Estocolmo. PLC . La violencia de género en Cuba ya no puede describirse como un fenómeno aislado ni como una desviación excepcional dentro de la vida social del país. Es un problema estructural, persistente y agravado por la crisis económica, la represión política y la ausencia de instituciones capaces de proteger a las mujeres. Los datos recopilados por los observatorios independientes —los únicos que existen, ante el silencio del Estado— muestran un panorama que desmiente la narrativa oficial de igualdad y seguridad. Según la agencia EFE, que trabaja con los registros de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), Cuba cerró 2024 con 54 feminicidios verificados, una cifra que, aunque inferior a la de 2023, sigue siendo alarmante y está marcada por el subregistro y el miedo a denunciar.
Los informes del Observatorio de Género de Alas Tensas revelan que desde 2019 se han documentado 315 feminicidios en la isla, en un contexto de precariedad institucional, criminalización del activismo y ausencia total de estadísticas oficiales. El informe anual de OGAT sobre 2024 subraya que los feminicidios “no emergen de la nada”, sino que son el desenlace extremo de un entramado de violencias cotidianas —psicológicas, económicas, sexuales, institucionales— que se reproducen en un país donde las mujeres carecen de mecanismos efectivos de protección.
La situación no mejoró en 2025. Hasta octubre de ese año, OGAT y YSTCC habían verificado 35 feminicidios y 12 intentos de feminicidio, en un registro que abarca a mujeres, niñas y también a una mujer trans. Los casos se distribuyen por todo el país: La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y Holguín. Los observatorios advierten que estas cifras representan solo una parte del fenómeno, debido a la falta de transparencia estatal y al temor de las familias a denunciar.
La violencia de género en Cuba no puede entenderse sin su contexto político. OGAT señala que 2024 estuvo marcado por un “régimen que continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso”, lo que incluye la actividad feminista independiente. El cierre del espacio cívico afecta directamente la capacidad de las mujeres para buscar ayuda, denunciar agresores o acceder a justicia. En su informe de 2025, OGAT afirma que la violencia contra mujeres y niñas “no puede desvincularse del contexto de represión política y cierre del espacio cívico en Cuba”. ogatcuba.org
A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, Cuba no reconoce el feminicidio como figura penal. El Código Penal evita el término y no publica estadísticas oficiales sobre asesinatos de mujeres por motivos de género. Las organizaciones feministas han pedido reiteradamente que se declare un estado de emergencia por violencia de género, pero el Gobierno no ha respondido. La ausencia de una ley integral contra la violencia machista deja a las víctimas en un limbo jurídico donde la protección depende de la discrecionalidad policial y de la voluntad de funcionarios que no cuentan con protocolos especializados.
El régimen castro-comunista insiste en que la violencia de género es un problema “importado” o “exagerado” por medios independientes. Pero los datos muestran lo contrario. La mayoría de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas, muchos de ellos con antecedentes de violencia. En 2024, al menos cinco agresores tenían historial previo, y uno estaba en prisión provisional por violencia machista cuando asesinó a su víctima. Las provincias más afectadas son Santiago de Cuba, La Habana y Holguín, un patrón que se repite año tras año.
La violencia de género en Cuba es una emergencia nacional que la dictadura comunista-militar se niega a reconocer. Los observatorios independientes —criminalizados, precarizados y sin apoyo institucional— se han convertido en la única fuente de datos confiables. Su trabajo revela un país donde las mujeres están expuestas a un sistema que no garantiza su derecho a la vida, como denunció la activista Yanelys Núñez ante el Parlamento Vasco: “Las cubanas están expuestas a un Estado que no garantiza su derecho a la vida”.
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