Por Marta Pérez
Estocolmo. PLC / Hay fechas que un pueblo no puede permitirse olvidar. El 13 de julio es una de ellas. Ese día, en 1994, el régimen cubano quedó señalado por uno de los episodios más oscuros de su historia: el hundimiento del remolcador “13 de Marzo”, una tragedia en la que murieron 37 cubanos, entre ellos diez niños, mientras intentaban escapar de un país convertido en una prisión.
Las dictaduras necesitan controlar el presente, pero también el pasado. Por eso intentan reescribir la historia, silenciar a las víctimas y sembrar dudas donde existen testimonios, nombres y familias destrozadas. El caso del remolcador “13 de Marzo” representa precisamente esa lucha entre la memoria y el olvido.
Los sobrevivientes relataron que varios remolcadores estatales embistieron repetidamente la embarcación y lanzaron potentes chorros de agua contra quienes viajaban en ella hasta provocar su hundimiento. La versión oficial negó cualquier responsabilidad y presentó el hecho como un accidente. Sin embargo, nunca existió una investigación independiente, transparente y creíble que permitiera esclarecer plenamente lo ocurrido ni establecer responsabilidades.
Cuando un Estado controla la policía, los tribunales, la fiscalía y la prensa, la impunidad deja de ser una excepción para convertirse en una política de poder.
El remolcador “13 de Marzo” no fue únicamente una tragedia marítima. Fue el reflejo de un sistema que durante décadas negó libertades fundamentales y llevó a miles de cubanos a considerar el mar como la única puerta de salida. Ninguna persona arriesga la vida con sus hijos en una embarcación precaria por aventura; lo hace porque siente que quedarse representa una condena aún mayor.
Treinta y dos años después, la realidad demuestra que las causas profundas que empujaron a aquellas familias a huir siguen presentes. Cuba continúa perdiendo a cientos de miles de ciudadanos que abandonan la isla por cualquier vía posible. Cambian las rutas, cambian los gobiernos extranjeros, pero el origen del éxodo sigue siendo el mismo: un régimen incapaz de ofrecer libertad, prosperidad y esperanza.
La memoria del remolcador también adquiere un significado especial tras las protestas del 11 de julio de 2021 y la represión que les siguió. Aunque los hechos fueron distintos, existe un mismo patrón: el uso del aparato del Estado para sofocar cualquier intento de los ciudadanos de ejercer sus derechos. Cambian las circunstancias, pero persiste la lógica de la impunidad.
Recordar el 13 de julio no significa alimentar el resentimiento. Significa rechazar la mentira como política de Estado. Significa afirmar que ninguna sociedad democrática puede construirse sobre el silencio impuesto ni sobre el olvido de sus víctimas.
Los pueblos que olvidan los crímenes del autoritarismo corren el riesgo de normalizarlos. La memoria no busca venganza; busca verdad. La justicia no pretende reabrir heridas; pretende cerrarlas de manera digna.
Las víctimas del remolcador “13 de Marzo” tenían nombres, familias y sueños. Eran niños que nunca llegaron a crecer, madres que buscaban un futuro para sus hijos y ciudadanos cuyo único “delito” fue querer vivir en libertad.
Mientras no exista una investigación independiente, mientras no haya responsabilidades esclarecidas y mientras las familias continúen esperando respuestas, el caso del remolcador “13 de Marzo” seguirá siendo una deuda pendiente con la historia de Cuba.
Una nación verdaderamente libre no se construye ocultando sus tragedias. Se construye reconociéndolas, honrando a las víctimas y garantizando que nunca más un cubano tenga que morir por intentar escapar de su propio país.
Porque la memoria es el primer paso hacia la justicia. Y sin justicia, no puede haber una verdadera reconciliación nacional.
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