CUBA-CURSO UNIVERSITARIO
La Habana. | El inicio del curso universitario 2026-2027 en Cuba, previsto para el 1 de septiembre, llega atravesado por una crisis energética que ha obligado al Ministerio de Educación Superior (MES) a rediseñar por completo la organización académica. Las instituciones de educación superior funcionarán bajo un esquema semipresencial y a distancia, con fuerte descentralización territorial, debido al agravamiento del desabastecimiento de combustible que afecta al país.
El MES ha confirmado que todas las universidades del país reabrirán, pero la normalidad académica seguirá lejos de alcanzarse. La falta de combustible obliga a reducir desplazamientos, por lo que los procesos de matrícula, reingreso y ratificación se realizarán desde los territorios de residencia de los estudiantes, apoyándose en los Centros Universitarios Municipales (CUM) y las Filiales Universitarias Municipales (FUM). Los trámites podrán completarse de manera presencial o en línea, una medida que busca evitar viajes innecesarios en medio de los apagones prolongados y la escasez de transporte.
La docencia se organizará con la misma estructura aplicada en el semestre anterior: clases a distancia como modalidad principal y periodos de presencialidad únicamente cuando las condiciones lo permitan, especialmente para los estudiantes del curso diurno. Las actividades presenciales se realizarán en las sedes centrales de las universidades, en los CUM y FUM, o en entidades productivas y de servicios de cada localidad. En el curso por encuentros, tanto para programas de técnico superior como para carreras universitarias, se retomará al menos un encuentro presencial mensual para orientar y evaluar las tareas de aprendizaje. El curso a distancia mantendrá su concepción habitual.
La reorganización académica no solo responde a la crisis energética, sino también a la necesidad de sostener el funcionamiento de instituciones que enfrentan apagones, limitaciones tecnológicas y deterioro de infraestructura. En este contexto, el MES insiste en que los estudiantes deberán participar en tareas socioeconómicas de sus municipios como parte de su formación integral, una práctica que el Gobierno ha reforzado en los últimos años para suplir carencias en servicios locales y fortalecer estructuras comunitarias.
El discurso oficial atribuye la situación a la política de sanciones de Estados Unidos, pero la realidad cotidiana muestra un sistema universitario que opera en modo de emergencia permanente.
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