DERECHOS HUMANOS
Madrid. PLC / Cinco años después del estallido social del 11 de julio de 2021, el régimen cubano llega al aniversario con un nuevo récord de represión. Según el informe publicado por Prisoners Defenders, 1.306 cubanos están actualmente sometidos a persecución política, de los cuales 820 permanecen en prisión por motivos políticos. La cifra, la más alta documentada por la organización, confirma que La Habana ha ampliado su aparato represivo y ha diversificado sus objetivos.
El informe señala que solo en junio se verificaron 32 nuevos presos políticos, mientras otros siete salieron de la lista tras cumplir íntegramente sus condenas. La organización mantiene además 21 expedientes en proceso de verificación, lo que indica que el número real podría ser aún mayor.
Uno de los datos más graves es el incremento de menores encarcelados. Prisoners Defenders documenta 40 presos políticos que fueron detenidos siendo menores de edad, el número más alto registrado hasta la fecha. De ellos, 16 permanecen recluidos en prisiones para adultos, y otros 16 —todos vinculados al 11J— fueron condenados por sedición a penas medias de cinco años de cárcel. La organización denuncia que el régimen continúa aplicando sanciones desproporcionadas contra adolescentes y jóvenes, pese a las críticas internacionales.
El perfil de las víctimas también ha cambiado. La represión ya no se concentra únicamente en activistas opositores tradicionales, sino en ciudadanos con capacidad de influencia social, especialmente en redes. Entre los nuevos presos políticos figuran los creadores del canal de YouTube Despingovery Channel, Eduardo Ceballos Pérez (“Eddy Jones”) y Christian Rodríguez Riverón, acusados de espionaje y revelación de secretos por grabar instalaciones militares abandonadas y denunciar el deterioro de infraestructuras. El informe también incluye al rapero MC K-LIBRE, detenido tras protestas contra los apagones en La Habana, así como periodistas, médicos, líderes religiosos y jóvenes con presencia digital.
Prisoners Defenders describe una estrategia de “represión preventiva”: el régimen identifica y neutraliza a ciudadanos que podrían informar, movilizar o influir en distintos sectores de la sociedad. La vigilancia digital, el control territorial y la criminalización de la crítica se han convertido en herramientas centrales del aparato de seguridad.
El aniversario del 11J llega en un contexto de colapso energético, apagones prolongados, inflación desbordada y deterioro acelerado de los servicios básicos. La combinación de crisis estructural y endurecimiento represivo dibuja un país más vigilado y más castigado que en 2021. Para la organización, el mensaje del régimen es claro: impedir que la memoria del 11J se convierta en motor de nuevas movilizaciones.
Cinco años después, Cuba no ha cerrado la herida del 11J. La ha profundizado. Y el informe de Prisoners Defenders revela que la respuesta del Estado no ha sido reformar, sino reprimir más y a más personas, ampliando el alcance de la persecución y endureciendo las penas. En un país donde la estabilidad depende del control social, el aumento de presos políticos es un indicador inequívoco: el régimen teme otro estallido y actúa para evitarlo.
Descubre más desde Prensa Libre Cuba
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
