Washington. PLC/ Análisis– Estados Unidos ha reabierto dos compuertas que parecían selladas desde hacía décadas: un envío masivo de 250.000 barriles de diésel y gasolina hacia Cuba y la luz verde de Donald Trump para que Marriott y Airbnb retomen operaciones en la isla. Ambos movimientos, inéditos en su escala reciente, llegan en medio de la peor crisis energética cubana en años y de un reacomodo geopolítico que Washington interpreta como una oportunidad estratégica. Pero lejos de apuntalar al régimen, estas medidas parecen diseñadas para reordenar el tablero cubano desde dentro, desplazando al Estado y abriendo grietas económicas que favorezcan a actores privados y, por extensión, a los intereses estadounidenses.
El combustible autorizado por Washington —un salto cualitativo respecto a los envíos menores de meses anteriores, cifrados en unos 30.000 barriles anuales según El País — se dirige exclusivamente al sector privado, organizaciones religiosas, entidades humanitarias y sedes diplomáticas, según reportes de medios estadounidenses citados por CubitaNOW. La empresa Vanguard Energy prevé enviar más de 250.000 barriles, manteniendo la propiedad del combustible y supervisando su distribución para evitar que termine en manos estatales o militares. La operación, estrictamente regulada por la OFAC, se apoya en un mecanismo que permite la venta de combustible a mipymes cubanas, aunque la recepción física en puerto siga en manos de empresas estatales, como recuerda El País.
En paralelo, la autorización a Marriott y Airbnb para operar en Cuba reabre un capítulo que la administración Obama había impulsado y que Trump, en su primer mandato, había revertido. El regreso de estas compañías no implica un guiño político al castrismo, sino un reposicionamiento económico: Washington busca que el turismo y los servicios asociados —históricamente controlados por conglomerados militares cubanos— pasen a manos de empresas estadounidenses capaces de imponer estándares, transparencia y circuitos financieros fuera del control estatal.
La pregunta central es si estas medidas equivalen a un intento de sostener al régimen. Los datos y el contexto sugieren lo contrario. El combustible llega en un momento en que Cuba enfrenta apagones prolongados, colapso del bombeo de agua y una crisis energética que el propio Gobierno atribuye al embargo, mientras las exportaciones estadounidenses al sector privado alcanzaron los 8,7 millones de dólares en marzo de 2026, según cifras citadas por Infobae . Pero el diseño de las operaciones —pagos fuera del sistema bancario cubano, control estadounidense sobre almacenamiento y distribución, exclusión explícita de entidades estatales— apunta a debilitar la capacidad del Estado para monopolizar recursos esenciales.
La estrategia de Trump no busca apuntalar al castrismo, sino reconfigurar la economía cubana desde sus márgenes, fortaleciendo a los actores privados que el propio régimen tolera a regañadientes. Es un enfoque de presión indirecta: abrir espacios económicos que el Estado no puede controlar del todo, introducir capital y normas estadounidenses, y erosionar la centralidad del aparato militar en sectores clave como el turismo y la energía.
En un país donde el Estado ha sido durante seis décadas el único distribuidor de combustible, el único empleador masivo y el único gestor del turismo, permitir que empresas estadounidenses entren por las grietas del sistema equivale a forzar una transición económica sin declararla. No es un salvavidas para los Castro, sino un movimiento calculado para desplazar al Estado de sus monopolios históricos y, al mismo tiempo, proyectar influencia estadounidense en un momento en que Rusia y China intentan ocupar ese espacio.
La Habana, por ahora, acepta porque no tiene alternativa: la crisis energética es tan profunda que cualquier flujo de combustible —aunque sea para el sector privado— alivia tensiones sociales que podrían volverse ingobernables. Pero el precio político es alto: cada barril que entra bajo supervisión estadounidense y cada habitación que Marriott gestione sin intermediación militar representan un retroceso del control estatal.
La administración Trump no está sosteniendo al régimen: está aprovechando su debilidad estructural para reinsertar a Estados Unidos en la economía cubana y condicionar su futuro. El castrismo recibe oxígeno, sí, pero también pierde terreno. Y en esa paradoja se juega la nueva fase de la relación bilateral.
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