Acuerdo político para un Estado de Derecho en Cuba: una hoja de ruta civilista para la transición

CUBA-POLÍTICA

La Habana. PLC / El anuncio de un “Acuerdo político para un Estado de Derecho en Cuba”, suscrito por Manuel Cuesta Morúa y Roberto Veiga González, marca un nuevo intento de articular una salida democrática, ordenada y profunda a la crisis estructural del país. El documento, firmado entre el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) y el Centro de Acción Política “Cuba Próxima”, se propone trabajar en la sociedad cubana —plural y transnacional— sobre bases civilistas, democráticas e inclusivas, con el objetivo explícito de construir un Estado de Derecho que garantice el bienestar general y la responsabilidad social.

El contexto no es menor. Cuba Próxima, que durante años funcionó como centro de estudios sobre el Estado de Derecho, ha decidido convertirse en un Centro de Acción Política, ante la gravedad de las circunstancias políticas, sociales y humanitarias que atraviesa la nación. Esa transformación implica pasar del análisis y la propuesta a la acción política programática: una plataforma de solución nacional, de carácter civilista y democrático, orientada a la renovación de la República bajo los principios de libertad y justicia, con democracia e inclusión social y política, y con una apuesta explícita por el bienestar y la atención a las personas en situación de desventaja.

En ese marco, el acuerdo con el CTDC adquiere una dimensión estratégica. Cuesta Morúa, que ha impulsado desde el Consejo una agenda mínima de transición y una “acción constitucional ciudadana”, viene promoviendo iniciativas para desmontar el monopolio político del Partido Comunista, empezando por la reforma del artículo 5 de la Constitución, que consagra al PCC como “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. La propuesta del CTDC es utilizar los propios mecanismos legales de la Carta Magna —en particular el artículo 227, que permite reformas con el respaldo de al menos 50.000 electores certificados— para abrir el sistema político a la pluralidad real del país.

El acuerdo entre el CTDC y Cuba Próxima se inscribe precisamente en esa lógica: una transición “de la ley a la ley”, pero orientada a desmontar el partido único y a sentar las bases de un Estado de Derecho efectivo. La centralidad del pacto está en la defensa de una transición serena y profunda, que evite tanto la violencia como la improvisación, y que apueste por una reconstrucción institucional basada en la separación de poderes, la garantía de derechos fundamentales, la justicia independiente y la inclusión política de todas las corrientes democráticas. Se trata de un enfoque civilista que rechaza soluciones de fuerza y privilegia la negociación, el consenso y la reconciliación nacional.

Cuba Próxima aporta a este esfuerzo un acervo programático ya elaborado: propuestas para la consolidación de un Estado de Derecho, la democratización del sistema político, la reforma económica y la protección social. Su nueva estructura —con una Junta Directiva que define las líneas estratégicas y una Secretaría Ejecutiva encargada de llevarlas a la práctica— se complementa con un Consejo Político integrado por ciudadanos de reconocida solvencia ética, llamado a ejercer funciones de consulta, arbitraje táctico y preservación de la disciplina y la ética de la plataforma.

El CTDC, por su parte, ha venido articulando una coalición opositora que busca canalizar la diversidad política y social del país hacia una agenda común de transición. Su énfasis en la reforma constitucional, en la participación ciudadana y en el uso de herramientas legales disponibles dentro del propio sistema cubano, pretende demostrar que la democratización no tiene por qué ser sinónimo de caos, sino de institucionalización de la pluralidad. La alianza con Cuba Próxima refuerza esa apuesta, al sumar capacidad de análisis, redes transnacionales y una plataforma política que se declara abiertamente comprometida con la libertad, la justicia y la inclusión.

El acuerdo también subraya la dimensión transnacional de la sociedad cubana. No se trata solo de trabajar dentro de la isla, sino de articular a la diáspora —dispersa por América y Europa— como parte activa de la reconstrucción republicana. La idea de una Cuba plural y transnacional implica reconocer que la nación desborda las fronteras del Estado y que cualquier proyecto de transición debe integrar a quienes han sido expulsados o han emigrado por razones políticas, económicas o familiares. Esa visión conecta con otras iniciativas, como el “Acuerdo por una Cuba Libre”, que plantea bases para una transición democrática con participación de actores dentro y fuera del país, y que insiste en la necesidad de asistencia internacional, prohibición de la violencia, liberación de presos políticos y desmantelamiento del control partidista sobre el Estado y la economía.

El “Acuerdo político para un Estado de Derecho en Cuba” no es, por tanto, un gesto aislado, sino un eslabón en una cadena de esfuerzos que buscan construir una hoja de ruta creíble para la transición. Su valor reside en combinar tres elementos que rara vez se articulan de forma coherente: una visión programática clara (Estado de Derecho, democracia, inclusión, bienestar), una estrategia legal e institucional (reforma constitucional, acción ciudadana, uso de la ley) y una plataforma política organizada (Cuba Próxima como centro de acción, CTDC como consejo de transición, y un entramado de actores cívicos y políticos dentro y fuera de la isla).

Queda por ver hasta qué punto este acuerdo logrará traducirse en fuerza social efectiva dentro de Cuba, donde el control estatal sobre la vida política sigue siendo férreo y la represión contra la disidencia, intensa. Pero el hecho de que se plantee una transición “serena y profunda”, basada en el Estado de Derecho y en la responsabilidad social, introduce un lenguaje distinto al de la confrontación pura: un lenguaje que habla de reconciliación, de pluralismo y de reconstrucción institucional, y que podría convertirse en referencia obligada cuando la crisis del modelo actual haga inevitable un cambio de rumbo.

En un país acostumbrado a los pactos impuestos desde arriba, este acuerdo entre el CTDC y Cuba Próxima aspira a ser, en cambio, un pacto construido desde la sociedad civil, con vocación de República y con la mirada puesta en una Cuba donde la ley deje de ser instrumento de dominación y se convierta, por fin, en garantía de libertad y justicia para todos.