Por qué Cuba llegó al borde del colapso: un análisis estructural

Estocolmo- Analisís. PLD. Durante décadas, Cuba sostuvo la idea de que su modelo económico podía resistir sin transformaciones profundas, apoyado en subsidios externos, controles estatales y una narrativa de autosuficiencia que nunca se correspondió con la realidad productiva del país. Hoy, cuando la economía atraviesa su peor crisis en más de medio siglo, el deterioro de las termoeléctricas, la agricultura, la industria y las exportaciones revela un patrón común: el Estado dejó de invertir, dejó de permitir que otros invirtieran y dejó de escuchar las señales de alarma. Pero hay un actor cuya influencia explica buena parte de este deterioro: GAESA, el conglomerado militar que controla los sectores más dinámicos de la economía y que ha reconfigurado las prioridades del país en función de intereses políticos y corporativos, no productivos.

El origen del problema está en la estructura misma del modelo. Desde los años ochenta, el Estado asumió el control casi absoluto de la economía, desde la energía hasta la agricultura, pasando por la industria, el comercio exterior y la banca. Ese control total creó un ecosistema sin incentivos, sin competencia y sin mecanismos de corrección. Pero en los últimos veinte años, ese control se concentró aún más: GAESA absorbió sectores estratégicos como el turismo, las remesas, las zonas francas, la construcción, la logística portuaria y buena parte del comercio minorista en divisas. La economía dejó de responder a criterios productivos y pasó a responder a criterios de seguridad y control político.

El caso de las termoeléctricas es el ejemplo más visible de ese abandono. La mayoría de las plantas supera los treinta o cuarenta años de explotación, sin que se haya construido una sola instalación moderna desde 1990. La inversión en mantenimiento fue sistemáticamente insuficiente y el uso de fuel oil nacional de baja calidad aceleró el deterioro de las calderas. Mientras tanto, GAESA concentraba miles de millones en hoteles que hoy están semivacíos, en un país donde la infraestructura energética colapsa. La prioridad no fue garantizar electricidad, sino expandir un sector turístico controlado por los militares, aun cuando la demanda real no lo justificaba.

La agricultura, por su parte, representa el fracaso más costoso. Un país con tierra fértil y clima favorable importa hoy más del 70% de los alimentos que consume. Las causas son conocidas: mercados intervenidos, precios fijados por el Estado, acopio obligatorio, falta de insumos, restricciones a la propiedad privada y a la inversión extranjera. Pero hay un elemento adicional: la agricultura nunca fue prioritaria para GAESA, que orientó los recursos hacia sectores de alta captación de divisas bajo su control. El resultado es un país que podría exportar alimentos, pero que gasta cientos de millones en importarlos, mientras el conglomerado militar administra supermercados en divisas y cadenas hoteleras que dependen de esos mismos alimentos importados.

La industria tampoco escapó al deterioro. La maquinaria soviética quedó sin repuestos, la inversión extranjera se frenó por la inseguridad jurídica, los mercados tradicionales desaparecieron tras la caída del bloque socialista y la fuga de talento técnico dejó a las fábricas sin capacidad de renovación. La industria azucarera, que fue la columna vertebral del país, pasó de producir millones de toneladas a niveles que no se veían desde el siglo XIX. Mientras tanto, GAESA expandía su red de empresas constructoras, inmobiliarias y financieras, sin que ese crecimiento se tradujera en una revitalización del aparato productivo nacional.

El desplome exportador es la consecuencia lógica de ese deterioro. Cuba exporta hoy menos que en 1985. La dependencia de los servicios médicos como principal fuente de divisas dejó al país vulnerable a cambios políticos externos, mientras que los productos tradicionales perdieron competitividad. La burocracia extrema, los monopolios estatales y la ausencia de un sector privado exportador impidieron que la economía encontrara nuevos motores de crecimiento. Y en este terreno, GAESA también juega un papel decisivo, pues controla las zonas francas, las navieras, las aduanas y buena parte de la logística de exportación. La economía quedó atrapada en un circuito donde producir es difícil, pero importar y revender —bajo control militar— es rentable.

La dimensión política es inseparable de este proceso. Durante décadas, el Gobierno priorizó el control sobre la eficiencia, la centralización sobre la autonomía y la narrativa ideológica sobre la realidad económica. Pero en los últimos años, ese control se ha militarizado. GAESA funciona como un Estado dentro del Estado, con autonomía financiera, opacidad absoluta y capacidad para decidir qué sectores reciben recursos y cuáles no. La consecuencia es un modelo inmóvil, incapaz de adaptarse a un mundo que cambió radicalmente, y donde las decisiones económicas se subordinan a la preservación del poder político.

Desde 2020, todos los problemas estructurales se combinaron: el desplome del turismo, la caída de remesas, la crisis energética global, la inflación descontrolada y la migración masiva de trabajadores calificados. La economía perdió más del 25% del PIB en seis años, según estimaciones de organismos internacionales. La CEPAL sitúa a Cuba como la economía con peor desempeño de América Latina. El país llegó a este extremo porque dejó de invertir en sí mismo, porque no permitió que otros invirtieran y porque mantuvo un modelo económico incapaz de generar riqueza. Pero también porque GAESA absorbió los recursos, las prioridades y la capacidad de decisión, dejando al resto de la economía en estado de abandono.

La pregunta que queda abierta es si Cuba está dispuesta a emprender las reformas profundas que necesita para salir de este ciclo de deterioro. Ninguna reforma será viable mientras el conglomerado militar siga controlando los sectores estratégicos y operando al margen de la transparencia y la rendición de cuentas. El país necesita un nuevo pacto económico y político que devuelva la economía a la sociedad civil, que permita la competencia, que abra espacios a la inversión y que reduzca el peso de los intereses corporativos militares. Cuba ha llegado al límite de lo que puede soportar sin cambiar. Y cualquier cambio real pasa, inevitablemente, por redefinir el papel de GAESA en la economía nacional.