EE.UU-VENEZUELA PETROLEO
Washington. PLC | La confirmación de la Casa Blanca sobre la “privatización” del sector petrolero venezolano mediante un contrato de cien años marca un giro histórico en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, y redefine el equilibrio energético del hemisferio. El acuerdo, revelado oficialmente el 31 de agosto de 2026, otorga a North American Blue Energy Partners (NABEP) —empresa privada propiedad del venezolano Alejandro Betancourt, investigado en Suiza y España por presunto lavado de dinero vinculado a PDVSA— la concesión de 17 campos petroleros que acumulan alrededor de 65.000 millones de barriles en reservas comprobadas.
La operación no es simplemente un pacto comercial: es una reconfiguración estructural del poder energético continental. Según la ficha informativa del Departamento de Estado, el acuerdo otorga a Estados Unidos el control mayoritario de esas reservas, expandiendo sus reservas territoriales comprobadas de 46.000 a más de 110.000 millones de barriles. Washington lo presenta como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y como la garantía de su dominio energético para el próximo siglo, sin coste para el contribuyente estadounidense.
El diseño del pacto revela una arquitectura de control político, militar y económico. NABEP concede al Pentágono, a través de la Oficina de Capital Estratégico, el 35% de su empresa matriz, asegurando dividendos potenciales de cientos de miles de millones de dólares para Estados Unidos. El Departamento de Estado obtiene el derecho de comprar, a precio de coste, el 20% garantizado de toda la producción presente y futura de NABEP, además de la opción preferente sobre el 80% restante. Esto permite a Washington reabastecer su Reserva Estratégica de Petróleo —hoy en mínimos históricos— y asegurar suministro para usos militares y “otros fines sensibles”.
El acuerdo también establece que cualquier nombramiento en la junta directiva de NABEP podrá ser vetado por el gobierno estadounidense, y que todo el pacto queda bajo jurisdicción exclusiva de tribunales de Estados Unidos. La empresa se compromete a invertir hasta 100.000 millones de dólares en infraestructura petrolera dentro de Venezuela, una industria devastada tras años de colapso operativo.
La dimensión política es inevitable. El gobierno interino de Delcy Rodríguez —instalado tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero— presenta el acuerdo como una vía para la recuperación económica. Pero analistas citados por El País advierten que la industria venezolana tardará años en poder operar a la escala que exige el pacto, y que un futuro gobierno podría repudiarlo. También señalan las sombras que rodean a Betancourt, cuya presencia en el centro del mayor acuerdo petrolero del continente añade un elemento de incertidumbre jurídica y reputacional.
Estados Unidos asegura un suministro estratégico en su hemisferio, desplaza a actores extrarregionales y consolida una estructura de gobernanza energética que trasciende coyunturas políticas. Venezuela, por su parte, queda atada a un esquema de dependencia petrolera administrado desde Washington, con una empresa privada —propiedad de un magnate cuestionado— como intermediaria de su recurso más crítico.
El pacto inaugura un siglo de petróleo bajo tutela estadounidense. Sus implicaciones económicas, jurídicas y geopolíticas apenas comienzan a desplegarse. Pero ya es claro que no se trata solo de un acuerdo energético: es la instauración de un nuevo orden petrolero en el continente, con Venezuela como territorio estratégico y NABEP como instrumento de una reconfiguración que marcará la política regional durante décadas.
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