CUBA-PROTESTAS
Redacción Central
La Habana. PLC |La aparición de un enorme cartel con la frase “Abajo Canel” en la fachada del Teatro Universitario de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), en Santa Clara, no es un episodio aislado ni un gesto menor. Es la señal más reciente —y más visible— de un clima de inconformidad que se ha ido acumulando en los centros de educación superior del país y que el Gobierno intenta contener con rapidez, secretismo y despliegues policiales. La pintada, realizada entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de septiembre, fue confirmada por fuentes internas de la universidad y documentada por periodistas y exalumnos.
Las autoridades reaccionaron de inmediato: cubrieron las letras con una bandera cubana y dos del 26 de Julio, enviaron agentes de la Dirección Técnica de Investigaciones con perros rastreadores y establecieron vigilancia permanente en el campus. La orden fue “taparlo de inmediato”, según testimonios difundidos en redes sociales.
El contexto amplifica el significado del gesto. La pintada coincidió con el inicio del curso 2026‑2027, marcado por meses de interrupciones debido a la crisis energética. Los estudiantes de nuevo ingreso fueron los primeros en regresar a un campus que ya había sido escenario de protestas relevantes: en 2025, la UCLV se convirtió en uno de los focos del paro académico contra el tarifazo de Etecsa, un movimiento que trascendió la demanda por el acceso a internet y abrió un espacio inusual de discusión sobre derechos estudiantiles, censura y vigilancia.
El simbolismo es aún mayor porque la UCLV es el alma mater de Miguel Díaz‑Canel, quien estudió allí ingeniería electrónica y recibió un doctorado honorífico en 2021. La elección del lugar parece deliberada: un desafío directo al presidente en el espacio donde se formó y que el régimen utiliza como vitrina de legitimidad académica.
La respuesta estatal —banderas, repintado, presencia policial, unidades caninas— revela la preocupación del Gobierno por la proliferación de mensajes contestatarios en los campus. No es la primera vez: en los últimos años han aparecido pintadas como “No al PCC” en la Universidad de La Habana y “Abajo Díaz‑Canel” en la Universidad de Camagüey, episodios que han derivado en interrogatorios, expulsiones y condenas severas, como la del profesor Ariel Manuel Martín Barroso, sentenciado a diez años de prisión por grafitis antigubernamentales.
El fenómeno se extiende más allá del ámbito universitario. Desde las protestas del 11 de julio de 2021, los grafitis opositores han proliferado en barrios, cementerios y espacios públicos, obligando al Estado a desplegar operativos para borrar mensajes y perseguir a sus autores. En febrero y marzo de este año, el Observatorio Cubano de Conflictos registró cifras récord de pintadas contra el régimen.
La pintada de Santa Clara no es solo un acto de rebeldía: es un síntoma. Expresa el desgaste del control político en instituciones que históricamente funcionaron como espacios de reproducción ideológica y disciplina. También evidencia que, pese a la vigilancia, la intimidación y el miedo, persiste un sector juvenil dispuesto a desafiar al poder en su propio terreno simbólico.
En un país donde la protesta pública se castiga con severidad, que un mensaje de ese calibre aparezca en la fachada de la universidad del presidente es un recordatorio de que el malestar social no se ha disipado. Se ha desplazado, transformado y, en ocasiones, escrito en letras gigantes.
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