Septiembre cierra con 344 acciones represivas en Cuba mientras el régimen insiste en que no habrá cambios políticos

CUBA-DERECHOS HUMANOS

Redacción Central

Madrid. PLC | El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, denunció que en septiembre se registraron en Cuba al menos 344 acciones represivas, un indicador que confirma el deterioro sostenido de las libertades civiles en la isla. De ese total, 17 correspondieron a detenciones arbitrarias y 327 a otras formas de abuso, desde vigilancia policial hasta amenazas, citaciones y restricciones de movilidad.

El OCDH subrayó que entre los abusos más frecuentes se encuentran 151 casos de personas sitiadas en sus viviendas, además de 53 denuncias provenientes de presos políticos, presos comunes y familiares. El mes estuvo marcado por un incremento de la presión contra activistas, periodistas, opositores y ciudadanos sin afiliación política conocida, en un contexto donde el régimen insiste en que no discutirá “asuntos políticos internos” en ningún proceso de negociación internacional.

Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, calificó septiembre como “nefasto para la libertad de expresión y el periodismo independiente”, y advirtió que el Gobierno pretende imponer “la ley del silencio” en medio de su creciente impopularidad.

Las detenciones arbitrarias ocurrieron principalmente en La Habana, aunque también se registraron casos en Holguín, Camagüey y Matanzas. Varias estuvieron acompañadas de golpes, amenazas, decomiso de pertenencias, interrogatorios y vigilancia prolongada. Entre los afectados se encuentran el periodista independiente Henry Constantin, detenido desde el 16 de septiembre y sometido a prisión preventiva; la profesora Alina Bárbara López Hernández, arrestada cuando intentaba manifestarse pacíficamente; y ciudadanos como Roberto Ponce Valdespino, golpeado durante su arresto tras protestar por los apagones y la falta de agua. También se documentaron detenciones vinculadas a prácticas religiosas y a situaciones de precariedad habitacional.

El OCDH registró además 46 casos de abusos contra presos políticos, con denuncias de negación de atención médica, alimentación insuficiente, aislamiento, incomunicación, agresiones físicas y represalias. Entre los casos más graves figuran Ángel Serrano Hernández, sometido a aislamiento y traslado a un régimen de mayor severidad; Yosvani García Rusindo, golpeado con bastones en la prisión Mar Verde; y Roberto Pérez Fonseca, agredido presuntamente por otro recluso delante de los guardias y luego enviado a una celda de castigo. Varios presos presentan deterioros severos de salud sin acceso a atención médica adecuada, como Jorge Bello Domínguez, en espera de una cirugía desde hace más de un año, o Yoan Arévalo, cuya madre denunció que vomitaba y defecaba sangre sin recibir tratamiento.

Los operativos de vigilancia y cerco policial fueron especialmente intensos en fechas religiosas y en jornadas vinculadas a actividades de la sociedad civil. Las Damas de Blanco fueron sitiadas reiteradamente los domingos del mes para impedirles asistir a misa. También se reportaron operativos el 7 y 8 de septiembre, coincidiendo con celebraciones de la Virgen de Regla y la Virgen de la Caridad del Cobre, y el 24 de septiembre, día de la Virgen de las Mercedes. El 18 de septiembre, numerosos periodistas y activistas denunciaron cercos policiales para impedirles asistir a “Noches americanas”, un encuentro organizado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Entre los afectados estuvieron Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Wilber Aguilar, José Elías González Agüero, Alejandro García Arias, Óscar Elías Biscet, Elsa Morejón, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro y Laura María Labrada Pollán.

El informe también documenta ocho sentencias contra presos políticos en Las Tunas, todos condenados por “propaganda contra el orden constitucional”. Según la Sentencia No. 10 de 2026, Guillermo Carralero López recibió ocho años de prisión, mientras que otros siete acusados fueron condenados a siete años cada uno.

El OCDH advierte que continúan procesos judiciales “injustos y carentes de garantías”. Entre ellos destaca el caso de Eduardo “Eddy” Ceballos Pérez, creador del canal satírico Despingovery Channel, detenido el 1 de junio en La Habana y acusado de presunto espionaje. Ceballos cumplió en septiembre 100 días encarcelado sin fecha de juicio, y las solicitudes de la defensa para revisar la medida cautelar fueron rechazadas por el Tribunal Militar.

También siguen los procesos contra Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, integrantes del proyecto audiovisual independiente El 4tico, detenidos el 6 de febrero en Holguín por contenidos difundidos en redes sociales. La Fiscalía Provincial solicita 10 años de prisión para Zayas y 8 para Medina por delitos de propaganda contra el orden constitucional, difamación de instituciones y héroes, e instigación a delinquir. El Tribunal Provincial de Holguín dispuso la apertura del juicio oral mediante auto fechado el 28 de septiembre.

El informe del OCDH confirma que septiembre fue un mes marcado por la intensificación de la represión, la criminalización de la disidencia y la persistencia de prácticas que vulneran derechos fundamentales en Cuba. El organismo advierte que, mientras el Gobierno insiste en que no habrá cambios políticos, la ciudadanía continúa enfrentando un aparato represivo cada vez más amplio y sistemático.