Estocolmo. PLC Análisis | La política de Estados Unidos hacia Cuba atraviesa en 2026 una de sus etapas más duras desde el fin de la Guerra Fría. La administración de Donald Trump no se ha limitado a restaurar las restricciones de su primer mandato. Ha construido un sistema de presión considerablemente más amplio, capaz de alcanzar a funcionarios, empresas estatales, bancos, sectores estratégicos y, potencialmente, a operadores extranjeros que mantienen determinadas relaciones económicas con La Habana.
La pregunta fundamental, sin embargo, sigue siendo esencialmente la misma que ha acompañado a la política estadounidense durante más de seis décadas: ¿hasta qué punto las sanciones consiguen modificar el comportamiento del régimen cubano y favorecer una apertura democrática, y hasta qué punto terminan agravando las condiciones económicas de una población que no controla las decisiones de su Gobierno?
No existe una respuesta simple.
Estados Unidos mantiene un embargo económico integral contra Cuba cuyo origen se remonta a 1962. Con el paso del tiempo aquella política dejó de depender exclusivamente de decisiones presidenciales. La Cuban Democracy Act de 1992 y, sobre todo, la Helms-Burton de 1996 incorporaron buena parte de la estructura del embargo a la legislación estadounidense, limitando considerablemente la capacidad de un presidente para desmontarlo por sí solo.
De ahí una de las características esenciales del conflicto: cada administración puede endurecer o flexibilizar numerosos elementos de la política, pero la eliminación completa del embargo requeriría la intervención del Congreso.
Barack Obama intentó modificar la lógica tradicional mediante el restablecimiento de relaciones diplomáticas, mayor intercambio, viajes y apertura económica. Donald Trump, durante su primer mandato, realizó el movimiento contrario. Joe Biden mantuvo una parte importante de las restricciones heredadas, aunque introdujo aperturas particularmente dirigidas hacia las remesas, los servicios financieros, Internet y el sector privado cubano. En mayo de 2024, por ejemplo, el Tesoro amplió determinadas autorizaciones para empresarios privados y servicios financieros.
El segundo gobierno de Donald Trump ha vuelto a modificar radicalmente la ecuación.
El memorando presidencial NSPM-5, firmado el 30 de junio de 2025, estableció como principio que los recursos económicos debían dirigirse hacia los cubanos y alejarse de los organismos militares, de inteligencia y seguridad del Estado. La política restringió nuevamente las transacciones con entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA, reforzó las restricciones de los viajes turísticos y, al menos formalmente, estableció como objetivos fomentar los derechos humanos, la empresa privada, el acceso a Internet y la sociedad civil.
Esa distinción constituye probablemente uno de los aspectos conceptualmente más defendibles de la estrategia estadounidense: intentar separar al Estado cubano de la sociedad cubana.
La Cuba Restricted List del Departamento de Estado incluye precisamente entidades consideradas bajo control o actuando en nombre de los aparatos militares, de inteligencia o seguridad, entre ellas GAESA, CIMEX, Gaviota, los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Interior y numerosos establecimientos turísticos. El argumento oficial es que las transacciones con esas entidades benefician desproporcionadamente al aparato estatal frente al ciudadano y la empresa privada.
Pero durante 2026 Washington ha ido mucho más lejos.
El 29 de enero, Donald Trump declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y estableció un mecanismo que permite imponer aranceles adicionales a productos procedentes de países que suministren petróleo directa o indirectamente al Gobierno cubano. La Casa Blanca justificó la decisión en términos de seguridad nacional y política exterior.
Después llegó un instrumento todavía más importante. La Orden Ejecutiva 14404, del 1 de mayo de 2026, habilitó sanciones contra actores vinculados con sectores como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad y contra quienes proporcionen determinados apoyos materiales o financieros al Gobierno cubano o a personas bloqueadas conforme a esa orden.
El Tesoro convirtió posteriormente esa arquitectura en un nuevo marco regulatorio. Desde el 30 de septiembre están en vigor las nuevas Cuba Sanctions Regulations, junto a modificaciones de las tradicionales Cuban Assets Control Regulations. La consecuencia es un sistema de sanciones sensiblemente más amplio que el heredado de décadas anteriores.
Washington ha acompañado esa estructura con sucesivas designaciones. En septiembre, por ejemplo, el Departamento de Estado anunció sanciones contra cinco entidades y una persona relacionadas, según el Gobierno estadounidense, con los servicios financieros, la minería y la energía. Entre ellos aparecieron el Banco Exterior de Cuba y Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro.
Y la presión continúa. El 15 de octubre, Estados Unidos designó al Banco Internacional de Comercio, BICSA. OFAC estableció hasta el 14 de noviembre un período de no aplicación dirigido a determinadas entidades extranjeras que necesiten deshacer operaciones relacionadas con el banco, mientras recordó que las personas sujetas a jurisdicción estadounidense continúan sujetas a las prohibiciones correspondientes.
Donde Washington tiene razón
Hay un argumento difícil de ignorar a favor de las sanciones selectivas: el sistema económico cubano no puede analizarse como si Estado, Fuerzas Armadas y actividad empresarial fueran compartimentos independientes.
Precisamente por ello tiene lógica que una política encaminada a favorecer una transición democrática intente evitar que los dólares procedentes del turismo y determinadas operaciones financieras terminen fortaleciendo estructuras vinculadas al aparato militar y de seguridad. Esa es explícitamente la filosofía de la política estadounidense actual.
También existe un segundo argumento. Levantar unilateralmente las sanciones sin contraprestación alguna eliminaría instrumentos de negociación sin garantizar liberación de presos políticos, pluralismo, elecciones libres o libertades civiles.
La continuidad de la represión tampoco es simplemente un argumento de Washington. Un informe de la Government Accountability Office publicado en enero de 2025 describió a Cuba como un Estado autoritario de partido único que restringe derechos básicos, y recordó que Estados Unidos mantiene programas destinados a promover democracia y derechos humanos en la Isla.
Por tanto, sería igualmente reduccionista afirmar que todas las sanciones carecen de justificación y que Washington debería normalizar sus relaciones económicas ignorando la naturaleza política del régimen.
El problema aparece cuando las medidas selectivas se transforman en una presión económica tan amplia que la distinción entre Estado y sociedad comienza a desaparecer.
El punto débil: castigar al régimen sin castigar a Cuba
Aquí reside probablemente la mayor contradicción de la estrategia estadounidense.
La Casa Blanca declara que pretende privar de recursos al régimen y simultáneamente proteger y fortalecer al pueblo cubano. El NSPM-5 contiene explícitamente ese planteamiento.
Pero cuanto más amplias son las restricciones sobre energía, banca, comercio y actores extranjeros, más difícil resulta garantizar que sus consecuencias terminen exclusivamente en las estructuras gubernamentales.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales realizó una visita oficial a Cuba en noviembre de 2025 y concluyó posteriormente que las sanciones y la denominada “sobreobservancia” de terceros estaban teniendo consecuencias sobre la población, especialmente los sectores vulnerables. También sostuvo que las excepciones y licencias generales existentes no siempre neutralizaban esos problemas debido a dificultades prácticas y administrativas.
En agosto de 2026, expertos de Naciones Unidas fueron todavía más críticos y vincularon la creciente presión estadounidense con dificultades en energía, transporte y otros servicios esenciales. Esa es la posición de esos expertos de la ONU, no una comprobación de que las sanciones sean la causa única de la crisis cubana.
Y esa última distinción resulta fundamental.
Atribuir el colapso económico de Cuba exclusivamente a Estados Unidos sería ignorar décadas de centralización, restricciones a la iniciativa privada y deficiencias estructurales internas. Pero afirmar que un embargo financiero y comercial de enorme alcance carece de efectos económicos sería igualmente difícil de sostener.
Incluso la magnitud concreta del daño continúa siendo materia de discusión académica. Un análisis publicado por el economista Pavel Vidal Alejandro señala que existe un amplio debate sobre la eficacia de las sanciones y destaca estudios que consideran que afectan a las familias sin producir democratización; trabajos económicos más recientes continúan discutiendo cuánto del deterioro cubano debe atribuirse al embargo y cuánto al propio sistema económico.
Precisamente ahí se encuentra el problema intelectual de buena parte del debate sobre Cuba: convertir dos factores simultáneos en explicaciones mutuamente excluyentes.
Cuba puede padecer las consecuencias de las sanciones estadounidenses y, al mismo tiempo, sufrir las consecuencias de su propio modelo económico. Una realidad no elimina la otra.
Sesenta años y una pregunta incómoda
La prueba definitiva de cualquier política debería ser su capacidad para cumplir los objetivos que ella misma establece.
Y después de más de seis décadas resulta inevitable señalar un dato político elemental: el embargo no ha producido una transición democrática en Cuba.
Eso no significa que las sanciones sean irrelevantes. Pueden limitar recursos disponibles para determinados organismos, aumentar el coste de ciertas operaciones internacionales, castigar personalmente a responsables de la represión y proporcionar a Washington capacidad de negociación.
Pero confundir capacidad de presión con eficacia política sería un error.
La longevidad del régimen cubano constituye por sí misma una advertencia sobre los límites de la coerción económica como instrumento de democratización.
Existe además un coste diplomático importante. El 29 de octubre de 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a reclamar el fin del embargo por 165 votos contra siete y 12 abstenciones. El resultado fue menos favorable a La Habana que el de 2024, cuando habían votado 187 países contra dos, pero Estados Unidos permaneció claramente en minoría internacional.
Curiosamente, la reducción del respaldo diplomático a Cuba en 2025 demuestra también que Washington puede obtener resultados mediante instrumentos distintos del embargo. Países europeos modificaron su posición en aquella votación señalando, entre otros aspectos, la postura cubana ante la guerra de Rusia contra Ucrania y las informaciones sobre cubanos combatiendo del lado ruso.
Ese episodio debería formar parte del análisis estratégico estadounidense.
El verdadero dilema de la Casa Blanca
La alternativa real no tiene por qué ser embargo total o normalización incondicional.
Una política más sofisticada podría concentrar la presión sobre dirigentes, represores, organismos militares, estructuras financieras estatales y empresas directamente subordinadas a los centros de poder mientras preserva, en la mayor medida posible, canales económicos para ciudadanos, familias, trabajadores privados y sociedad civil.
Paradójicamente, esa filosofía aparece parcialmente incorporada en la formulación oficial estadounidense. La propia administración afirma que quiere promover la empresa privada, el acceso a Internet, la libertad de prensa y la sociedad civil mientras desvía recursos del aparato estatal.
El problema no está tanto en ese objetivo como en la dificultad de mantenerlo cuando la presión pasa de ser quirúrgica a sistémica.
Las sanciones personales contra responsables de actos represivos transmiten un mensaje político claro y asignan responsabilidad individual. Las restricciones contra conglomerados militares pueden dificultar que recursos procedentes del exterior fortalezcan directamente estructuras de poder. Las medidas que facilitan Internet, información independiente y actividad empresarial privada pueden ampliar espacios fuera del control estatal.
Pero una estrategia que deteriore indiscriminadamente la capacidad energética, financiera y comercial del país corre el riesgo de producir el efecto contrario: empobrecer aún más a una sociedad cuyo Estado conserva los mecanismos políticos, policiales y distributivos necesarios para administrar la escasez.
Además proporciona al régimen cubano un recurso propagandístico formidable: la posibilidad de atribuir a Washington prácticamente cualquier fracaso económico interno.
Ahí reside posiblemente el mayor desacierto histórico de la política estadounidense.
Durante décadas, La Habana ha dispuesto simultáneamente de un modelo económico extremadamente ineficiente y de un adversario externo real al que responsabilizar de sus consecuencias. El embargo no inventó las deficiencias estructurales del sistema cubano, pero facilita enormemente al Gobierno utilizarlas políticamente.
Por ello, la discusión relevante ya no debería formularse simplemente en términos de estar “a favor” o “en contra” del embargo.
La pregunta más útil es otra: ¿qué sanciones modifican realmente el comportamiento del poder y cuáles únicamente aumentan el sufrimiento de quienes carecen de poder?
Estados Unidos tiene razones legítimas para exigir libertades políticas, liberación de presos, respeto a los derechos humanos y una economía donde el ciudadano no esté subordinado al Estado. También tiene derecho a sancionar individuos y organizaciones que considere responsables de determinadas conductas conforme a su legislación.
Pero si el objetivo último es contribuir a una Cuba democrática, cada medida debería evaluarse no por la severidad del castigo que impone, sino por su capacidad demostrable para acercarse a ese resultado.
Después de más de sesenta años, esa sigue siendo la asignatura pendiente de Washington: transformar presión económica en una estrategia política capaz de distinguir con precisión entre el régimen que pretende debilitar y la sociedad cubana que afirma querer ayudar.
Sé el primero en comentar