Washington recalibra su presión sobre Cuba mientras la opción militar se diluye

ESTADOS UNIDOS-CUBA

Estocolmo. PLC | La política de Estados Unidos hacia Cuba atraviesa un momento de redefinición estratégica. Aunque la Administración Trump mantiene la retórica de que “todas las opciones están sobre la mesa”, los análisis más recientes coinciden en que la vía militar ha perdido impulso y que Washington está apostando por un endurecimiento económico y político sostenido, diseñado para desgastar al régimen cubano sin precipitar —al menos por ahora— una intervención directa. Esta recalibración no implica una relajación: al contrario, forma parte de una estrategia de máxima presión que busca forzar a La Habana a aceptar cambios estructurales o, en última instancia, abrir la puerta a una transición política.

Según reportes de France 24 y filtraciones recogidas por Axios, la Casa Blanca ha adoptado una lógica de “aceleracionismo” contra Cuba: aumentar progresivamente la presión económica, diplomática y operativa para acelerar el deterioro del régimen sin provocar un colapso inmediato. La clave de esta ofensiva es el estrangulamiento energético. Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero, Washington cortó el flujo de petróleo venezolano hacia Cuba y presionó a México para que hiciera lo mismo, agravando la crisis energética que ya golpeaba a la Isla. La caída de los envíos desde Caracas ha generado apagones más prolongados, escasez de alimentos y una tensión social creciente, un escenario que altos funcionarios estadounidenses consideran una ventana de vulnerabilidad para el Gobierno cubano.

A esta presión se suma la ofensiva contra GAESA, el conglomerado militar-empresarial que constituye la columna vertebral del poder económico del régimen. La orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo no solo afecta a empresas estadounidenses, sino también a compañías extranjeras que mantengan vínculos con GAESA. Navieras como CMA CGM y Hapag-Lloyd, así como la minera canadiense Sherritt International, ya habrían suspendido operaciones relacionadas con Cuba, según fuentes citadas por Axios. La intención es clara: aislar internacionalmente el aparato económico controlado por las Fuerzas Armadas y elevar los costos de sostener el modelo actual.

En paralelo, Washington ha intensificado su presencia militar en el Caribe, aunque sin cruzar el umbral de una acción directa. El envío del portaaviones USS Nimitz y su grupo de ataque, los vuelos de reconocimiento sobre la Isla y la permanencia de una Unidad Expedicionaria de Marines desde enero forman parte de una estrategia de disuasión preventiva. El CSIS, uno de los centros de estudios estratégicos más influyentes de Estados Unidos, señala que la opción militar existe como hipótesis, pero que su viabilidad se ha reducido en las últimas semanas. Los analistas del CSIS describen cinco escenarios posibles, y el más probable —al menos en el corto plazo— es la campaña de presión sostenida: un cerco económico y político prolongado que busca fracturar la cohesión interna del régimen sin recurrir a una invasión.

La razón de este giro es doble. Por un lado, la Administración Trump enfrenta el riesgo político de que una intervención militar genere un rechazo internacional y un costo humanitario difícil de justificar. Por otro, la estructura de poder cubana —más cohesionada que la venezolana— hace que una operación militar sea más compleja y menos predecible. A diferencia de Caracas, donde el colapso institucional facilitó la operación de captura contra Maduro, La Habana mantiene una red de control articulada entre el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, el aparato de seguridad y GAESA. Incluso la influencia persistente de Raúl Castro, pese a su avanzada edad, sigue siendo considerada por Washington un factor de poder determinante.

Sin embargo, la reducción del impulso militar no implica una apertura diplomática inmediata. La estrategia actual busca elevar los costos de la resistencia del régimen hasta un punto en que parte de la élite gobernante considere una transición ordenada. Para Washington, esa transición debería incluir la apertura económica, la liberación de presos políticos, la reducción de la influencia de actores externos como Rusia, China e Irán y, a largo plazo, un gobierno que adopte una postura cooperativa frente a Estados Unidos. La pregunta que se plantea en los círculos de política exterior es si ese cambio podría darse con sectores del régimen actual o si la Casa Blanca terminará apostando por su sustitución completa.

En este contexto, la retórica de “todas las opciones están sobre la mesa” funciona como un instrumento de presión más que como un anuncio de guerra. Washington mantiene la amenaza latente para obligar a La Habana a negociar desde una posición de debilidad, pero los movimientos reales apuntan a una estrategia prolongada de asfixia económica, aislamiento internacional y desgaste político. La opción militar no ha desaparecido, pero se ha convertido en un recurso disuasivo, útil para moldear el comportamiento del régimen y para enviar señales a sus aliados externos.

La Isla se encuentra así en un momento crítico: atrapada entre una crisis interna sin precedentes y una ofensiva estadounidense que combina sanciones, presión diplomática y presencia militar simbólica. La pregunta no es solo qué hará Washington, sino cuánto tiempo podrá resistir La Habana antes de verse obligada a replantear su rumbo. En esa tensión —entre la amenaza y la negociación, entre la presión y la posibilidad de un diálogo condicionado— se juega hoy el futuro inmediato de Cuba.