Cuba escala en la lista mundial de desapariciones forzadas: el 11J abrió una herida que sigue abierta

CUBA-DERECHOS HUMANOS

Redacción Central

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La Habana. PLC | Cuba acumula ya 217 solicitudes urgentes ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Es una cifra que coloca a la isla en el cuarto lugar mundial en este tipo de denuncias, solo por detrás de México, Irak y Colombia, países marcados por conflictos armados, crimen organizado y décadas de violencia estructural. Que Cuba aparezca en esa lista, y tan arriba, revela una realidad que el Gobierno intenta ocultar: la desaparición forzada se ha convertido en una práctica recurrente del aparato de seguridad del Estado.

La mayoría de los casos corresponden al período posterior al 11 de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles en las mayores protestas registradas en la isla desde 1959. Durante esos días y semanas, cientos de ciudadanos fueron detenidos sin información oficial sobre su paradero. Familias que no sabían en qué estación policial estaban sus hijos, abogados que no podían acceder a expedientes, activistas que desaparecían durante horas o días en manos de la Seguridad del Estado. La ONU recibió entonces una avalancha de solicitudes urgentes que no ha dejado de crecer.

El patrón es claro: detenciones sin orden judicial, incomunicación prolongada, interrogatorios sin registro, traslado de detenidos entre unidades sin notificación a familiares, y uso de centros de seguridad como Villa Marista donde no existe supervisión judicial independiente. En muchos casos, las personas reaparecen días después, ya procesadas, ya amenazadas, ya advertidas de que cualquier denuncia pública empeoraría su situación. En otros, la desaparición temporal funciona como mecanismo de castigo y disuasión. La práctica no es nueva, pero desde el 11J se ha institucionalizado.

El Gobierno insiste en que Cuba es un país seguro, sin violencia estructural y con instituciones sólidas. Sin embargo, los datos de Naciones Unidas contradicen esa narrativa. Que la isla esté en el mismo grupo estadístico que México, Irak y Colombia no se explica por crimen organizado ni por guerra interna. Se explica por la acción directa del Estado. La desaparición forzada en Cuba no es producto del caos, sino de la disciplina. No es un fenómeno criminal, sino político.

El impacto social es profundo. Las familias viven entre el miedo y la impotencia. Los activistas saben que cualquier acción pública puede terminar en horas de silencio forzado. Los periodistas independientes trabajan bajo la amenaza constante de ser “desaparecidos” temporalmente para impedirles cubrir un hecho. La desaparición forzada se ha convertido en un instrumento de control, una herramienta para quebrar la voluntad de protesta y para mantener a la sociedad en un estado de incertidumbre permanente.

La comunidad internacional observa con preocupación. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Cubalex y Justicia 11J han documentado decenas de casos con nombres, fechas y testimonios verificables. El Comité contra la Desaparición Forzada ha solicitado explicaciones al Gobierno cubano, pero las respuestas han sido evasivas, incompletas o simplemente inexistentes. La falta de transparencia es parte del problema: sin acceso a registros policiales, sin independencia judicial y sin libertad de prensa, la desaparición forzada se convierte en un agujero negro institucional.

El 11J marcó un antes y un después. No solo por la magnitud de las protestas, sino porque reveló la estructura represiva del Estado en su forma más cruda. Desde entonces, la desaparición temporal se ha utilizado para neutralizar a líderes comunitarios, intimidar a jóvenes, castigar a opositores y silenciar a periodistas. Es un mecanismo que no deja marcas visibles, pero que destruye vidas y erosiona la confianza social.

Cuba aparece hoy en una lista que nunca debió integrar. Ser el cuarto país del mundo con más solicitudes urgentes por desapariciones forzadas no es un accidente estadístico: es el reflejo de un sistema que ha convertido la ausencia forzada en política de Estado. Mientras el Gobierno habla de estabilidad y reformas económicas, la ONU registra nombres de personas que desaparecen en manos de la Seguridad del Estado. Esa contradicción define el momento actual de la isla: un país donde el silencio se impone por decreto y donde la desaparición temporal se ha convertido en una forma de gobernar.