La Habana. PLC | El Gobierno cubano parece haber encontrado una manera menos aparatosa, pero no menos efectiva, de silenciar a quienes informan al margen de los medios oficiales. Ya no se trata solamente de detenciones, interrogatorios o amenazas directas. Expedientes judiciales, prisión preventiva, restricciones de movimiento y presiones sobre las familias aparecen ahora entre los mecanismos documentados contra periodistas, activistas y opositores.
Las cifras correspondientes a septiembre dibujan un escenario especialmente preocupante. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), perteneciente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), documentó 134 violaciones de la libertad de expresión y de prensa derivadas de 106 hechos. Son 11 violaciones más que en agosto, un incremento del 8,9%, y 49 más que en septiembre de 2025, lo que representa un aumento interanual del 57,6%.
Pero detrás de esas cifras generales aparece un dato mucho más revelador: las violaciones específicamente relacionadas con la libertad de prensa pasaron de 17 en agosto a 39 en septiembre. El crecimiento en un solo mes fue del 129,4%. Los periodistas se convirtieron además en el principal grupo entre las víctimas individualizadas, con 30 hechos, por delante incluso de los presos políticos, con 29.
No estamos solamente ante un aumento cuantitativo de la represión. El informe apunta a una transformación en la manera de ejercerla.
De las 134 violaciones registradas, 49 fueron clasificadas como uso abusivo del poder estatal y otras 48 como ataques, amenazas y agresiones psicológicas. En conjunto, ambas categorías representan el 72,4% de las violaciones documentadas. También se registraron 26 detenciones arbitrarias, siete agresiones físicas, tres casos de reclusión y una restricción en el espacio digital. Cuatro de las siete agresiones físicas denunciadas tuvieron lugar en prisiones.
El propio OCLE describe como característica de esta etapa la utilización de estructuras administrativas, migratorias, judiciales, penales y penitenciarias para censurar, castigar o restringir los movimientos de ciudadanos. La Seguridad del Estado aparece señalada como responsable de 51 hechos, mientras La Habana concentró 63, equivalentes al 59,4% de los acontecimientos registrados en el país durante septiembre.
Esta institucionalización resulta particularmente significativa. Una amenaza policial puede reconocerse inmediatamente como un acto represivo. Mucho más difícil resulta identificarlo cuando la presión adquiere apariencia administrativa o judicial: una citación, una medida cautelar, un expediente, una prohibición de movimiento o una prisión preventiva.
El caso del periodista Henry Constantín Ferreiro, director de La Hora de Cuba, resulta emblemático. Fue detenido el 16 de septiembre en Camagüey y posteriormente sometido a prisión preventiva por una acusación de desobediencia relacionada con una citación oficial. El 24 de septiembre fue trasladado a la prisión Kilo 7. Según el ICLEP, durante una semana su defensa no tuvo acceso al expediente penal.
La presión sobre Constantín tampoco comenzó con ese arresto. El OCLE había documentado 26 violaciones distribuidas en 20 registros en su contra entre el 19 de diciembre de 2024 y el 24 de septiembre de 2026.
Otros periodistas han denunciado métodos diferentes.
El informe recoge las presiones contra Yunia Figueredo y su esposo, Frank Correa. Según lo documentado, el 4 de septiembre un jefe de sector de la Policía comunicó a Figueredo que debía presentarse mensualmente en una estación policial y evitar cualquier contacto con la Embajada de Estados Unidos. Un día antes, dos agentes habían acudido a la universidad donde estudia una de sus hijas para solicitar información sobre ella.
No hace falta encarcelar a un periodista para que el mensaje resulte comprensible. Cuando la vigilancia alcanza a sus hijos, cuando las autoridades intervienen en sus movimientos o cuando determinadas relaciones personales pueden transformarse en motivo de presión, el objetivo puede convertirse en inducir autocensura antes incluso de que exista una publicación.
El balance del Observatorio Cubano de Derechos Humanos aporta otra dimensión del mismo escenario. Esa organización registró al menos 344 acciones represivas durante septiembre, incluidas 17 detenciones arbitrarias. También documentó vigilancia sobre viviendas y restricciones destinadas a impedir que periodistas y activistas participaran en encuentros de la sociedad civil. Entre las personas afectadas aparecieron Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta y Óscar Elías Biscet.
Las cifras del OCLE y las del Observatorio Cubano de Derechos Humanos no deben sumarse, porque ambas organizaciones emplean categorías y metodologías diferentes y pueden registrar algunos de los mismos acontecimientos. Lo significativo es que dos sistemas independientes de documentación describen durante el mismo periodo un contexto de presión sostenida sobre periodistas, activistas y opositores.
A esta realidad se incorpora ahora un caso que ilustra hasta dónde puede llegar el coste humano de la represión.
José Elías González Agüero, de 71 años, vicecoordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre y gestor del Proyecto Emilia, fue detenido el 16 de octubre en La Habana. Según Cubalex, dos agentes de la Seguridad del Estado fueron a su vivienda y se lo llevaron sin permitirle recoger los medicamentos que utiliza diariamente. Durante varias horas, su familia desconoció dónde se encontraba hasta que pudo confirmarse que estaba recluido en la unidad policial de Zapata y C.
González Agüero padece diabetes, hipertensión arterial y una cardiopatía severa. Él mismo declaró posteriormente a Martí Noticias que permaneció cuatro días detenido sin sus medicamentos y que solo al tercer día fue trasladado a un hospital para que le controlaran la presión arterial, después de insistentes reclamaciones. También afirmó que había sufrido un infarto en marzo que requirió 15 días de hospitalización, diez de ellos en cuidados intensivos.
Hay una discrepancia entre las fuentes respecto a la duración exacta de la detención. ADN Cuba, citando a Cubalex, habla de tres días, desde el 16 hasta su liberación el 19 de octubre; el propio González Agüero declaró a Martí Noticias que fueron cuatro. Lo indiscutible en ambas versiones es que estuvo detenido durante varios días y que la denuncia sostiene que permaneció sin la medicación que necesitaba.
Las autoridades le imputaron presuntamente un delito de desobediencia relacionado con citaciones policiales anteriores y fijaron una fianza de 7.000 pesos. Según Cubalex, cuando un familiar intentó pagarla durante el fin de semana se le indicó que tendría que esperar hasta el lunes porque el banco estaba cerrado. González Agüero fue liberado el 19 de octubre y recibió otra citación para presentarse nuevamente ante la Policía.
Se trata de dos historias diferentes, la del periodista Constantín y la del opositor González Agüero, pero ambas permiten observar el mismo problema de fondo: la utilización denunciada de procedimientos policiales, penales y administrativos como mecanismos de presión contra voces críticas.
El dato del 129,4% adquiere entonces otra dimensión. No describe simplemente que hubo más incidentes contra periodistas en septiembre. Revela un entorno en el que informar desde fuera de las estructuras oficiales puede abrir la puerta a citaciones, vigilancia, amenazas, restricciones de movimiento, expedientes judiciales o prisión.
El periodismo independiente representa un problema particular para un sistema que mantiene bajo control los principales medios de comunicación porque rompe el monopolio oficial sobre la narración de la realidad. Los apagones, las protestas, las prisiones, la situación de los opositores o las carencias cotidianas pueden circular sin atravesar previamente los filtros del aparato estatal.
Y precisamente por eso, el crecimiento de la presión sobre los periodistas tiene consecuencias que van mucho más allá de quienes ejercen la profesión.
Cuando un periodista es silenciado, no desaparece únicamente su voz. También desaparece para el resto de la sociedad una fuente de información sobre aquello que el poder preferiría mantener fuera de la conversación pública.
Esa es probablemente la lectura más inquietante del informe de septiembre. La represión contra la prensa independiente no constituye un fenómeno separado de la crisis cubana. Forma parte de ella. Porque en un país donde la población atraviesa una profunda crisis económica y social, controlar quién puede contar lo que sucede se convierte también en una forma de controlar la percepción de la crisis.
Y cuando para conseguir ese objetivo ya no basta con censurar un periódico, sino que es necesario perseguir al periodista, intervenir sobre su familia, abrirle un expediente o mantenerlo en prisión, el problema deja de ser únicamente la ausencia de libertad de prensa.
Es el miedo del poder a que los cubanos puedan conocer, contrastar y narrar por sí mismos la realidad en la que viven.
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