CUBA-CRISIS ENERGÉRICA
La Habana. PLC | La Fiscalía provincial de Artemisa informó que cuatro personas están implicadas en los hechos ocurridos el 2 de septiembre en la Central Termoeléctrica Máximo Gómez Báez, en Mariel, donde dos individuos ajenos al centro cortaron cables energizados del canal de suministro de agua de la Unidad 8 y se apropiaron de 135 metros de cable de 19 vías. El incidente dejó sin generación a la unidad de manera abrupta, aunque la actuación inmediata de los trabajadores evitó daños mayores al Sistema Eléctrico Nacional.
Según la nota divulgada por Cubadebate, dos de los implicados —los autores directos— permanecen en prisión provisional, mientras que dos custodios que no detectaron el hecho están bajo fianza. La Fiscalía asegura que se radicó un expediente por “sabotaje” e “incumplimiento del deber de preservar los bienes en entidades económicas”, y que se ocuparon 67 metros de cable pertenecientes a la vía afectada.
Pero más allá de la narrativa oficial, los hechos describen un robo de cables, un delito común en un país donde la crisis económica ha disparado el mercado clandestino de materiales eléctricos. No hay indicios de una operación organizada para dañar el sistema eléctrico nacional, ni de motivaciones políticas, ni de un ataque estructurado contra la infraestructura energética. Lo que sí hay es una infraestructura en ruinas, una red eléctrica colapsada y un Gobierno que insiste en presentar cada incidente como parte de una supuesta guerra interna.
El régimen cubano lleva años utilizando el término “sabotaje” para encubrir el deterioro profundo de las termoeléctricas, cuyo estado es consecuencia directa de décadas de abandono, falta de inversión, corrupción y mala gestión. Cada apagón prolongado se explica por roturas, falta de piezas, ausencia de mantenimiento y la imposibilidad de sostener plantas que ya deberían haber sido reemplazadas hace veinte años. Sin embargo, la narrativa oficial prefiere señalar a “delincuentes”, “vándalos”, “elementos antisociales” o al “bloqueo”, antes que admitir que el sistema eléctrico cubano se cae porque el Estado lo dejó caer.
El caso de Mariel es un ejemplo más de cómo el Gobierno intenta convertir delitos comunes en actos de sabotaje para justificar la crisis energética y reforzar la idea de un país asediado. Mientras tanto, la población sigue enfrentando apagones interminables, plantas paralizadas y un discurso oficial que evita la verdad esencial: la infraestructura eléctrica de Cuba está en estado terminal, y no por culpa de ladrones de cables ni de sanciones externas, sino por la negligencia sistemática de quienes han administrado el país durante décadas.
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