Estados Unidos destierra migrantes a “países terceros”: los cubanos atrapados en la nueva maquinaria de expulsión

ESTADOS UNIDOS-DESTIERRO MIGRANTES

Redacción Central

Washington. PLC | La política de deportaciones de Estados Unidos ha entrado en una fase cualitativamente distinta: ya no se trata solo de devolver a las personas a sus países de origen, sino de desterrarlas a “países terceros” con los que no tienen ningún vínculo. Desde 2025, la Administración Trump ha firmado al menos 35 acuerdos secretos que permiten enviar migrantes, refugiados y solicitantes de asilo a Estados de África, América Latina, el Caribe y Asia Central, en un esquema que organizaciones de derechos humanos describen como una demostración de fuerza diseñada para infundir miedo y disuadir cualquier intento de llegar a territorio estadounidense.

Según el seguimiento conjunto de Human Rights First y Refugees International, entre enero de 2025 y agosto de 2026 más de 23 000 personas han sido trasladadas forzosamente a 26 “países terceros”, la mayoría sin lazos legales ni personales con esos lugares. Casi 20 000 han sido enviados a México, mientras que más de 2 700 han sido deportados a otros países de América Latina y el Caribe, y más de 330 a Estados africanos. Entre junio y mediados de agosto de 2026 se realizaron al menos 33 vuelos de deportación hacia 12 países, incluidos destinos tan dispares como República Centroafricana, Costa Rica, Dominica, Paraguay o Sierra Leona.

El caso de Nika, una mujer iraní de 32 años entrevistada por The Guardian, ilustra la brutalidad del mecanismo: fue subida a un avión junto a otras 17 personas, esposadas, sin que nadie les informara del destino. Solo al aterrizar supo que había sido deportada a la República Centroafricana, un país del que algunos de los pasajeros nunca habían oído hablar. “Nunca me dijeron que me iban a deportar a este país. No sé nada de África”, relató. Ese mismo patrón se repite con migrantes de múltiples nacionalidades, incluidos cubanos, que son enviados a países donde quedan en un limbo jurídico, sin redes de apoyo y expuestos a nuevas expulsiones en cadena.

Los informes de Human Rights First y Refugees International describen un sistema opaco que provoca detenciones arbitrarias, separaciones familiares y “refoulement en cadena”: personas que huyen de persecución son enviadas a un tercer país, que a su vez las expulsa hacia el mismo lugar del que escaparon. La lógica es clara: como la ley estadounidense prohíbe devolver directamente a alguien a un país donde corre riesgo de persecución, se utiliza el atajo de los “países terceros” para vaciar de contenido esa protección.

Para los cubanos, este esquema supone un cambio radical respecto a décadas de políticas migratorias que, con altibajos, reconocían la especificidad del exilio cubano. Ahora, quienes huyen del régimen y logran llegar a Estados Unidos pueden ser enviados a países de tránsito o de acogida “terceros” en América Latina, el Caribe o incluso África, sin garantías reales de protección. Los vuelos hacia Costa Rica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Bahamas o Jamaica —documentados en el rastreador de deportaciones— incluyen personas de diversas nacionalidades, entre ellas cubanos, que quedan atrapados en sistemas migratorios frágiles, muchas veces sin posibilidad de regularizar su situación y con riesgo de ser devueltos a la isla.

La dimensión política de esta estrategia es evidente. La creación de la Office of Remigration dentro del Departamento de Estado, dirigida por figuras abiertamente hostiles a la inmigración, institucionaliza una visión en la que los migrantes son tratados como piezas negociables en acuerdos bilaterales. Estados Unidos ha comprometido al menos 410 millones de dólares para asegurar estos acuerdos con 35 países, muchos de ellos con graves antecedentes en materia de derechos humanos. A cambio de recursos financieros y apoyo político, esos gobiernos aceptan recibir personas que no conocen, que no hablan sus idiomas y que no tienen redes en sus territorios, convirtiéndose en socios activos de una política que organizaciones como Human Rights First califican de “cruel y contraria al derecho internacional”.

Para los cubanos, el mensaje es doblemente inquietante. Por un lado, la Administración Trump busca disuadir cualquier intento de llegar a Estados Unidos, incluso por vías de asilo, mostrando que el resultado puede ser terminar en un país remoto, sin protección y sin horizonte. Por otro, se erosiona la idea de que el exilio cubano goza de un reconocimiento especial por la naturaleza del régimen en la isla. En la práctica, un cubano que huye de persecución política puede ser enviado a un “país tercero” donde no existe ninguna obligación histórica ni política de protegerlo, y donde las presiones de La Habana pueden operar con mayor facilidad.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el problema no es solo la geografía de las deportaciones, sino la lógica que las sustenta: externalizar la responsabilidad, pagar a otros Estados para que asuman el costo humano y político de la expulsión, y utilizar el miedo como herramienta de disuasión. Las organizaciones que han documentado estos casos advierten que se está vaciando de contenido la Convención de Refugiados y la Convención contra la Tortura, al convertir la protección en una ficción formal que se elude mediante acuerdos secretos y vuelos nocturnos.