sancionado por el Departamento del Tesoro en 2020 bajo la Orden Ejecutiva 13902.
Rubio utilizó un lenguaje inusualmente severo para justificar la decisión. Afirmó que Estados Unidos no tolerará terrorismo, crimen organizado ni fuerzas extrarregionales que extiendan una influencia contraria a los intereses estadounidenses en el hemisferio. Acusó además a Cuba de haber funcionado durante demasiado tiempo como plataforma para actores y grupos hostiles, mencionando explícitamente a Irán.
La acusación más grave fue aún más lejos. Rubio afirmó que la Administración Trump no tolerará que un Estado considerado hostil por Washington albergue operaciones militares, de inteligencia o terroristas extranjeras a menos de cien millas del territorio estadounidense. El comunicado oficial, sin embargo, no presenta en este anuncio detalles sobre operaciones concretas de ese tipo ni vincula una operación específica de BICSA con actividades terroristas.
Esta distinción es importante. Washington sí afirma categóricamente que BICSA prestó servicios a Karafarin Bank, pero el comunicado divulgado el jueves no detalla la naturaleza, el volumen ni las cantidades correspondientes a esas operaciones.
La consecuencia inmediata para el banco cubano es severa. Todos sus bienes e intereses en bienes que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y tienen que ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La prohibición alcanza también a las entidades poseídas en un 50% o más, individual o conjuntamente, por personas bloqueadas.
Pero probablemente el golpe más delicado no sea cuánto dinero pueda tener BICSA directamente bajo jurisdicción estadounidense, sino el efecto de la sanción sobre su capacidad para operar internacionalmente.
El Departamento de Estado advirtió expresamente que personas extranjeras, incluidas instituciones financieras, pueden enfrentar riesgos de sanciones si realizan operaciones con personas designadas bajo la Orden Ejecutiva 14404 o participan en determinados sectores cubanos incluidos en esa orden, entre ellos servicios financieros, energía, defensa, metales, minería y seguridad. Washington pide específicamente a las instituciones financieras no estadounidenses actuar con cautela en cualquier relación con una entidad sancionada bajo esta autoridad.
La OFAC introdujo, sin embargo, una precisión significativa. Estados Unidos ha indicado que no pretende sancionar a entidades extranjeras por las operaciones ordinariamente necesarias para desprenderse o terminar relaciones existentes con BICSA, o con empresas en las que el banco posea directa o indirectamente al menos un 50%, hasta el 14 de noviembre de 2026. Después de esa fecha, la advertencia adquiere otra dimensión para las instituciones financieras que mantengan esos vínculos.
Para personas y compañías bajo jurisdicción estadounidense, la situación es diferente: la OFAC precisa que ese período no constituye una autorización para realizar transacciones prohibidas y recuerda que esas personas ya tenían restringidas sus operaciones con BICSA, salvo autorización aplicable.
La trascendencia potencial de la medida radica precisamente ahí. BICSA está relacionado con operaciones de comercio exterior y mantiene entre sus clientes a empresas estatales, compañías extranjeras y empresas mixtas. Además, algunas compañías estadounidenses autorizadas para exportar alimentos y otros bienes a Cuba, empresas extranjeras y negocios privados cubanos mantienen cuentas en la institución, según información publicada tras conocerse las sanciones.
Esto abre una incómoda contradicción para Washington. Una medida concebida para apretar financieramente al Estado cubano puede generar también dificultades para actores económicos privados o extranjeros que necesitan operar dentro del sistema bancario de la Isla. Un empresario cubanoamericano dedicado a exportar productos a Cuba declaró que la sanción afectará a numerosas personas y cuestionó su compatibilidad con la política estadounidense de favorecer una mayor apertura al sector privado.
La decisión contra BICSA tampoco constituye un movimiento aislado.
El 30 de septiembre, el Departamento de Estado había anunciado que la OFAC publicó nuevas regulaciones para aplicar la Orden Ejecutiva 14404 y modificó las tradicionales regulaciones de control de activos cubanos. Washington explicó entonces que pretendía ampliar y endurecer la presión sobre el aparato militar y de inteligencia cubano, las redes que considera subversivas o vinculadas al terrorismo y sus facilitadores financieros.
La Administración de Trump expresó explícitamente su intención de utilizar todas las facultades disponibles en materia de sanciones para impulsar lo que denomina reformas significativas en Cuba, apoyar las aspiraciones de libertad de los cubanos y responsabilizar a individuos y entidades considerados una amenaza para la seguridad estadounidense.
La ofensiva financiera adquiere así una dimensión diferente de las sanciones tradicionales. Washington intenta que el costo de mantener determinadas relaciones económicas con el Estado cubano no recaiga exclusivamente sobre las empresas de Estados Unidos. Al advertir a bancos e instituciones de terceros países sobre posibles riesgos, aumenta la posibilidad de que entidades extranjeras opten por reducir voluntariamente sus operaciones con Cuba para evitar exponerse al sistema sancionador estadounidense. Esa sería una consecuencia posible de las advertencias emitidas por Washington, aunque su alcance real dependerá de cómo reaccionen esas instituciones.
Para La Habana, el momento difícilmente podría ser peor. El país atraviesa una crisis de liquidez, severos problemas energéticos y crecientes dificultades para sostener sus operaciones económicas internacionales. Ahora una institución utilizada para canalizar operaciones comerciales con el exterior queda sometida a una presión adicional que puede aumentar la cautela de bancos y empresas extranjeras.
La ofensiva tiene además un claro componente geopolítico. Rubio no presentó la sanción simplemente como respuesta a una infracción bancaria. La situó dentro de una estrategia dirigida contra las conexiones entre Cuba e Irán y dentro de la determinación de Washington de combatir la presencia de actores extrarregionales considerados hostiles en el Caribe.
Ese cambio de lenguaje es tan importante como la propia sanción. La política estadounidense hacia Cuba está dejando de formularse exclusivamente en términos de democracia, derechos humanos y represión para incorporar cada vez más una perspectiva de seguridad nacional y confrontación geopolítica.
La Habana puede insistir en que las sanciones son responsables del estrangulamiento de la economía cubana, y no cabe minimizar que nuevas restricciones financieras complican aún más las operaciones internacionales del país. Pero ese argumento tampoco elimina la pregunta que Washington está colocando ahora sobre la mesa: por qué, en medio de la peor crisis económica cubana en décadas, una institución financiera estatal mantuvo relaciones con un banco iraní sometido a sanciones estadounidenses desde 2020.
La Administración Trump parece haber decidido que la respuesta será financiera antes que diplomática.
Y lo anunciado contra BICSA sugiere que el objetivo va más allá de congelar activos. Se trata de elevar progresivamente el costo internacional de mantener determinados vínculos con las estructuras estatales cubanas y obligar a bancos, empresas y gobiernos extranjeros a calcular con mayor cuidado hasta dónde están dispuestos a llegar en sus relaciones económicas con La Habana.
Para un Gobierno cubano necesitado de divisas, crédito y socios comerciales, ese puede terminar siendo un golpe considerablemente mayor que la inclusión de otro nombre en una lista de sanciones.
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