Cuba ya no es una potencia sanitaria: el derrumbe silencioso del sistema que fue emblema del régimen

Foto: CORTESÍA: POR ESO ME FUI DE CUBA

Análisis. PLC. Durante más de medio siglo, el régimen cubano ha sostenido que la isla es una “potencia sanitaria”, un modelo para el mundo en materia de salud pública. La mortalidad infantil más baja de América Latina, campañas de vacunación masivas, brigadas médicas enviadas a decenas de países y un ejército de profesionales formados en universidades públicas alimentaron un relato que trascendió fronteras. Pero ese relato ya no coincide con la realidad. Los datos más recientes de la OPS/OMS y del propio Ministerio de Salud Pública revelan un sistema en deterioro profundo, incapaz de garantizar servicios esenciales y sostenido, cada vez más, por donaciones internacionales y por el sacrificio de un personal médico exhausto y menguante.

La mortalidad infantil, el indicador estrella del régimen, muestra el retroceso con mayor claridad. En 2010, Cuba reportaba 4,5 muertes por cada mil nacidos vivos, una cifra comparable a la de países europeos. En 2024, la tasa asciende a 7 por mil, según estimaciones de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial. El MINSAP reconoce 7,1. El país sigue por debajo del promedio regional, pero ya no lidera el continente y, sobre todo, ha perdido más de una década de avances. Mientras Chile, Uruguay o Costa Rica consolidan mejoras, Cuba retrocede. La mortalidad materna, otro indicador clave, alcanza 40,6 por cada 100.000 nacidos vivos, muy por encima de los países con sistemas sanitarios sólidos. La mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias, que debería ser mínima en un sistema robusto, se sitúa en 14,2 por 100.000 habitantes.

El deterioro no se explica por un único factor, sino por la convergencia de crisis económicas, migración masiva, desabastecimiento crónico y colapso de infraestructuras. Los informes de la OPS para 2024 y 2025 describen con diplomacia una situación alarmante: escasez de medicamentos e insumos esenciales, interrupciones en servicios básicos, falta de reactivos de laboratorio, carencia de anestésicos, incubadoras fuera de servicio, ambulancias sin combustible y hospitales que dependen de donaciones para mantener programas rutinarios. La organización reconoce que la “compleja situación” afecta la continuidad de los servicios esenciales. Traducido al lenguaje cotidiano: el sistema no puede sostenerse por sí mismo.

La crisis alimentaria añade otra capa de vulnerabilidad. La anemia en embarazadas y niños pequeños se ha disparado, un factor que incrementa el riesgo de complicaciones en el parto y en los primeros días de vida. La desnutrición, que el régimen siempre negó como problema estructural, reaparece en informes médicos y en testimonios de profesionales que trabajan en maternidades y salas de neonatología. La caída de la natalidad no es solo un fenómeno demográfico, sino también un síntoma de la precariedad: cada vez más mujeres evitan embarazos en un contexto donde no pueden garantizar alimentación, medicamentos ni atención adecuada.

La emigración masiva de personal sanitario ha dejado al sistema sin su recurso más valioso. Aunque las estadísticas oficiales siguen mostrando 76 médicos por cada 10.000 habitantes, la cifra es engañosa: no distingue entre médicos activos y médicos en misiones en el exterior, ni refleja la fuga de profesionales hacia Estados Unidos, España o América Latina. En provincias como Holguín, Granma o Guantánamo, los hospitales funcionan con plantillas incompletas y servicios cerrados por falta de especialistas. La exportación de médicos, presentada durante años como un símbolo de solidaridad internacional, se ha convertido en un drenaje que el sistema interno ya no puede compensar.

El deterioro de la infraestructura hospitalaria es visible incluso en La Habana. Techos que se filtran, quirófanos cerrados, equipos de imagenología fuera de servicio, salas sin aire acondicionado y farmacias vacías forman parte del paisaje cotidiano. La pandemia de COVID-19 expuso las grietas del sistema: hospitales colapsados, falta de oxígeno, morgues saturadas y una mortalidad que el Gobierno tardó meses en reconocer. Desde entonces, la situación no ha mejorado; en muchos aspectos, ha empeorado.

A pesar de este panorama, el discurso oficial insiste en que Cuba sigue siendo un referente mundial. El contraste entre la narrativa y los datos es cada vez más evidente. La OPS, en sus informes, evita el lenguaje confrontativo, pero sus conclusiones son inequívocas: el país depende de cooperación externa para sostener programas básicos y enfrenta dificultades severas para garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos. La “potencia sanitaria” sobrevive más como mito político que como realidad verificable.

El colapso del sistema de salud no es solo un problema técnico, sino un síntoma del agotamiento de un modelo económico que ya no puede sostener sus propias instituciones. La salud pública fue durante décadas el principal argumento de legitimidad del régimen. Hoy, ese argumento se desmorona en los pasillos de hospitales sin recursos, en las colas interminables para conseguir antibióticos y en las estadísticas que muestran un retroceso sostenido. La crisis sanitaria cubana no es un accidente coyuntural, sino la consecuencia de un sistema que ha perdido capacidad de respuesta, autonomía financiera y capital humano.

Cuba ya no es una potencia sanitaria. Es un país que lucha por mantener servicios básicos en medio de una crisis estructural, un país donde los indicadores que antes fueron motivo de orgullo hoy revelan un deterioro profundo. El mito persiste en el discurso oficial, pero la realidad se impone en cada sala de espera, en cada farmacia vacía y en cada informe internacional que documenta, con cifras y cautela diplomática, el derrumbe silencioso de un sistema que alguna vez fue emblema del país.