La herida racial que Cuba no logra cerrar

Estocolmo- PLC. La discriminación racial en Cuba nunca desapareció; simplemente quedó sumergida bajo un relato oficial que proclamaba su superación. Hoy, en medio de la crisis económica más profunda desde el colapso soviético, ese viejo conflicto vuelve a emerger con una nitidez incómoda. Organismos internacionales, académicos y activistas coinciden en que las desigualdades que afectan a la población negra no solo persisten, sino que se han hecho más visibles y más difíciles de ocultar.

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en sus observaciones más recientes sobre Cuba, expresa una preocupación creciente por la falta de avances reales. El organismo reconoce la existencia de programas oficiales, pero subraya que no hay datos verificables que demuestren mejoras. El CERD insiste en que Cuba no publica estadísticas desagregadas por raza, una omisión que considera incompatible con la evaluación seria de políticas públicas. Sin datos, advierte el Comité, no es posible medir la magnitud de las desigualdades ni diseñar estrategias efectivas para combatirlas. La ausencia de cifras no es un accidente técnico: es un síntoma político.

El CERD también señala que persisten brechas significativas en el acceso a empleos bien remunerados, en la representación en cargos de decisión, en la participación en sectores estratégicos como el turismo y en la exposición a controles policiales. El Comité ha recibido denuncias sobre perfiles raciales en operativos de seguridad, así como sobre la sobrerrepresentación de personas negras en detenciones y sanciones administrativas. Aunque el Gobierno rechaza estas acusaciones, el organismo internacional considera que la falta de transparencia y la inexistencia de mecanismos independientes de supervisión dificultan cualquier verificación objetiva.

La crisis económica ha actuado como un amplificador de desigualdades. La población negra, históricamente sobrerrepresentada en los sectores de menores ingresos y con menor acceso a remesas, ha sido la más golpeada por la inflación, la escasez y el colapso de los servicios públicos. La brecha se ensancha en el acceso a empleos bien remunerados, y en la posibilidad de emprender negocios privados, donde el capital inicial suele provenir del exterior. En un país donde las remesas llegan mayoritariamente a familias blancas, la desigualdad racial se traduce en desigualdad económica, y viceversa.

La calle también refleja tensiones que antes se silenciaban. Las redes sociales han permitido visibilizar episodios de violencia policial, controles selectivos y prácticas discriminatorias que antes quedaban en la sombra. Activistas afrodescendientes denuncian que la vigilancia estatal se intensifica cuando la crítica proviene de voces negras, especialmente si articulan discursos sobre derechos civiles. El CERD ha expresado preocupación por las restricciones a organizaciones y líderes afrodescendientes independientes, señalando que la falta de espacio cívico limita la capacidad de la sociedad para denunciar abusos y exigir reformas.

El Gobierno insiste en que mantiene un compromiso histórico con la igualdad racial y exhibe el Programa Nacional contra el Racismo como prueba de voluntad política. Pero el documento, más que un plan de acción con metas verificables, funciona como una declaración de intenciones. No hay indicadores públicos, no hay auditorías independientes, no hay evaluaciones periódicas. El CERD ha pedido a Cuba que establezca mecanismos de seguimiento, que publique resultados y que permita la participación de actores no estatales. Hasta ahora, ninguna de esas recomendaciones ha sido implementada de manera sustantiva.

La discriminación racial en Cuba no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia en pleno siglo XXI revela la profundidad de un problema que nunca fue resuelto. La revolución eliminó las formas más explícitas de segregación, pero no desmontó las estructuras sociales que reproducían desigualdades. Durante décadas, el discurso oficial proclamó la victoria sobre el racismo, mientras la realidad avanzaba por otro carril. Hoy, con la crisis económica como telón de fondo, esa contradicción se vuelve insostenible.

La pregunta que se hacen los especialistas no es si existe racismo en Cuba —la respuesta es evidente—, sino por qué el país no ha logrado construir políticas efectivas para enfrentarlo. La falta de datos, la ausencia de debate público y la resistencia del Estado a reconocer la magnitud del problema son obstáculos que impiden cualquier avance. La discriminación racial no se combate con consignas, sino con políticas públicas, transparencia y participación ciudadana.