CUBA-EE.UU-GUYANA
Georgetown, PLC | La llegada a Guyana de cuatro cubanos y dos afganos deportados desde Estados Unidos marca un giro significativo en la política migratoria regional y en la estrategia de Washington para gestionar a miles de extranjeros que no pueden ser devueltos a sus países de origen. Tras meses de negociaciones, el Gobierno del presidente Irfaan Ali aceptó recibir un número limitado de personas “cualificadas y no criminales” bajo un acuerdo temporal administrado por la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que Georgetown describe como un gesto de cooperación internacional y compromiso con los derechos humanos. Sin embargo, el arreglo revela una dinámica más compleja: Estados Unidos busca países dispuestos a recibir deportados de terceros países, mientras varias naciones del Caribe y América Latina se integran a un esquema que redefine la geopolítica migratoria del continente.
El primer grupo llegó el viernes en un vuelo especial de deportación. Según registros proporcionados por Estados Unidos, ninguno de los seis deportados tenía antecedentes penales y sus edades oscilan entre los 20 y los 36 años. El secretario de Asuntos Exteriores, Robert Persaud, confirmó a la agencia AP que las autoridades guyanesas verificaron la información antes de autorizar su entrada. Persaud insistió en que Washington no ha solicitado nuevas reubicaciones y que el acuerdo, de un año de duración, no implica reasentamiento permanente. Los deportados permanecerán en Guyana mientras se determina su estatus migratorio y podrán solicitar protección internacional si corresponde, con apoyo de la OIM y coordinación con ACNUR.
El Gobierno guyanés subraya que mantiene plena discreción para aceptar o rechazar cualquier caso y que solo recibirá personas que elijan voluntariamente trasladarse al país. La OIM cubrirá todos los costos de alojamiento, manutención, asistencia legal, comunicación con familiares y apoyo para la integración temporal. Guyana no asumirá gastos ni responsabilidades propias de admisión, suspensión legal o expulsión, que seguirán bajo control de Estados Unidos y de la agencia de la ONU. El acuerdo establece condiciones estrictas: la presencia de los deportados estará regulada por términos predefinidos y no equivaldrá a residencia abierta. Dependiendo del resultado de sus procesos migratorios, podrán regresar a su país de origen o trasladarse a otro destino que acepten.
Este marco se presenta como una extensión del compromiso de Guyana con la cooperación internacional, pero también como una expresión de la estrecha relación bilateral con Estados Unidos, fortalecida en los últimos años en materia de energía, seguridad, comercio e inversión. Guyana se suma así a más de 30 países que han firmado acuerdos similares con la Administración Trump para recibir deportados de terceros países. Entre ellos figuran Jamaica, Santa Lucía, Dominica, Granada, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves y varias naciones de América Latina, como Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, México, El Salvador, Belice, Paraguay y Ecuador. En todos los casos, se trata de personas que no son nacionales de los países receptores y que, en su mayoría, han sido rechazadas en procesos de asilo en Estados Unidos pero no desean regresar a sus países de origen.
El Gobierno guyanés había adelantado desde principios de año que se negociaba un marco de entendimiento con Washington. Persaud dejó claro entonces que Guyana conservaría el derecho de rechazo y que no aceptaría personas con antecedentes penales. También explicó que los deportados serían, en gran medida, individuos altamente cualificados que buscan un país dispuesto a recibirlos mientras resuelven su situación migratoria. La llegada de los primeros seis confirma que el acuerdo ya está en marcha y que Guyana ha decidido integrarse a una red hemisférica de cooperación migratoria que responde tanto a necesidades humanitarias como a intereses estratégicos.
La decisión ha generado atención internacional porque Guyana, un país con rápido crecimiento económico impulsado por el petróleo, se posiciona como socio confiable de Estados Unidos en la región. El acuerdo también plantea interrogantes sobre la capacidad del país para gestionar la llegada de extranjeros en situación migratoria irregular, aunque el Gobierno insiste en que la OIM asumirá toda la carga operativa y financiera. Para Washington, este tipo de acuerdos ofrece una vía para manejar casos complejos de deportación en un contexto donde muchos países se niegan a recibir a sus nacionales o donde los deportados temen regresar por razones de seguridad.
La llegada de cubanos y afganos a Guyana bajo este esquema abre un nuevo capítulo en la política migratoria regional. Para los deportados, representa una alternativa temporal en medio de procesos inciertos. Para Guyana, es una apuesta diplomática que refuerza su alianza con Estados Unidos. Y para el continente, es otro indicio de cómo la migración se ha convertido en un eje central de la geopolítica hemisférica, donde cada país negocia su papel entre la presión estadounidense, las obligaciones humanitarias y sus propias prioridades nacionales.
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